LEY DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS COMERCIANTES DE LA REPUBLICA DOMINICANA (LEY No. 141-15)

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Por Aníbal Mauricio*


Resumen: la reciente Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes (Ley No. 141-15) marca un hito en el sistema normativo dominicano teniendo como objeto establecer los mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores. En el presente escrito analizamos a grandes rasgos su contenido esencial para conocimiento de la comunidad jurídica y el público en general. 

Palabras claves: Reestructuración, Liquidación, Acreedores, Deudores, Empresas, Personas Físicas, Comerciantes, Conciliador, Liquidador, Verificador.


El día 7 de agosto del año 2015 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de la República Dominicana (En lo adelante "La Ley"), que entrará en vigencia el día 7 de febrero del año 2017. Esta Ley marca un antes y un después en el sistema normativo dominicano al tratarse de una pieza adaptada a nuestros tiempos y a las circunstancias reales de las actividades de comercio y de negocios. 

Previo a la Ley No. 141-15 no existía un marco jurídico que contemplara la reestructuración financiera de las empresas y las personas físicas comerciantes, por lo que solo podía recurrirse a las figuras de la quiebra y la liquidación, la primera contenida en los artículos 437 al 614 del Código de Comercio y en la Ley No. 4582 sobre Declaración de Estado de Quiebra de 1956 y la segunda en los artículos 408 al 439 de la Ley No. 479-08 General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. 31-11.  Además, la Ley No. 141-15 ha creado novedosas figuras propias a fin de viabilizar la efectiva aplicación de sus disposiciones y ordena el establecimiento de tribunales especializados para conocer de los procesos judiciales. 

Objeto de la Ley

El artículo 1 de la Ley indica que su objeto es "(...) establecer los mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores, permitiendo que estos últimos permanezcan en funcionamiento y superen las dificultades económicas que le impida cumplir con las obligaciones asumidas, logrando la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes (...)". 

De la lectura previa podemos colegir el doble objeto que tiene la ley: i) proteger a los acreedores frente a la insolvencia de sus deudores; ii) contribuir a que los deudores superen su situación de insolvencia, garantizando su continuidad operativa. 

Consideramos interesante el hecho de que la Ley convierte a la reestructuración en regla y a la liquidación en excepción, supeditando la segunda a la obligatoria ocurrencia previa de la primera, constituyendo una positiva transformación en los efectos jurídicos, económicos y sociales que envuelven la dinámica de la insolvencia. La idea es que mediante los procesos contemplados los deudores recuperen sus acreencias, la empresa continué sus operaciones y los trabajadores sigan laborando, todo lo cual contribuye a una fluidez y resiliencia en la dinámica económica nacional. 

Alcance de la Ley

El Artículo 2 establece el alcance de la Ley y sobre ello indica que aplica para las siguientes categorías:

a) Personas físicas comerciantes nacionales o extranjeras

Esta categoría especifica que no todas las personas físicas pueden ampararse por esta Ley, sino aquellas que poseen la calidad de comerciantes, por tanto, debe entenderse como comerciantes quienes realizan actos de comercio y hacen de ello su profesión habitual, tal como indica el Art. 1 del Código de Comercio de la República Dominicana. 

En el caso de las personas físicas comerciantes extranjeros consideramos que aunque la Ley no lo indica debe considerarse el criterio de constancia o habitualidad en los actos de comercio que realiza, es decir, que aquel extranjero que circunscribe sus acciones comerciales a actos únicos, temporales o aislados no debería caer bajo el amparo de esta Ley.

b) Empresas nacionales y las domiciliadas o con presencia permanente en el país.

Esta categoría no requiere de mayores explicaciones pero no podemos dejar de comentar que se ha tomado un criterio amplio que abarca a la mayoría de las empresas que operan en el país. La distinción entre domiciliadas y con presencia permanente no es una necedad gramatical del legislador, en tanto la primera es aquella que se encuentra debidamente registrada como empresa extranjera ante el registro mercantil de su domicilio principal en el país mientras que la segunda corresponde a las que operan habitualmente aun sin tener el referido registro mercantil como empresa extranjera.

La Ley indica que se excluye de su alcance: i) Las empresas y sociedades comerciales cuya participación mayoritaria o control es ejercido por el Estado; ii) Las entidades de intermediación financiera y; iii) Los intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, depósitos centralizados de valores, bolsas de valores, sociedades titularizadoras y cualquiera considerada participante del mercado, con excepción de las sociedades de suscripción pública, y regidas por la Ley de Mercado de Valores No. 19-00. 

