La certeza de lo increíble: el amplio margen entre la teoría y la practica inmobiliaria

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Mazeaud no estaba equivocado cuando mencionó que una vida completa no es suficiente para conocer a detalle una materia de la Ciencia de Derecho. Este decía la verdad.

La Ley 1542 de fecha del 11 de octubre del año 1947 fue derogada por la ley 108-05 del 23 de marzo del 2005, reorganizando así una nueva función a seguir para la realización de un Saneamiento Catastral, etc. Ahora bien, entra en juego la Resolución No. 623-2007 del 29 de marzo de 2007, “Que Regula el Proceso de Liquidación de Expedientes en Trámite en la Jurisdicción Inmobiliaria”, la cual, como su nombre lo indica, hasta la fecha se responsabiliza de darles salida a los expedientes conocidos bajo el régimen de la ley No. 1542 y que aun no han concluido procesalmente. 

Enfatizamos especialmente en el proceso de saneamiento, proceso de orden público por medio del cual se determina e individualiza el terreno, se depuran los derechos que recaen sobre él y estos quedan registrados por primera vez[1]

Es digno destacar que, a pesar de la modificación a la precedente ley de tierra, la esencia de este proceso se mantiene válida[2].

En efecto, el saneamiento constaba de aproximadamente doce largo pasos para poder registrar el terreno, sin contar que los reclamantes solo se limitaban a la obtención de la sentencia de Jurisdicción Original[3]. En similitud con el precedente tecnicismo judicial, el actual es un proceso caracterizado por ser más reducido, sin mencionar que tiempo atrás, a la hora de implementar “los pasos” de la ley 1542, la Jurisdicción no estaba dotada de dispositivos científicos y tecnológicos como los hay en estos días, lo que nos lleva a citar este ejemplo como una gran diferencia que separa a estas dos importantísimas leyes. 

No nos detendremos a analizar las similitudes y disconformidades de las dos legislaciones, más entonces sí es recomendable aclarar que el Saneamiento a la luz de la ley 1542, se exigía la emisión de un “Decreto de Registro” o conocido en la Dirección de Impuesto internos como “Resolución de Justiprecio y Decreto”[4]. La emisión del mismo era resultado de la aprobación del memorable Plano Definitivo que otorgaba para entonces la Dirección General de Mensura Catastral antes de la entrada en vigencia de la nueva ley. 

A saber, ajustándonos a la ley 1542, luego de obtenida la sentencia de adjudicación, dictada por la Jurisdicción Original y posteriormente confirmada por los jueces del Tribunal Superior de Tierras, el agrimensor quedaba facultado para presentar los Planos Definitivos en aras de finalmente obtener el anhelado Decreto de Registro para que se emitiese el valioso Certificado de Titulo. Pero, ¿Cuál es nuestra inquietud?, resulta que existe un proceso intermedio para que se pueda pronunciar dicha Ordenanza o decreto de registrar el bien. Este entreacto se refiere a una muy utilizada “Certificación de No Apelación”[5] empleada por cierto Tribunal Superior de Tierras del Cibao[6], en cuyo caso no va en desmedro del proceso de Saneamiento[7]. No obstante inconscientemente dilata al sistema. Cuyo propósito es concluir esos añejos asuntos restantes por ante el Tribunal de Liquidación. 

Si nos fijamos en el artículo 26, párrafo VII de la ley 108-05, se establece que luego de “La sentencia irrevocable de saneamiento, acompañada del plano definitivo de mensura aprobado y toda aquella documentación complementaria, establecida por la vía reglamentaria por la Suprema Corte de Justicia, debe ser remitida al Registro de Títulos que corresponda, dentro de los quince (15) que días a la recepción de los planos aprobados, para que se efectúen los registros correspondientes y se expida el Certificado de Título”. Lo que significa más aun que la presencia de una Certificación de No apelación no deja de ser necesaria pero sus funciones son prescindibles en el reinante proceso. 

No atacaremos el uso de esta pericia pues la consideramos útil, empero sí es criticable, el hecho de que la carga recae sobre el interesado para así lograr impulsar el proceso; a su vez, este debe de solicitar la excursión de dicha certificación; y sin detenernos allí, una vez consignada, está a cargo del mismo “volver” a reintroducir la certificación por ante la sala donde ésta le fue entregada. La certeza de lo increíble. 

En otros Tribunales Superiores de Tierra, la implementación de esta medida no ha fungido como un requisito dotado de una relevancia tal que el proceso se detenga. 

