El Régimen Penal Ambiental de la República Dominicana

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Resumen

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y de lo cual nos servimos para el desarrollo de nuestras vidas. La importancia de su protección viene dada hace algunos años, cuando se empezó a comprender el daño que las manos del hombre generaban sobre este. En República Dominicana la protección del medio ambiente comienza a partir del año 2000 con la promulgación de la Ley 64, y posteriormente se reconoce en la Constitución. Uno de los aspectos más importantes de la Ley 64-00 es la enumeración de los delitos ecológicos o medioambientales que lo posicionan como un bien jurídico penal; además de la creación de una Procuraduría especial para el medio ambiente como órgano encargado de la persecución de los delitos ambientales.

I.                    La protección jurídica del medio ambiente

El deterioro del medio que nos rodea es una preocupación constante para las naciones hace muchos años. La mano del hombre ha sido la principal causa del daño que sufre nuestro planeta. En los siguientes párrafos estudiaremos qué es el medio ambiente, cual es su protección tanto internacional como nacional y cuál es el deber del Estado ante la situación evidente de nuestro entorno.

a.      Inicios de la protección medioambiental

Es aceptado en la doctrina jurídica dominicana que el ambiente es el conjunto de los agentes físicos, químicos, biológicos y de los factores sociales susceptibles de causar un efecto directo-indirecto, inmediato o a plazo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas.[i]

Así se ha positivizado en República Dominicana este concepto al establecer que es “el sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan su relación y sobrevivencia.”[ii]

De esta manera, el medio ambiente resulta ser todo lo que nos rodea: nuestro entorno y la relación e intercambio con este. El área natural, los suelos, el aire, la fauna y flora, los paisajes: todo lo que representa nuestro hábitat.

A partir de la Conferencia de Rio de Janeiro de 1992, en la cual se reconoció mundialmente la crisis ecológica y la sociedad pudo verse a sí misma, según ha denunciado Ulrich Beck, como "sociedad de riesgo mundial", ha cobrado una especial connotación y preocupación para las naciones la protección jurídica del medio ambiente.[iii]

b.      República Dominicana como garante de la protección medioambiental

El año 2000 marco el inicio de protección jurídica del medio ambiente en la República Dominicana. Entre los aspectos más importantes, establece los conceptos básicos para prevenir el daño a nuestro entorno, crea organismos especializados en la materia, obligaciones, y tipifica diversos delitos con miras a la sanción ante hechos dañinos al ambiente.

La Ley 64-00 tiene como finalidad principal conservar, proteger, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales con miras de asegurar su uso sostenible, declarándolos como interés nacional y como una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante.

De esta manera, se establecen objetivos muy particulares para el cumplimiento de las finalidades, dentro de las cuales las más importantes son la prevención de las actividades que puedan causar deterioro del medio ambiente, el fomento de la educación ambiental como forma de promover una sociedad que se encuentre en armonía con la naturaleza e impulsar las condiciones para un ambiente sano que garantice la salud de los habitantes.

De lo anterior podemos afirmar que el bien jurídicamente protegido establecido tanto en la Constitución como en la ley especial de protección al medioambiente es el interés difuso y el interés colectivo.

Es difuso porque como bien señala el artículo 16 de la norma, se encuentra destinado a una colectividad y no emana de “títulos de propiedad, derechos o acciones concretas”, y es colectivo ya que corresponde su acción a colectividades o grupos de personas.

Sin embargo, no es hasta el año 2010 cuando el medio ambiente encuentra una protección constitucional. Desde el mismo preámbulo de la Constitución dominicana podemos observar como claramente uno de los principales objetivos de la Nación es la protección y conservación del medio ambiente por medio del equilibrio ecológico. Asimismo, a partir del artículo 66 se reconocen los derechos colectivos y difusos, protegiendo la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora junto con la protección del medio ambiente.

El deber del Estado en cuanto a la garantía de protección del medio ambiente tiene rango constitucional. La norma suprema dominicana establece claramente que el Estado debe garantizar de modo individual y colectivo el uso y goce sostenible de los recursos naturales.

