El Endurecimiento de la Potestad Punitiva del Estado (Parte I)

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“No puede privilegiarse una razón de Estado sobre una razón jurídica, aunque sea en situaciones excepcionales como el terrorismo político o la delincuencia organizada”.[1]
En el siguiente artículo pretendemos presentar (con visión general y con las limitaciones de ser estudiante de grado) un análisis que invite a una reflexión e investigación más profunda sobre la interpretación y el uso que actualmente se está dando a la facultad punitiva del Estado y la creencia de que esta es la única solución a la criminalidad y sustituto “prima ratio” de toda otra acción.

Recientemente nuestra nación ha sido víctima de los azotes de una intensa ola de criminalidad, atizada por fenómenos como el narcotráfico, la corrupción, los crímenes de cuello blanco, entre otros, lo que sin dudas constituye un directo atentado contra la seguridad ciudadana. 

Ante estos hechos diversos sectores de la sociedad han clamado a duras voces por la urgente respuesta de las autoridades a fin de poner un freno a la situación. El pueblo, sediento de justicia, solicita la mano dura por parte de las autoridades así como represalias ejemplarizadoras contra los delincuentes. Ante este enfático llamado, en los últimos días los legisladores de la nación se han manifestado, destacándose las propuestas de varios congresistas con el objeto de que se realicen modificaciones al Código Procesal Penal, al Código del Menor, la Ley de Drogas y que al tiempo sea conocido un Proyecto de Ley de Pandillas. Estas posturas han tomado vuelo gracias al eco que han hecho los medios de comunicación y el apoyo de distintas autoridades tales como los fiscales de Santo Domingo y Santiago, altos dirigentes políticos, entre otros.

Empero resulta necesario recordar que en muchas ocasiones el clamor de justicia del pueblo resulta pasional, carente de las consideraciones técnicas y de las consecuencias sociales de sus proclamas, todo lo cual (al menos en teoría) sí deben conocer las personas que ellos de manera libre, voluntaria y soberana han elegido para su representatividad o quienes han sido designados por estos como autoridades. Por tanto, compete a estos “elegidos” o “designados” dar una respuesta efectiva apegada a las normas y al derecho, concientes de su efectividad no sólo inmediata sino también a largo plazo, pero sobre todo que dichas medidas logren sobreponer los simples intereses partidistas, mediáticos o privados, que utilizan a sabiendas soluciones coyunturales tendentes únicamente a mitigar la desesperación del pueblo y con ello ceñirse de vanagloria para permanecer en sus cargos o con miras a mayores ambiciones para lo cual necesitan el favor popular.

Por ello debemos observar el ejemplo de naciones de mayor desarrollo, que han vivido situaciones como las que hoy nos afectan y notar las consecuencias en aquellas que tomaron soluciones irreflexivas e ineficaces versus las que atacaron los males directamente desde sus raíces. Cabe mencionar las palabras del ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba: "No es razonable que la sociedad reaccione cada vez que hay un suceso de éstos, por duro, luctuoso o dramático que sea, proponiendo inmediatamente reformas a los Códigos".[2]

En efecto, y como bien menciona Mariano Cúneo Libarona (h)[3], el Estado ha creado en el pueblo las esperanzas de que se van a controlar los delitos y solucionar los problemas de seguridad mediante la creación de nuevas figuras delictivas y estableciendo duras penas, pero cierto ha sido que posteriormente estas expectativas no llegan a ser satisfechas. No por nada uno de los primordiales principios del derecho penal liberal y humanista coloca al mismo como la “ultima ratio”, lo que significa que el poder o facultad punitiva del Estado debe ser la última alternativa o instancia (Maximus Excelcius) a la cual acudir en búsqueda de la solución a una problemática social, ya que esta función tiene como consecuencia la afectación de derechos fundamentales[4]. El trauma (psicológico, económico y social) para las partes al tener que atravesar por un proceso judicial, y de ser encontrado culpable, el imputado se convertirá en reo, lo que constituirá una carga de manutención para el Estado, solventado a través de los tributos de los contribuyentes y responsables de la obligación tributaria, para un sistema penitenciario ampliamente alejado de su objetivo reformador y más cercano a un verdadero centro de violación a las garantías mínimas que merece todo ser humano. 


Por Aníbal Mauricio. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. 


Notas de referencia:

[1] Mariano Cúneo Libarona. Las Controversias del Derecho Penal. Artículo publicado en la revista jurídica Gaceta Judicial, año 13, número 268. 
[2] Diario “Noticias de Gipuzkoa”, edición del martes 28 de julio de 2009. En el artículo, el Ministro Pérez Rubalcaba hace la citada afirmación a raíz precisamente del alto número de crímenes y delitos cometidos por menores de edad que se registran actualmente en España y las propuestas de ciertos sectores de reformar el Código del Menor de dicha nación. 
[3] Cúneo Libarona, Op. Cit. 
[4] Lógicamente el titular del delito se convierte en titular del bien jurídico anulado o limitado por la pena, lo que constituye una excepción al principio de no injerencia en dichos derechos y al límite del poder sancionador del Estado. 

Forma de citación sugerida:
Mauricio, Aníbal. El Endurecimiento de la Potestad Punitiva del Estado (Parte I). Encuentro Jurídico, 14 de septiembre de 2009.

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