Principios de la Ley

La Ley contempla 10 principios rectores que se constituyen como las directrices de las disposiciones y actuaciones que contempla.  Estos principios son: celeridad, conducta ética, eficiencia, gobernabilidad económica y corporativa, igualdad, maximización de activos,  negociabilidad, reciprocidad, transparencia e información y universalidad. 

De estos principios resaltamos los de celeridad y eficiencia, en virtud de que el estado de insolvencia genera incertidumbre en todas las partes involucradas y requiere ser resuelto con urgencia, también los de gobernabilidad económica y corporativa, maximización de activos y  negociabilidad, ya que juntos garantizan que el proceso se realice con equidad y con las debidas garantías de los intereses de las partes intervinientes. 

La Jurisdicción de Liquidación y Reestructuración Judicial

El Capitulo III de la Ley esta dedicado a la Jurisdicción de reestructuración y liquidación, un nuevo tribunal ordenado por la ley cuya función es conocer de los procesos de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes y de las acciones judiciales vinculadas a éstas.

Se indica que la jurisdicción estará integrada por los Tribunales de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia y las Cortes de Apelación de Reestructuración y Liquidación y que las decisiones de estas últimas podrán ser recurridas en casación por ante la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.

La Ley crea dos tribunales especiales ubicados en Santiago y en el Distrito Nacional, los cuales serán competentes territorialmente de cubrir las demás jurisdicciones del país conforme lo indica la Ley. 

Sobre esta apartado queremos resaltar dos puntos: i) claramente estos tribunales deberán contar con jueces especializados en la materia por ende tanto el Poder Judicial como la Escuela Nacional de la Judicatura deben desde ya aplicar programas especiales para la formación en este novedoso campo, garantizando así la capacidad de realizar efectivas justipreciaciones; ii) Por lo novedoso y especializado de la Ley consideramos que los primeros años podrían ser tímidos los casos que conozcan los tribunales, sin embargo, conforme se vaya entendiendo la relevancia de los procesos tanto para deudores y acreedores veremos un crecimiento exponencial de los casos, razón por la cual dos tribunales no darán abasto. A lo antedicho se suma la valoración sobre el costo económico del traslado hacia la ciudad de Santiago o al Distrito Nacional que deberán cubrir los interesados. Definitivamente llegará el momento de ampliar la designación territorial de los tribunales y es algo que se pudo preveer desde ya en la Ley. 

El Proceso de Reestructuración

En la reestructuración de deuda se trata de lograr un acuerdo (...) sobre los futuros términos y condiciones de la deuda con el objetivo de hacer viable la empresa cuando ya existe una situación actual o inminente de insuficiencia financiera (Lopéz Lubián: 2012).

En ese sentido el proceso de reestructuración debe ser requerido al Tribunal de Reestructuración y Liquidación competente ya sea por parte del deudor o de cualquiera de los acreedores con calidad según lo indicado en el artículo 33 de la Ley. 

La instancia de solicitud de reestructuración debe depositarse por escrito, debidamente motivada y con los requisitos establecidos en la Ley y su reglamento. El solicitante debe establecer claramente en la instancia al menos una de las condiciones indicadas en el artículo 29 de la Ley so pena de que la instancia sea rechazada.

Ante la solicitud de reestructuración el Tribunal debe ordenar la designación de un Verificador, que será una persona física debidamente autorizada para dichas funciones cuyo objetivo será confirmar la situación financiera del Deudor y comunicar al Tribunal los resultado de sus pesquisas. 

La norma permite en caso de mutuo acuerdo entre las partes que estas presenten un Acuerdo Previo de Plan que en caso de ser aceptado por el Tribunal tendrá el mismo efecto que la reestructuración ordenada por dicho Tribunal. El deudor debe colaborar con las tareas del Verificador aunque la Ley establece medios de defensa para éste respecto de la procedencia o no de la o las solicitudes de reestructuración realizadas.

Si el Tribunal acoge el proceso de reestructuración se ordena la notificación e inicia el proceso de Conciliación y Negociación que será guiado por un Conciliador persona física designado por el mismo Tribunal. Durante este proceso quedan suspendidas todas las acciones judiciales, administrativas o arbitrales ejercidas contra la Masa, de manera que el deudor pueda continuar con el funcionamiento del negocio. 