II.            La protección penal del medio ambiente en República Dominicana

El derecho penal como medio de control social y jurídico tiene la finalidad evitar determinados comportamientos sociales que se consideran incorrectos o indeseables, recurriendo a la amenaza de imposición de diferentes sanciones en caso de que dichos actos se cometan.[iv]

Ante esto debemos considerar que no todo bien jurídico es merecedor de una protección penal, debido a que “no todo bien jurídico requiere tutela penal, no todo bien jurídico ha de convertirse en un bien jurídico penal”. Así, la diferencia entre un bien jurídico y un bien jurídico penal viene marcada por la importancia social, el merecimiento y necesidad de protección penal, como señala el autor Rodríguez Maurullo, debe importar “a la generalidad de los componentes del grupo social y no sólo a la minoría o un sector social determinado, y siempre que se encuentre necesitado de resguardo en sede penal ante el fracaso de los medios de los que disponen las otras ramas del derecho. [v]

En los siguientes párrafos veremos que se entiende por delito ambiental, cuales son los delitos que tipifica la ley 64-00 y la puesta en marcha de la acción pública ambiental.

a.      El delito ambiental y su tipificación en la Ley 64-00

Para el jurista dominicano Héctor Cabral O., el delito ecológico “es aquel tipo de violación a la norma jurídica preexistente capaz de alterar, modificar el ambiente propicio para la reproducción y supervivencia de los organismos vivos, lo que incluye plantas animales, etcétera, e igualmente sería delito ecológico todo comportamiento capaz de producir graves perturbaciones o alteraciones de la materia viva, como por ejemplo los bosques, las montañas, los valles, los ríos, etcétera. [vi]

El capítulo IV de la Ley que protege el medio ambiente el República Dominicana tipifica los delitos contra este y los recursos naturales. De esta manera, el artículo 174 dispone el tipo penal en blanco[vii] en sentido amplio al establecer que toda persona que culposa o dolosamente, por acción u omisión transgreda la ley incurre en delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La manera culposa de cometer los delitos viene dada por la  manifestación de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes; y en caso de dolo, puede ser directo y eventual.[viii]

Por su parte, el artículo 175 tipifica ciertas actividades considerándolas ilícitas como son alteraciones y daños dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegida; quien corte o destruya árboles en aéreas forestales de protección y en zonas frágiles; quien cace, capture o provoque la muerte de especies declaradas en peligro de extinción o protegidas legalmente; quien dañe el ambiente con sustancias contaminantes, escapes de gases nocivos; quienes violaren las regulaciones contenidas en licencias o permisos ambientales, etc.[ix]

Este artículo  tipifica el delito atmosférico, que se caracteriza por la liberación de gases al aire y el cual no precisa de un daño cierto para consumarse;[x] el delito de contaminación de aguas, castigándose a quien descargue, deposite o vierta aguas residuales, líquidos o materiales; El delito dedesecho de tóxicos y sustancias peligrosas, estos últimos sancionados con penas de 6 días a 3 años de prisión y multa desde ¼ de salario mínimo hasta 10 mil salarios mínimos.

La contaminación sónica es una de las denuncias más comunes[xi]ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Se trata de un delito tipificado en el artículo 115 de la ley que prohíbe la emisión de ruidos producidos por la falta de silenciador de escape o por su funcionamiento defectuoso, plantas eléctricas, vehículos de motor, etc.

Los artículos 156 y 157 prohíben la destrucción de los bosques nativos, de manera que es prohibida toda actividad que pueda contribuir a producir incendios forestales como son hacer quema, dejar fogatas encendidas, arrojar fósforos, colillas o cigarros en áreas boscosas y realizar cualquier tipo de acción que pueda ser la causa de un incendio forestal.[xii]

Los delitos  contra recursos mineros se recogen en la Ley No. 123 y la Ley no. 146. La acción delictiva para estos casos se tratara de extraer el componente de la corteza terrestre sin los permisos correspondientes y causando un daño al medio ambiente de manera considerable o permanente.

Vale establecer finalmente que los delitos que enumera la Ley son de peligro abstracto, de peligro concreto y de resultado o lesión. Cuando nos referimos a delitos de peligro abstracto, nos estamos acercando a la noción de que la potencialidad del daño resulta poca[xiii]; en cambio los delitos de peligro concreto son los que pueden tener una mayor potencialidad en su daño.

b.      La puesta en marcha de la acción penal ambiental

Uno de los aspectos más importantes de la Ley que protege el medio ambiente en República Dominicana es la creación de una Procuraduría especializada en la materia. De esta manera, la denominada Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales representa y ejerce la defensa del interés del Estado y la sociedad en los aspectos relacionados al medio ambiente.

Representar el interés público ante las infracciones a la ley y representar al Estado cuando de daños al ambiente se trate son solo algunas de las funciones que la Ley confiere a este órgano. Así y de acuerdo a la doctrina en la materia, el Ministerio Público tiene dirección funcional en la investigación policial ambiental, debiendo asegurar las garantías y la eficacia en la investigación del delito.[xiv]

El procedimiento para el inicio de la investigación y sometimiento por delitos ambientales está estipulado en el Código Procesal Penal que establece aspectos fundamentales y supletoriamente por el derecho común, de donde podemos ver una armonía evidente entre las disposiciones de este código y la Ley.

