Opinión del Director: Yeni Berenice Vs. Cristo Cristo y la fragilidad de la institucionalidad dominicana

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Por Aníbal Mauricio*

El conflicto entre la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso y la Jueza de la Instrucción, Margarita Cristo Cristo, con relación a una supuesta parcialidad al conocer la petición de nulidad de un proceso en contra de Víctor Díaz Rua, se ha convertido en noticia de portada de los principales medios de comunicación del país y comidilla entre los profesionales del Derecho y auxiliares de la justicia. 

Independientemente de los hechos y los argumentos jurídicos que sustentan la posición de cada una de las abogadas, la situación ha dejado entrever la penosa fragilidad de las instituciones públicas dominicanas. Y este hecho debería llevarnos a una profunda reflexión con miras a trabajar en ello. 

Recuerdo estar estudiando la licenciatura en Derecho un par de años después de la entrada en vigencia de la Ley 76-01 Código de Procedimiento Penal Dominicano (CPP) y la explosión de actividades académicas relativas a la formación en torno a las novedades que la misma conllevaba. Era reiterado el comentario de los más versados al afirmar que se trataba de una de las más avanzadas legislaciones en la materia en toda Latinoamérica pero que su éxito estaría supeditado a que existiesen las herramientas necesarias para hacer efectivo lo allí contemplado, entre estas, la colaboración interinstitucional de todos los actores involucrados. 

La colaboración o cooperación interinstitucional entre las instituciones del Estado constituye un principio inherente al establecimiento de un verdadero Estado democrático y de derecho, pero lamentablemente nuestra realidad administrativa ha propiciado conductas contrarias a este deber que han terminado por convertir dicho elemento esencial en un simple concepto teórico-idealista.

Dentro de los principios de la administración pública enunciados en el artículo 138 de la Constitución Dominicana de 2010 se encuentra la colaboración; de igual forma la Ley No. 242-12 Orgánica de Administración Publica, establece en su art. 12 num. 4, el principio de coordinación y colaboración, declarando que las actividades que desarrollen los entes y órganos de la Administración Pública deberán orientarse al logro de los fines y objetivos de la República, para lo cual coordinarán su actuación bajo el principio de la unidad de la Administración Pública. 

Así pues, en nuestra hermosa quisqueya podremos seguir propiciando innumerables modificaciones y reformas legales sin conseguir con ello sustanciales logros y avances pues de nada nos sirve una fruta que a la vista es hermosa pero por dentro está seca. 

Ojala que el choque entre las juristas sirva como fuente de reflexión en torno a este tema fundamental sobretodo en momentos en que precisamente se avista un periodo de agitada producción normativa por parte de nuestro Congreso.


(*) Abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

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