Las pasadas elecciones y el Derecho electoral: historias divorciadas

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El pasado 16 de mayo nuestra República Dominicana vivió la máxima expresión de la voluntad democrática, los comicios electorales para la elección de los representantes congresuales y municipales que ejercerán sus funciones durante un periodo de seis (6) años. 

Dicho proceso electoral estuvo marcado por diversas particularidades políticas y sociales, que deberán ser estudiadas por los expertos en la materia como un reflejo del pensar y de la realidad que viven los dominicanos y las dominicanas. El deterioro del mapa político nacional y el alto nivel de abstencionismo de los votantes hábiles para el sufragio. 

Pero hay otra rama de la cual interesa también realizar el análisis respecto a las elecciones pasadas, y es el aspecto jurídico. Debe verse la cuestión desde dos aspectos, primeramente la etapa previa a las elecciones (las elecciones internas de los partidos y las campañas políticas) y posteriormente el proceso de votaciones. 

En cuanto a la primera etapa, es lamentable que a mas de diez años de la promulgación de la Ley No. 275-97 nunca se ha tenido la voluntad de cumplir cabalmente con sus disposiciones. Como mujer dominicana, me indigna que los partidos políticos no hayan cumplido con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Electoral 275-97, modificado por la 12-00, establece que: “En la composición de todas las nominaciones y propuestas a la Junta Central Electoral, cuando se trate de cargos de diputados, los partidos y las organizaciones políticas incluirán una proporción no menor del 33 por ciento de mujeres a esos cargos”. “Igual proporción de mujeres serán incluidas a los cargos municipales, con excepción del síndico”; Esto demuestra que nuestro país se encuentra muy lejos de alcanzar la equidad de genero, y que existe un fuerte rechazo a que las mujeres ocupen puestos de alta dirección y si, por ende de poder.  

También durante esa etapa, causa horror el abuso de los recursos del Estado a favor de los candidatos oficialistas (ver Art. 47 de la Ley Electoral), así como el alto monto utilizado para los mismos fines de propaganda por los demás partidos. Un informe emitido por Participación Ciudadana (PC) reflejo que “las organizaciones gastaron RD$244,498,819.00. La mayor partida correspondió al partido oficial que pagó por ese concepto RD$148,470,229 para un 60.72%, mientras que el PRD utilizó RDRD$79,073,690.00 para un 32.34%”[1]. Ejemplos de financiamiento con recursos estatales incluyen, entre otros, donaciones ilegales a partidos por parte de órganos oficiales; el uso de equipo a públicos en campañas de los candidatos preferidos del partido en el poder; el abuso de programas sociales para fines electorales; el abuso del poder de contratar servicios para extorsionar a empresas; y el abuso del poder sobre los servidores públicos para exigir su apoyo en las elecciones. Esos enormes recursos despilfarrados por los partidos políticos pone en tela de juicio nuestro Estado de Democracia (si es que lo hay), la verdadera función de representación de los ciudadanos electos a puestos representativos, y una burla a toda la ciudadanía ¿Cuántas obras de bien social pueden realizarse con RD$244,498,819.00? 



No podemos dejar de mencionar la violación a lo establecido en el Párrafo I del artículo 69 de la Ley 257-97[2], que se evidencio por un alto numero de candidatos que siguieron ejerciendo sus cargos públicos luego de haber sido formalmente reconocidos como tales por la Junta Central Electoral (JCE).  

Ya durante las elecciones, los escándalos de venta de votos pasaron de simples “denuncias” a una palpable realidad ajena al control de las autoridades. Y es que las afueras de los centros de votación se convirtieron en verdaderas mercaderías, donde la compra del voto[3] era mas sencillo que la venta de una botella de agua. Por otro lado, continuaron las denuncias de irregularidades en el conteo de votos, sobretodo los votos preferenciales, votos observados y la revisión de las boletas anuladas. 

Sin dudas, este proceso electoral es un llamado urgente a toda la sociedad, pues los distintos actores de la vida social se encuentran en momentos críticos, por un lado el sistema de partidos donde los partidos políticos de oposición por sus crisis internas y falta de organización han permitido la monopolización y la concentración de la trilogía del poder del Estado a favor de una línea política; por otra parte la sociedad misma, que se encuentra dividida entre los que se benefician de las redes clientelares y de corrupción, y los desesperanzados, conformistas y desinteresados. 

El panorama se muestra complejo, pero tenemos aun la esperanza de poder contar con una Ley de Partidos, una Normativa para campañas políticas y una JCE que actué con mayor determinación y poderes ante las denuncias de fraudes y violaciones a las leyes competentes a la materia. Sin embargo, robustecer las normativas no surtirá efecto por si solo, sino se acompaña de una efectiva aplicación, especialmente si pueblo no reconoce y asume su calidad como único y verdadero fiscalizador de las acciones de quienes le representan. 


Por Mariana Sahina Najera, Investigadora Senior. Abogada y politóloga. Especialista en Derecho constitucional 

Notas de referencia:



[1] “PC censura uso recursos del Estado en campaña". Artículo en la red publicado en fecha 12/05/2010 en: 
http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/59635/2010-05-12.html 
[2] Ley No. 257-97. Art. 69. PARRAFO I.- “Todo funcionario o empleado público de los organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos, que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, sean postulados por una agrupación o partido político para cargos de presidente y vicepresidente de la República, senador, diputado y síndico municipal y regidores, desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la junta electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones ipso-facto, con disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones”. 
[3] Cabe mencionar la diferencia entre COMPRA DE CEDULA y COMPRA DE VOTO. La primera modalidad, la que tradicionalmente se realizaba, consistía en comprar la “retención” de la cedula de un individuo durante el día de las votaciones a sabiendas de que éste no votaría por el partido a que representa el comprador. La otra modalidad, la cual se prolifero como plaga en estas elecciones, consiste en “comprar la intención de voto de un individuo”, indicándole la forma en que debe votar y tras la muestra por parte de este de que ha realizado el voto (el dedo marcado) recibe un incentivo en metálico. 

Forma de citación sugerida: 
Nájera, Mariana Sahina. Las pasadas elecciones y el Derecho electoral: historias divorciadas. Encuentro Jurídico, 23 de mayo de 2010. 
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