Apuntes sobre los Derechos del Consumidor

Resumen

Los derechos del consumidor o usuario se han convertido en un tema relevante dentro de la normativa jurídica nacional e internacional. Este Derecho surge por la imperiosa necesidad de proteger  y subsanar el estado de indefensión en que se encontraban los consumidores o usuarios, esta legislación se desarrolla a la par con la sociedad de consumo, a fin de corregir sus excesos, ya que el derecho común no proporcionaba las soluciones para la protección adecuada de los consumidores.

El fenómeno socioeconómico de la defensa del consumidor tiene sus antecedentes más claros en los Estados Unidos, a partir de la creación de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission) en el año 1914. Decisivamente la defensa directa del consumidor surgió condensada en un discurso del Presidente Kennedy, cuando enunció como principios básicos:

El derecho a la protección y seguridad;

El derecho a ser informado;

El derecho de elección; y

El derecho de ser escuchado.

En su mensaje dirigido al Congreso Estadounidense en fecha 15 de marzo de 1962, dijo: “Los consumidores son el único grupo económico importante que no esta eficazmente organizado”.[1]

De igual forma se considera que el derecho del consumidor, como tal, tuvo sus inicios  en 1957 en el Tratado de Roma, creado por la Comunidad Europea. En este tratado, especialmente en sus artículos 85 y 86 se hace referencia a los consumidores.

El consumo es calificado como un proceso económico, consistente en la compra o gasto que se hace en los bienes y servicios, tendentes a satisfacer las necesidades de las familias, las empresas y el gobierno, comprende además las adquisiciones de bienes y servicios de la administración publica y del sector privado, destinadas a satisfacer necesidades inmediatas, en este intervienen dos sujetos de acción, los consumidores o usuarios y los proveedores.

Los derechos del consumidor están consagrados en el articulo 53 de la Constitución dominicana (2010) como “Derechos Económicos y Sociales, indicando que “Toda persona tiene derecho  a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las  características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”. [2]

En la República Dominicana contamos también, con la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, de fecha 9 de septiembre de 2005, que constituye una normativa especial, de orden público, que nace para equilibrar la situación entre los consumidores y los proveedores. Dicha Ley está destinada a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones.

La referida ley establece que son considerados consumidores toda “persona natural o jurídica, pública o privada que adquiera, consuma, utilice o disfrute  productos y servicios, a título oneroso, como destinatario final de los mismos para fines personales, familiares o de su grupo social.  En consecuencia, no se considerarán consumidores o usuarios  finales quienes adquieran, almacenen, consuman o utilicen  productos o servicios con el fin de integrarlos a un proceso de  producción, transformación, comercialización o servicios a terceros”. [3]

Entre los principales derechos del consumidor reconocidos en el país  se encuentran:

Derecho a la salud y a la integridad;

Derecho a la protección de sus intereses sociales y económicos;

Derecho a acceder a una información y educación correcta;

Derecho a la representación y asociación; y

Derecho a la reparación de daños y perjuicios.

La generalización de este derecho específico responde a una voluntad política destinada a garantizar relaciones económicas equilibradas.  Surge también como un factor importante de cohesión social. No existen,  por un lado, los buenos consumidores y, por otro lado, los malos empresarios. Los dos son asociados porque los primeros necesitan a los segundos y viceversa. Ese es el espíritu del derecho de consumo.

Los proveedores, ya sea en la persona física o jurídica, pública o privada, en beneficio de los consumidores o usuarios, en su rol de productora, almacenadora, distribuidora, comerciante o vendedora de productos o prestadora de servicios, tienen la obligación luego de introducir un producto o servicio al mercado, si se probare la existencia de riesgos no previstos, de informarlo inmediata y públicamente a las autoridades competentes y a la población en general; serán responsables solidariamente conforme al derecho civil, de las indemnizaciones que se deriven de las lesiones o perdidas producidas; la reparación de daños y perjuicios comprende, en forma concurrente y separada, la reposición del producto o servicio, reparación gratuita de daños derivados de la reparación principal, reducción del precio, restitución de los valores-costos por los daños derivados del consumo o uso del producto o servicio y la devolución de los valores pagados e indemnización.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), es el organismo estatal creado por la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05), entre sus principales funciones está la de proteger a los consumidores a través de herramientas legales que le permitan hacer valer sus derechos y servir como ente conciliador entre consumidores y proveedores para la solución de controversias generadas por el incumplimiento o violación de los derechos de los consumidores.

La labor de Pro Consumidor ha sido fundamental para la promoción de los derechos de los consumidores, su gestión ha sido extraordinaria al momento de ejecutar las normativas legales existentes, su principal política de trabajo es  proteger los derechos de los consumidores y usuarios de bienes, cumpliendo con las leyes, normas y reglamentos aplicables para tales fines, y mejorando continuamente la eficacia de su sistema de gestión de la calidad.[4]

Recientemente esta institución fue objeto de cuestionamiento respecto a su función como órgano rector de las relaciones del consumo en la República Dominicana; una sentencia emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, pronunció que Pro Consumidor no tiene poderes de decisión propio, sino que la ley reconoce una legitimación activa para investigar y someter ante el tribunal competente las personas que considere han cometido alguna infracción, ante esta sentencia, Pro Consumidor en la persona de su Directora Ejecutiva, la periodista Altagracia Paulino, emitió un comunicado donde dilucidó de forma precisa las funciones que le otorga la ley 358-05 a  esta institución, señaló que en el articulo 31 de la precitada ley, se establece como función exclusiva al Director Ejecutivo de Pro Consumidor “ Dictar resoluciones relativas a la aplicación de esta ley en caso de infracciones y violaciones que deban ser conocidas y resueltas, en primera instancia, a su nivel de competencia.” [5]

En el mismo comunicado expresó que los funcionarios judiciales que emitieron esta sentencia, lejos de proteger el interés general,  mediante el cuidado de los intereses económicos de las familias dominicanas, función principal del Estado en un régimen social y democrático de derecho, han preferido ignorar la ley y pretender negar la potestad sancionatoria de un órgano de la Administración, como lo es Pro Consumidor, cuya función es cumplir con la misión de ejercer responsabilidad social gubernamental.

