Una mirada a los derechos del consumidor y su consagración normativa en la República Dominicana

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Resumen:

Los derechos del consumidor o usuario que se consagran dentro de la normativa nacional e internacional constituyen un aporte significativo a todo ordenamiento jurídico. Así mismo se le considera como una nueva área del Derecho surgida producto de las necesidades de la sociedad ante las problemáticas colectivas subyacentes previas a su existencia vinculadas al estado de indefensión en que se encontraban los consumidores y usuarios.

Los códigos napoleónicos, tanto el civil como el comercial, se caracterizaron por reflejar el pensamiento económico y social de su época: un incipiente derecho industrial que planteaba el reconocimiento y protección de los comerciantes; la tendencia individualista que estableció como principio la igualdad de las partes en el contrato y en consecuencia su protección igual por la ley y cuya principal manifestación fue el principio de la libertad contractual recogida en el artículo 1134 del código civil dominicano.[i]

Los principios de autonomía de la voluntad, la autorregulación de las necesidades y el principio de laissez-faire marcaron esa época liberal tanto en lo político como en lo económico y el Derecho. 

Esa actitud liberal que se propugnaba por el abstencionismo del poder público dio lugar a la comisión de abusos en contra de los consumidores; Un sector ignorado por un sistema que priorizó la protección del comerciante y del intermediario. 

La libertad económica se manifestó en el afán de lucro de la clase privilegiada en detrimento de los intereses económicos de los consumidores. 

En el siglo XIX las jurisprudencias inglesas, francesas y norteamericanas empiezan a flexibilizar la interpretación del marco jurídico reconociendo la protección de los consumidores. 

En la actualidad y dentro del marco jurídico dominicano son considerados consumidores toda persona natural o jurídica, pública o privada que adquiera, consuma, utilice o disfrute productos y servicios a título oneroso como destinatario final de los mismos para fines personales, familiares o de su grupo social. En consecuencia, no se considerarán consumidores o usuarios finales quienes adquieran, almacenen, consuman o utilicen productos o servicios con el fin de integrarlos a un proceso de producción, transformación, comercialización o servicios a terceros.[ii]

La ley general de Protección de los derechos del consumidor o usuario No. 358-05 se establece con la finalidad de proteger a todos los consumidores o usuarios que de una manera u otra se adentran en el mundo del consumismo ya sea recibiendo un servicio determinado o por la compra de un producto comestible. 

A estos llamados usuarios que son los principales partícipes en el incremento del capitalismo, se les tiene el deber de protegerlos de varias maneras, todas derivadas del derecho de garantía que por ende les compete, por la simple razón de ser estos consumidores, en donde se les garantiza la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, en armonía con las disposiciones al efecto contenidas en las leyes sectoriales. 

Este derecho abarca todo en cuanto a las normas que al crear derechos específicos protegen a los consumidores. Alcanza también otras normas que tratan de asegurar la aplicación eficiente de estos derechos así como aquellas que certifican la debida representación de los consumidores ante los órganos estatales con poder de decisión sobre el mercado. Es también considerado como un derecho constitucional ya que la misma regula el derecho a la integridad personal del cual goza toda persona[iii], por último también forman parte de su núcleo los mecanismos jurídicos que tratan de racionalizar y dirigir el comportamiento del consumidor. 

La República Dominicana cuenta con el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), un organismo estatal creado mediante la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05) para la supervisión del desarrollo de las operaciones comerciales de compra y venta en el mercado nacional. Su función principal es establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en el territorio nacional. 

Como normas supletorias del Derecho del consumidor encontramos el siguiente marco normativo: 

· El Derecho Civil, se ocupa del sujeto humano dentro del ámbito de la sociedad civil y de sistematizados actos jurídicos relacionados con el patrimonio en los que prima la autonomía de la voluntad. 

El Derecho Comercial, por su parte, ha sido tradicionalmente el derecho de los comerciantes, regulador de su estatus personal y societario y en particular de las relaciones entre ellos. 

· La Ley de Defensa del Consumidor, no es Derecho Civil. Tiene mayores puntos de contacto con el Derecho Comercial, pero tampoco es Derecho comercial. Es Derecho del consumidor o Derecho de los consumidores o Derecho del consumo o de la consumición. 

De manera general los derechos básicos que tienen los consumidores son: 

· Derecho a una información correcta 

· La protección de los intereses económicos y sociales 

· El derecho a reclamar la reparación de los daños y perjuicios 

· El derecho de representación consulta y participación 

· El derecho a la salud y a la seguridad, y 

· El derecho a la protección administrativa y técnica, sobre todo a la educación y formación en materia de consumo. 