¿Acaso está mal que se haya dispuesto que el interesado solicite esta Certificación de No Apelación? Realmente no; ahora bien, lo que sí es preocupante es que el interesado, con su debida posterioridad sea quien haga depósito de este documento; después de percibir en el pasado esa aglomeración exorbitante de expedientes en los tribunales de tierras, y reconocer que es en manos del solicitante en cuya responsabilidad recae el hecho de impulsar la acción, da paso a que se repitiese la historia en cuanto cumulo de expedientes se trata en la Jurisdicción Inmobiliaria. 

Es curioso que en la ley 821 de Organización Judicial y la ley de la Carrera Judicial, no se explique a detalle la facultad que poseen los jueces presidentes de dirigir de oficio el curso del expediente, lo que ha permitido que algunos puedan desnaturalizar en cierta medida el procedimiento a seguir para el cumplimiento de una acción. Aunque ciertamente, no es un tanto desnaturalización, mas bien, debe ser considerado un rendimiento protagónico de hacer el bien a toda costa, sin embargo se plantea el detalle que en mucho de los casos, esta toma de disposiciones, como la que precedentemente mencionamos, puede ser considerado como un mero ejemplo del ejercicio que le acredita la constitución y la ley a los jueces, sin visualizar el impacto social que en conclusión afecta al usuario del sistema. 

Hacer los procesos eficaces, seguros y confiables es el reto planteado por la ley 108-05, entendiéndose así que aquellos procedimientos que son precursores de prolongaciones interminables deben de ser erradicados cuanto antes. 

Finalizo con la memorable frase de Edmund Burke cuando dijo que “Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto; ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza; ningún grupo puede actuar con confianza si no se halla ligado por opiniones comunes, afectos comunes, intereses comunes”. 


Por David Rosario. Abogado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Especialista en Derecho inmobiliario. 


Notas de referencia: 

[1] CIPRIAN, Rafael. Tratado de Derecho Inmobiliario (Bases Constitucionales y Legales; Jurisprudencia, Doctrina y Procedimientos). Tomo I y II. Volumen 1, Segunda Edición, Editora Alfa y Omega, Santo Domingo, 2009.- (Ver Ley de Registro Inmobiliario, artículo 20 y siguientes) 
[2] Es recomendable aclarar que esta definición proviene de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario no obstante la esencia del “Saneamiento” propuesto por la ley 1542 es el mismo que anteriormente citamos. Lo que deseamos reflejar es una aplicación de un proceder que a pesar de que la ley 1542 carece de eficacia, por el gran cúmulo de expedientes, estos procederes se mantienen en pie increíblemente a pesar de que dicha ley fuese derogada. 
[3] Posterior a la expedición de la sentencia de Jurisdiccion Original, esta era remitida al Tribunal Superior de Tierras para cerrar cualquier duda sobre la decisión del Juzgado, confirmar dicha sentencia con lo que se conoce como Coletilla, y es entonces cuando vencido los 60 días, la decisión adquiría la cosa irrevocablemente juzgada. 
[4] http://html.rincondelvago.com/topografia-en-republica-dominicana.html (Para ver los pasos del Saneamiento con respecto a la ley 1542) 
[5] El lector debe de entender que este requisito no se encuentra tipificado en la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario ni en la ley 1542.- 
[6] Nos reservamos el derecho. 
[7] CFR, SANTANA POLANCO, Víctor. Derecho Procesal para la Jurisdicción Inmobiliaria. Editora Corripio, Santo Domingo, República Dominicana, 2008.

BIBLIOGRAFÍA: 

Doctrinas 

CIPRIAN, Rafael. Tratado de Derecho Inmobiliario (Bases Constitucionales y Legales; Jurisprudencia, Doctrina y Procedimientos). Tomo I y II. Volumen 1, Segunda Edición, Editora Alfa y Omega, Santo Domingo, 2009.- (Ver Ley de Registro Inmobiliario, artículo 20 y siguientes) 

SANTANA POLANCO, Víctor. Derecho Procesal para la Jurisdicción Inmobiliaria. Editora Corripio, Santo Domingo, Republica Dominicana, 2008. 

Leyes 

Ley de la Carrera Judicial de fecha 9 de julio de 1998. 
Ley 108-05 del 23 de marzo del 2005.
Ley 1542 de fecha del 11 de octubre del año 1947.
Ley 821 de Organización Judicial de fecha 21 de noviembre del 1927. 

Forma de citación sugerida: 
Rosario, David. La certeza de lo increíble: el amplio margen entre la teoría y la práctica inmobiliaria. Encuentro Jurídico, 04 de julio de 2010.
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