Alcances y Limites de la clausula Rebus Sic Stantibus

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Por Emely García*

Resumen:

La obligatoriedad de un contrato, la fuerza de ley de lo concertado entre los suscribientes –pacta sunt servanda-, implica seguridad jurídica para los mismos, ya que de antemano los intervinientes conocen y se compelen al contenido del acto jurídico que previa y voluntariamente pactaron. Sujetarse contractualmente, bajo el temor de que surjan condiciones no definidas inicialmente, y que sean impuestas por el ordenamiento, infunda incertidumbre, no obstante, a través de la cláusula rebus sinc stantibus, aquellas circunstancias imprevisibles que transformen radical y sustancialmente lo comprendido en el acuerdo, podría llevar a la modificación o cancelación del mismo.

El contrato es un acto jurídico en el que concurre un acuerdo de voluntades de dos o más personas, ya sea escrito o verbalmente, con la finalidad de crear o transmitir derechos y obligaciones entre las partes que se adhieren al mismo o en beneficio a terceros -bajo las condiciones establecidas legalmente-.

Siempre que se cumplan con los requerimientos exigidos por la legislación correspondiente para su conformación, y su contenido no contraríe el orden público, las personas son libres de entablar relaciones jurídicas conforme su voluntad y concertar sobre cualquier materia. Así los contratos concretados, los intervinientes se compelan a lo pactado, a todas las consecuencias que de ellos se pudieran derivar y a ejecutarlos bajo los términos previstos, tal como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1134 del Código Civil, a saber: las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho... Deben llevarse a ejecución de buena fe”.

Es el principio pacta sunt servanda, el que precisamente se refiere a la sujeción de lo convenido; este plantea la obligatoriedad y la fuerza de ley de los contratos, en razón de que lo pactado voluntariamente exige a las partes su cumplimiento de buena fe. El compromiso obligatorio entre los contrayentes, es la regla general, sin embargo, existe la posibilidad de replantear o anular los convenios a través de la cláusula rebus sic stantibus.

Rebus sic stantibus es una expresión latina que significa «mientras continúen así las cosas» o  «quedándose así las cosas»[1], emanada de la doctrina de los jurisconsultos romanos, y plasmada en el Digesto de la siguiente manera:contractus qui tractu successum habent, vel dependentiam de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur, rebus sic stantibus et aliquo novo non emergentibus; lo que se traduce como, la necesidad de que el contrato que desarrolla sus efectos a lo largo del tiempo y está expuesto al acaecimiento de hechos futuros, debe ser interpretado de modo que su contenido jurídico se adapte a la realidad de las cosas[2].

Al efecto, la cláusula permite la revisión de los contratos, cuando debido a la concurrencia de circunstancias nuevas que no existían al momento de la celebración del acto y que son imprevisibles, las responsabilidades económicas de alguna de las partes han devenido excesivamente gravosas durante la fase de la ejecución del contrato, rompiendo la consonancia del mismo o alterando las recíprocas prestaciones a que se obligaron las partes[3].

Esta tiene como fin lograr restaurar “el equilibrio originario entre las obligaciones acordadas, corregir las desviaciones derivadas de eventualidades no previstas y hacer viable el cumplimiento de los contratos”[4].

El ámbito de aplicación de esta cláusula se circunscribe a aquellos contratos que sean más susceptibles a los cambios en el tiempo, por ende, que sean contratos de tracto sucesivo (ejecución continua de lo convenido), sinalagmáticos (imposición de prestaciones bilaterales u obligaciones correlativas), y estar expuestos a un acontecimiento venidero inesperado.

Asimismo aquellos que experimenten las siguientes consecuencias: un cambio radical sobrevenido que sustituye sustancialmente la base fáctica del contrato, de tal manera que de haber conocido las partes las nuevas circunstancias emergidas, no habrían perfeccionado el vínculo contractual en los términos en los que efectivamente lo hicieron (alteración extraordinaria de los hechos); una transformación que acarree una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó, de modo que una de las partes sigue obligada a cumplir con sus obligaciones en los términos inicialmente previstos, la otra quede total o parcialmente liberada del cumplimiento de sus obligaciones, o bien ve cómo el valor de su prestación se reduce de un modo radical (desproporción exorbitante entre las prestaciones); que la causa emergente sea imprevisible, es decir,  que ninguna de las dos partes podía razonablemente tenerla en cuenta en el momento de realizar el contrato, así como también que la parte perjudicada no haya tenido control alguno de ella (superveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles); y aplicación en defecto de pacto expreso de las partes, de manera que cuando éstas, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, hayan determinado un medio específico para corregir las desigualdades sobrevenidas entre sus prestaciones, o hayan renunciado de modo expreso a este reequilibrio, no podrán someterse al mandato de esta cláusula (carencia de otro medio de reequilibrio)[5].

Las características de esta cláusula se han, mayormente, desarrollado doctrinal y jurisprudencialmente, e interpretándose restrictivamente, debido a que se suele plantear que el uso de esta disposición se contrapone al principio pacta sunt servanda. Sin embargo, también existen argumentos a su favor que concretamente aluden que -pacta sunt servanda siempre que rebus sic stantibus-, es decir, inmutabilidad de los contratos siempre que las cosas sigan siendo así, basándose en que es la regla de la buena fe que fundamenta su implementación.

En ese sentido, tenemos el caso de España, donde se ha ido flexibilizando y aplicando, jurisprudencialmente, esta cláusula a causa de la crisis económica y su consecuente recesión, ya que se está “adecuando fallos actuales a algunos de los primeros fallos del Tribunal Supremo adoptando esta doctrina”[6].

Al contrario, de cara al derecho internacional, en los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales 2010, se puede evidenciar que en el artículo 1.3 se contempla la obligatoriedad de los contratos, al mismo tiempo que plasma la excepción por la “excesiva onerosidad” (rebus sic stantibus o hardship) en los artículos 6.2.1 y siguientes: “artículo 6.2.2.-Definición de excesiva onerosidad: “hay excesiva onerosidad/hardship cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido”.

En el caso de la República Dominicana, el Código Civil no versa sobre esta cláusula; éste hace acopio al principio pacta sunt servanda como previamente habíamos mencionado, no obstante, la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en su artículo 32 primer inciso, establece con respecto a los contratistas, lo siguiente: “el derecho a los ajustes correspondientes de las condiciones contractuales, cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, con relación a las condiciones existentes a1 momento de la presentación de propuestas, que devuelvan el equilibrio económico del contrato”.

(*) Emely García. Licenciada en Derecho egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Pasante de investigación jurídica de Encuentro Jurídico.

Notas:



[1]Enciclopedia jurídica, Edicion 2014, consultado el 21 de enero de 2016, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/rebus-sic-stantibus/rebus-sic-stantibus.htm.
[2]Carmen Baón Romasanta, “La cláusula “rebus sic stantibus” y su aplicación en el panorama actual”, en Ramón & Carvajal abogados (página web), abril-junio 2012, consultado 25 de enero 2016, disponible en el siguiente enlace: http://www.ramonycajalabogados.com/wp-content/uploads/Newsletter_Procesal-junio2012.pdf.
[3]Alfer, “Teoría de los contratos”,  28 de mayo 2008, consultado 21 de enero de 2016, artículo disponible en el siguiente enlace:  http://www.alferabogados.com/web/index.php?name=News&file=article&sid=27.
[4]Fuente citada
[5]Fuente citada
[6]Fuente citada.

Forma de citación sugerida:

GARCIA, Emily. Alcances y Limites de la clausula Rebus Sic Stantibus, 19 de febrero de  2016.
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