Es al Estado a quien corresponde gestionar que todas las personas puedan estar incluidas en el recinto económico garantizándoles: 

· La libertad de elección: basada en precios justos y variedad de productos y servicios. Para ello deben descalificarse los monopolios que imponen determinados productos a precios fijados unilateralmente de manera que el usuario o consumidor no tiene opción. Esto se da comúnmente con los servicios eléctricos o telefónicos cuando una sola empresa maneja el mercado. 

La Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor no hace referencia a este tema pero debe tenerse como premisa para la efectiva garantía de libertad de elección. 

· La no discriminación o arbitrariedad: permitiendo a la población la misma calidad en los productos sin distinción de condiciones sociales o económicas. Se evita así la distinción entre alimentos para los más pudientes y alimentos para los menos favorecidos, evitando para estos últimos la oferta de productos de menor calidad o con defectos. 

· Acceso digno y equitativo: evitando la subordinación e indefensión ante las quejas y reclamos. Comúnmente, ante una queja o un reclamo el consumidor es tratado como si se le estuviera haciendo un favor poniendo en el proveedor la decisión acerca de la procedencia del reclamo o reparación cuando en realidad está ejerciendo el derecho que le asiste en la relación contractual en la que ya cumplió su prestación a diferencia del proveedor que la cumplió con deficiencias o defectos. 

Es importante resaltar la importancia que reviste la educación de los consumidores en los derechos que le asisten ya que con el conocimiento de los mismos su tutela se hace efectiva. 

Si el consumidor o usuario no conoce sus derechos de nada servirán las normas destinadas a protegerles. 

Y es que la importancia de estos derechos radica no solo en la protección que se les brinda a los usuarios o consumidores sino también en la educación del consumidor que debe tener una función orientadora y capacitadora sin olvidar también la importancia de extender esa educación a las empresas e industrias para que estos mejoren la calidad de sus productos y/o servicios. 

Esto se conecta también, con los llamados "riesgos del desarrollo". Muchas veces el producto es lanzado al mercado y puesto en circulación con un insuficiente desarrollo de la técnica o de la ciencia en franco desconocimiento o irresponsabilidad sobre su dañosa potencialidad. Es conocido el caso de la Talidomida, medicación que suministrada a mujeres embarazadas provocó nacimientos de niños con malformaciones. 

Partiendo presentado hasta el momento podemos manifestar que el consumidor goza de las siguientes garantías esenciales: 

· Garantía convencional: resulta de un escrito ( carta o certificado de garantía) por el cual el fabricante o el vendedor se compromete, bajo las condiciones precisadas por el documento mismo, a reparar o reemplazar el u objeto vendido en caso de existir un defecto aparente dentro del plazo determinado en la post-venta. Lo mismo se aplica ante un servicio deficiente. 

· Garantía legal: es integrada por una serie de normas mínimas a observar que son taxativamente enunciadas por la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05. 

Estos derechos inalienables a los consumidores están abrazados de responsabilidades cuando nazcan o se sufran daños por culpa de la mercadería elaborada por parte del fabricante, elaborador o industrial, quien es que ofrece un determinado producto o servicio al consumidor o usuario, determinando a su vez la naturaleza de la responsabilidad, es decir, contractual o extracontractual. 

Internacionalmente el día 15 de marzo se conmemora el día mundial de los derechos del consumidor, instaurado el año 1983 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de recordar los derechos que le asisten a todas las personas como usuarios o consumidores. 

Instituciones como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la propia ONU impulsan políticas para la protección y reconocimiento de los derechos de los usuarios o consumidores a nivel internacional. 

Finalmente, vale resaltar que de manera individual cada país tiene su normativa y su forma particular de regir este tipo derecho, el mismo que se ha reconocido en los últimos tiempos y que se ha tomado en cuenta como un derecho nuevo, debido a las señalizaciones y surgimiento de nuevos acontecimientos que van naciendo dentro de una sociedad determinada. 

Recordemos que los derechos que irán surgiendo van a ir dependiendo de las necesidades que tenga la sociedad. 


Por Karen Barbeito
Estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Pasante de investigación de Encuentro Jurídico.  


Notas:

[i] HERNANDEZ, José Stanly. Sistema de la Obligación de los bienes del consumo en la República Dominicana: Una visión de la ley General  de protección a los derechos del consumidor o usuario. Santiago de los Caballeros. 2007.
[ii] Ley No. 358-05 sobre Protección de los derechos del consumidor o usuario.
[iii] Art. 42 de la Constitución Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, 2010, pág. 17.

Forma de citación sugerida:
Barbeito, Karen. Una mirada a los derechos del consumidor y su consagración normativa en la República Dominicana. Encuentro Jurídico, 29 de agosto de 2012.
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