Precisamente a los fines de la continuidad del negocio durante el proceso de Conciliación se prevee que el Tribunal puede, a petición del conciliador y sin mediar objeción de la mayoría de acreedores, autorizar nuevos financiamientos a cargo del deudor para asegurar la continuidad de las operaciones ordinarias. Sin embargo, se protege por igual a los Acreedores en tanto a que a solicitud de éstos debidamente fundamentada, el Conciliador puede accionar en nulidad, ante el Tribunal, en contra de actos realizados por el Deudor dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de reestructuración, cuando esos actos hayan constituido una distracción injustificada de los bienes de la Masa.

El pago de las deudas posteriores al inicio del proceso de conciliación y negociación debe ser realizado en el orden siguiente: 

i) Las deudas de naturaleza laboral cuyo importe no haya sido avanzado en aplicación del Código de Trabajo u otras leyes referentes a la seguridad social o salud del trabajador. 

ii) Los gastos del procedimiento de reestructuración, incluyendo los honorarios de los funcionarios y auxiliares involucrados en el proceso. 

iii) Los préstamos consentidos por entidades de intermediación financieras u otros terceros aportantes de financiamiento debidamente autorizados por el tribunal. 

iv) Las acreencias de los proveedores o suplidores esenciales y de servicios públicos debidamente autorizados por el tribunal. 

v) Las acreencias resultantes de la ejecución de los contratos que continúen vigentes luego del inicio del proceso de reestructuración, conforme a las disposiciones del Artículo 88 de esta ley y de los cuales el acreedor acepta recibir un pago diferido. En caso de rescisión de un contrato que continúe vigente, las indemnizaciones y penalidades serán excluidas del beneficio de esta disposición.

vi) Los otros créditos según su rango.

No podemos dejar de comentar que la Ley contempla para el proceso de reestructuración disposiciones que salvaguardan los contratos convenidos por el deudor así como las relaciones con sus trabajadores debiendo siempre cumplir con las normas laborales. 

Finalizado el proceso de reestructuración el deudor, el conciliador o cualquier acreedor con calidad puede solicitar la terminación del proceso y el inicio del proceso de liquidación judicial. La conversión no ocurre de manera automática sino mediante sentencia del tribunal competente. 

El Proceso de Liquidación Judicial

El procedimiento de liquidación judicial puede ser iniciado ante el tribunal por cualquiera de las siguientes partes legitimadas y ante la ocurrencia de una o alguna de las situaciones siguientes: 

i) La solicitud, en cualquier momento, del deudor. 

ii) La solicitud del verificador, ante la falta de información u obstaculización de sus labores por parte del deudor o de los sujetos obligados a cooperar de acuerdo a lo previsto en esta ley o mediante el informe de verificación cuando determine que el deudor se encuentra en una situación de una reestructuración manifiestamente inviable. 

iii) La solicitud del conciliador durante el proceso de conciliación y negociación bien sea por la imposibilidad de asumir sus funciones derivado de la falta de cooperación o disposición de las partes obligadas, por la manifiesta inviabilidad del deudor en proceso de reestructuración razonablemente demostrada o por la terminación del plazo para la aprobación del plan sin su aprobación.

iv) Por el deudor, el conciliador, un acreedor reconocido, o por decisión de la mayoría de acreedores tramitada a través del asesor de los acreedores, ante el incumplimiento de las previsiones del plan de reestructuración durante su ejecución conforme prevé el Artículo 144 de esta ley. En estos casos, la simple solicitud no tiene efectos suspensivos, modificadores o condicionantes sobre el plan de reestructuración en ejecución.

A tales efectos y en caso de que el Tribunal decida iniciar el proceso, designará inmediatamente a un Liquidador persona física encargado de actuar como administrador o guía del proceso en cuestión.

La sentencia que ordena la liquidación judicial implica de pleno derecho, a partir de su notificación, el desapoderamiento del deudor en cuanto a la administración y disposición de los bienes adquiridos a cualquier título y hasta que la liquidación judicial sea clausurada. El liquidador asume desde este momento todas las prerrogativas y facultades de administración. 

El liquidador debe presentar ante el tribunal un plan de liquidación para la realización de los bienes y derechos que integran la masa, para lo cual cuenta con un plazo de de quince (15) días hábiles contados a partir de la aprobación de la lista definitiva de acreencias. 

El Tribunal dará por clausurado el proceso de liquidación en caso de que: i) no exista más pasivo exigible o el Liquidador disponga de suficientes sumas para desinteresar a los Acreedores; y ii) en caso de imposibilidad de continuación debido a la insuficiencia del activo. 

El pago de las acreencias en la liquidación judicial debe realizarse de conformidad con las disposiciones legales vigentes respetando siempre el orden de prelación de los acreedores participantes.