Así, el párrafo del artículo 176 establece las maneras en que se inicia la acción, siendo de orden público y ejercida de oficio por querella o denuncia. La querella se encuentra establecida en los artículos 265 y 266 del Código Procesal Penal Dominicano, y la querella en los artículos 267 al 272 de dicha legislación. En cuanto a la acción de oficio por el Ministerio Público, el artículo 30 dispone esta modalidad.

Es necesario aclarar que la acción ambiental es pública de acuerdo al artículo 2 de la Ley que protege el medio ambiente, sin perjuicio de la participación que el CPP le concede a la víctima, a las organizaciones ambientalistas y a todo ciudadano conforme lo previsto en los Artículos 51 del CPP y el Artículo 178 de la Ley 64-00.[xv]

Para el proceso de investigación el Ministerio Publico cuenta con diversos órganos que le son auxiliares, como es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Policía Nacional, y de acuerdo al artículo 94 del Código Procesal Penal, “a los funcionarios y agentes de otras agencias ejecutivas o de gobierno que cumplen tareas auxiliares de investigación con fines judiciales”.

La protección penal no es la única vía para la protección del medio ambiente. De hecho, la ley crea un régimen de responsabilidad civil objetiva y administrativa independientes de la acción penal.

Por  Antonella Alvigini. Licenciada en Derecho. Pasante de Investigación.


Notas:

[i] Wendy Martínez Mejía, Santa Moreno, Zeida Noboa, Frinette Padilla et al. Derecho Penal del Medio Ambiente. (Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura,  2002), P. 18
[ii] Artículo 16 Ley 64-00
[iii] Luis Miguel Reyna Alfaro. La Protección Penal del Medio Ambiente: Posibilidades y Límites. Disponible en: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_84.pdf
P. 1
[iv] Santiago Mir Puig. Derecho Penal Parte General. (Buenos Aires: Euro Editores SRL). P. 49
[v] Luis Miguel Reyna Alfaro. La Protección Penal del Medio Ambiente: Posibilidades y Límites. Disponible en: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_84.pdf
P. 3
[vi] Wendy Martínez Mejía, Santa Moreno, Zeida Noboa, Frinette Padilla et al. Derecho Penal del Medio Ambiente. (Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura,  2002), P. 204
[viii] Vale aclarar que los integrantes del Ministerio Público especializado en ambiente o habilitados para tales fines deberán presentar las pruebas al Juez que esté apoderado del caso para demostrar que el infractor tenía una posición que le permitió prever que su conducta podía generar el resultado o el peligro descrito en el tipo penal, y que a pesar de ello realizó, permitió u ordenó los hechos punibles.)
[ix] Como vemos, contrario a lo que ocurre en el tipo penal del artículo 174, en este caso estamos ante un tipo penal cerrado, en el cual la conducta típica, antijurídica y culpable está definida en la legislación ambiental.
[xiii] Un ejemplo sería el numeral 8 del artículo 175 de la ley que establece “Quien violare las regulaciones contenidas en las licencias o permisos ambientales, o las haya
[xiv] Vale aclarar que el ministerio público del ambiente no se encuentra facultado para imponer sanciones ni puede optar por la conciliación. Esto, debido a que como es sabido la acción pública no es negociable.

Bibliografía

1.      Luis Miguel Reyna Alfaro. La Protección Penal del Medio Ambiente: Posibilidades y Límites. Disponible en:


3.      Santiago Mir Puig. Derecho Penal Parte General. (Buenos Aires: Euro Editores SRL)

4.      Wendy Martínez Mejía, Santa Moreno, Zeida Noboa, Frinette Padilla et al. Derecho Penal del Medio Ambiente. (Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura,  2002), 301.

5.      Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero.
Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010.  Disponible en:

6.      Código Procesal Penal de la República Dominicana. Disponible en:

7.      Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disponible en:

8.      Ley 123 del 10 de mayo del año 1971, que prohíbe la extracción de los componentes de la corteza terrestre llamados arena, grava, gravilla y piedras. Disponible en:

9.        Ley Minera de la República Dominicana, No. 146. G.O. 9231. Disponible en:

Forma de citación sugerida:

Alvigini, Antonella. AEl Régimen Penal Ambiental de la República Dominicana. Encuentro Jurídico, 04 de diciembre de 2013.
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