Ante esta situación debo expresar que si nuestros órganos de administración, tanto de justicia como gubernamentales no tienen bien definidas sus funciones y se tomen atribuciones de las cuales no son competentes, los más afectados seremos  nosotros, el sector de los consumidores, porque pertenecemos al segmento de la población mas débil, y de nada vale la creación de leyes, si al momento de respetar y defender los derechos de los consumidores no se ejecute de la forma correcta; tenemos derecho a la información atenta y el acceso a los órganos jurisdiccionales competentes en cualquier situación de derecho en las que nos encontremos.

Hablar de los derechos de los consumidores ya no solo es un tema local, este se ha convertido en un tópico con carácter internacional, tal es así que cada 15 de marzo más de 60 países celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la ocasión contempla la unión del movimiento mundial de los consumidores en un día de actividades en torno a un tema de campaña compartido, este año el tema de campaña fue “!Justicia para los consumidores ahora!”, en donde se destacó  la importancia de la protección de los consumidores en la creación de un mundo más seguro y justo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), también ha realizado su pronunciamiento respecto a los derechos de los consumidores. Para 1985 la ONU aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores en el ámbito internacional, estas fueron aprobadas después de 10 años de campaña  de Consumers Internacional (CI), acción de gran avance para la protección, defensa y legitimidad a los principios de los derechos del consumidor. En 1999 las Directrices fueron actualizadas y han sido traducidas e interpretadas por el CI en claros derechos de los consumidores, tales como:

Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas

Derecho a la seguridad

Derecho a ser informado/a

Derecho a elegir

Derecho a ser escuchado/a

Derecho a la reparación

Derecho a la educación de los consumidores

Derecho a un medio ambiente sano.

Estas Directrices hacen un llamado contundente a los gobiernos, y es que, es responsabilidad del Estado, proteger y garantizar de manera efectiva y eficiente el goce de las prerrogativas constitucionales, con el auxilio de medidas administrativas y disposiciones legales adecuadas, tendentes a promover el crecimiento y desarrollo económico, en un ambiente libre de competencia que facilite las condiciones para la formación e igualdad de las personas.

Nuestra Constitución en su articulo 8, consagra como función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden publico, el bienestar general y los derechos de todos y todas; lo que aún más redimensiona los derechos del consumidor o usuario.

Debe saberse también, que aunque contemos con una normativa legal nacional e internacional, lo más importante es que la población sea educada e informada respecto a estos derechos fundamentales, económicos y sociales; no es solo la promulgación de una ley, ni tampoco su inclusión en la Constitución, es el reconocimiento de estos derechos por parte de los de los empresarios, productores y proveedores, que son el sector fuerte de la actividad del consumo, pues ellos, conocen mejor que nosotros los consumidores, los productos y servicios que nos están vendiendo u ofertando, el consumidor  no hace mas que adherirse a las condiciones de venta de los proveedores.

Es momento de que los consumidores seamos sujetos de un derecho propio, y para ello necesitamos la integración de todos, consumidores, proveedores y el Estado.

Por Yadira Hernández. Abogada. Pasante de investigación jurídica de Encuentro Jurídico. 

Notas

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[1] PAVAN, Carlos Luis. “La Protección del Consumidor en el MERCOSUR, Análisis Comparativo de los Sistemas de Argentina, Brasil y Chile”. Buenos Aires, Argentina. 1997. Páginas 10-15. Disponible en

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/estado/protecc.pdf

[2] Articulo 53 de la Constitución Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. 2010. Página 16.

[3] Ley No.358-05 Sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. 

[4] Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR). “Institucional”. Disponible en

http://www.proconsumidor.gob.do/pro/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=100072

[5] Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR). “Respuesta a la Sentencia No.183-2013 de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo”. Diario Libre. 10 de junio del 2013. Página 16.

Bibliografía

- PAVAN, Carlos Luis. “La Protección del Consumidor en el MERCOSUR, Análisis Comparativo de los Sistemas de Argentina, Brasil y Chile”. Buenos Aires, Argentina. 1997. Páginas 10-15. Disponible en 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/estado/protecc.pdf

- Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR). “Respuesta a la Sentencia No.183-2013 de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo”. Diario Libre. 10 de junio del 2013. Página 16.

- Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR). “Institucional”. Disponible en http://www.proconsumidor.gob.do/pro/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=100072

- Consumers Internacional. “Directrices de la ONU”. 2013. Disponible en http://www.consumersinternational.org/who-we-are/un-guidelines-on-consumer-protection#.UcyN3jtg8qM

- Articulo 53 de la Constitución Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. 2010. Página 16.

- Ley No.358-05 Sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.

Forma de citación sugerida:

Hernández, Yadira. Apuntes sobre los Derechos del Consumidor. Encuentro Jurídico, 02 de agosto de 2013.

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