Cabe mencionar que en el Capítulo V de la Ley quedan detalladamente definido los recursos por medio de los cuales pueden ser recurridas en apelación las decisiones de los tribunales de Jurisdicción de Liquidación y Reestructuración Judicial, así como aquellas decisiones o acciones que no son susceptibles de recurso. 

Cooperación con Tribunales y Representantes Extranjeros

La Ley No. 141-15 contempla en el Capítulo IV del Título IV disposiciones especiales relativas a los procesos judiciales o administrativos internacionales relativos a casos de reestructuración o liquidación. La norma contempla 4 supuestos bajo los cuales puede operar la cooperación internacional:

i) Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicita asistencia en la República Dominicana en relación con un procedimiento extranjero. 

ii) Se solicita asistencia en un Estado extranjero en relación con un procedimiento de reestructuración o liquidación judicial que se tramita con arreglo a esta ley. 

iii) Se están tramitando simultáneamente, y respecto de un mismo deudor, un procedimiento extranjero y un procedimiento en la República Dominicana con arreglo a esta ley.

iv) Los acreedores u otras personas interesadas, que están en un Estado extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento de reestructuración o liquidación judicial, o en participar en un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a esta ley.

Las disposiciones contempladas en el Capítulo IV entran en vigor cuando no se dispone de otro modo en los tratados internacionales de los que República Dominicana sea parte.

Infracciones, Sanciones y Delito de Bancarrota

No podemos finalizar este estudio general de la Ley 141-15 sin mencionar que la misma contempla en su Título V un compendio detallado de disposiciones penales por la comisión de infracciones y el delito de bancarrota. Las sanciones contempladas llegan hasta los 3 años de reclusión y multas de hasta 1,250 salarios mínimos. 

De su parte, la condena por delito de bancarrota contempla sanciones de hasta 3 años de reclusión y multas de hasta 3,500 salarios mínimos, además de que los individuos declarados culpables del delito de bancarrota podrán recibir las penas complementarias de interdicción para el ejercicio de las funciones que ocupaban o las actividades que realizaban. Las referidas disposiciones abarcan a todas las partes involucradas en los procesos contenidos en la Ley, deudores, acreedores, verificadores, conciliadores y liquidadores.

Este marco sancionador recibe todos nuestros elogios pues su carácter rígido constriñe a la necesaria transparencia que requiere tanto el proceso de reestructuración financiera como el de liquidación judicial.

Conclusión

Mediante la Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de la República Dominicana, el legislador ha creado un régimen legal que brinda ayuda tanto a las empresas y comerciantes personas físicas como a los acreedores, permitiendo en primer orden que las empresas y comerciantes personas físicas puedan normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante la reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos, quedando la liquidación judicial como una ultima y excepcional fase.

La ley considera la realidad del mundo globalizado al contemplar la cooperación internacional, la cual esta llamada a facilitar los procesos judiciales o administrativos internos con elementos extranjeros o viceversa. 

Muy importante ha sido el establecimiento de un régimen sancionador que promueve la transparencia en todos los actores involucrados en cada una de las fases dispuestas por la Ley. 

Esperamos que a la entrada en vigencia de la Ley en febrero de 2017 cuente con su respectivo reglamento de aplicación y la habilitación de los tribunales especializados. Igual de importante será la difusión de la norma entre los operadores y auxiliares de la justicia, la realización de eventos académicos, de debate y el acercamiento lato de los elementos esenciales al público en general.

No cabe duda de que seguiremos aprendiendo mucho más sobre la aplicación práctica de la Ley con su entrada en vigencia y las diversas disputas y sentencias que surjan en los tribunales. 

Descarga aquí la la Ley 141-15


*Aníbal Mauricio es abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).


Bibliografía:


-  LOPEZ LUBIAN, Francisco. Reestructuración financiera: Algunas lecciones prácticas. El País, 16 de noviembre de 2012 (Consultado el 28/07/2016). Disponible en: http://blogs.elpais.com/via-ie-business/2012/11/reestructuraci%C3%B3n-financiera-algunas-lecciones-pr%C3%A1cticas.html

- Enciclopedia Jurídica. Disponible en: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html

Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de la República Dominicana No. 141-15. G. O. No. 10809 del 12 de agosto de 2015.

- Código de Comercio de la República Dominicana. 


Forma de citación sugerida:

MAURICIO, Aníbal. LEY DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS COMERCIANTES DE LA REPUBLICA DOMINICANA (LEY No. 141-15). 28 de julio de 2016.
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