Los Fines de la Pena en el Sistema Penitenciario (Parte II)

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La selectividad del sistema penitenciario

La inequidad social se ha reflejado desde siempre en el sistema penitenciario. Muy pronto lo percibió el Positivismo criminológico italiano que al ver las prisiones repletas en su mayoría de individuos pobres y pertenecientes a minorías étnicas, desarrolló con Lombroso, la antropología criminal que partía de la idea según la cual el delincuente tenía unas características físicas y psicológicas preestablecidas, es decir, se nacía delincuente aún sin haber delinquido. También Garófalo y Ferri hablaron de la sociología criminal que creía que la delincuencia estaba predeterminada por razones sociales y económicas. 

Estas especificidades del delincuente hicieron del sistema penal un modelo selectivo, por ejemplo, Garófalo enaltecía la pena capital como el medio idóneo de selección artificial de la sociedad para eliminar a individuos antisociales. Este fin depurador persiste hasta el día de hoy donde “los antisociales” deben sustraerse de la sociedad para que ésta no corra peligro. Por eso, dirían algunos, quién más apta que ella misma para determinar el castigo merecido, un castigo “democratizado” fruto de la voluntad general, que en la práctica se desprende de la racionalidad y se permea de emotividad, pues el hombre se erige soberano sobre el hombre desplazando en ocasiones cualquier garantía individual y ofreciendo al reo la impresión de que no hay relación alguna entre el proceso antes de la sentencia y la pena. 

Como ante cada nuevo problema, surge de la sociedad una demanda por más punición, a esta tendencia democratizadora también la ha acompañado el “populismo punitivo” por medio del cual se ofrecen estímulos para fomentar una adhesión al sistema y al mismo tiempo se ofrecen estímulos discriminantes pues basta tan solo un hecho que aterre a los ciudadanos “de bien” o un caudillo enérgico que en el discurso señale el enemigo, para que una jauría democrática le de captura al infractor y una vez llevado ante la “justicia” luego de un innecesario proceso- pues no hay necesidad de tal, a fin de cuentas no es un humano sino una bestia- se satisfaga el sentimiento de venganza mediante violencia sistematizada, burocratizada y legalizada o como civilizadamente le llamamos, sistema penitenciario.

Cada nueva forma de castigar está relacionada con las grandes transformaciones de la sociedad. Se podría estudiar el castigo para comprender la sociedad que lo sustenta pues cada una desde sus particularidades desarrolla su sistema de ejecución penal. Sin embargo, los más significativos han sido el Filadelfiano y el de Auburn. El primero nace con los Cuáqueros en EE.UU, como un sistema de aislamiento celular absoluto que propiciara la reflexión moral y el arrepentimiento. El segundo retomaba el aislamiento celular en las noches e introducía el trabajo colectivo pero silencioso en talleres durante el día, este sistema fue productivo pues se arrendó el trabajo de los presos a empresas privadas, mientras estos conmutaban sus penas. Pero entre los dos sistemas, siempre sobresale el modelo Panóptico de sociedad, vigilancia permanente que busca generar autocontrol para minimizar la necesidad de poder, puesto que sea comprobado que el control incide en todos los aspectos de la vida del reo: en su locomoción, actividades, alimentación, sexualidad.

La privación de la libertad restringe mucho más que la libertad de locomoción, también limita la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de opinión, de religión y de culto, etc. En estas circunstancias la idea de autonomía y voluntad propia no encuentran ningún sentido y la idea de resocialización pierde su rumbo. Sobre esto, Zaffaroni asevera que la prisión o jaula es "una institución que se comporta como una verdadera máquina deteriorante, (que genera una) patología cuya característica más saliente es la regresión"[1]. El preso es puesto en condiciones infrahumanas que destruyen su autoestima: él pierde su nombre y se convierte en un número, pierde su privacidad, es sometido a las dinámicas de poder dentro de los patios, es requisado de manera degradante, debe convivir en condiciones marginales con cientos de personas, vive en ambientes insalubres, y su familia, en gran medida, se ve deteriorada. 

Por estas estructuras de sometimiento es que la prisión siempre va a ser una fuente de violación de derechos humanos pues humanizar lo que es connaturalmente inhumano es imposible sobre todo si sigue creciendo la brecha entre prisión real y prisión legal. A propósito, en su proyecto de Criminología Crítica, Zaffaroni logró constatar que en Latinoamérica se violaban casi todos los principios del derecho penal liberal: “de legalidad, mediante la aplicación de ejecuciones extrajudiciales; del juez natural, mediante el juzgamiento de civiles por militares, organismos administrativos y policiales; del non bis in idem, respecto de los indígenas juzgados por sus propias comunidades y por los jueces oficiales; del debido proceso, a través de procedimientos secretos, incomunicación del procesado, identificación de la defensa con el sindicado”, etc[2].

En últimas todo obedece a la política criminal

Para Carranza, la política criminal es de dos tipos: “la política criminal en sentido estricto”, referida a la criminalidad y al exclusivo ámbito de acción del sistema de justicia penal (legislación, policía, poder judicial y sistema de ejecución de las sanciones), y la política criminal “en sentido amplio”, referida a la totalidad del sistema de control social (no solo al sistema penal) y que se intersecta con otras áreas de la política estatal, particularmente del sector social (salud, vivienda, educación, trabajo) con su incidencia en la prevención primaria o social de la criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de determinadas formas delictivas”[3].

La política criminal se compone de las decisiones políticas de intervención sobre situaciones que se conciben como transgresoras de los valores jurídicos de la sociedad. Quien detente entonces el poder político es quien toma esas decisiones que se basan no solo en la información sobre el problema sino en ideologías, presupuesto e intereses, plasmados en la oferta de castigo que se hace desde los programas de gobierno, que paradójicamente privilegian la política criminal sobre la social, sin percatarse de que, invertir en lo social reduciría la criminalidad como revela Carranza[4] al constatar que el costo mensual de tener una persona en la cárcel es más alto que entregarle un salario mínimo, lo que en algunos casos habría prevenido que esta delinquiera, más aún si se considera que la gran mayoría de los presos están condenados por delitos contra el patrimonio cuya motivación es frecuentemente el cubrimiento de las necesidades básicas.

Por eso es que la explicación a que haya cada vez más personas presas, no siempre es que haya más delito sino a que hay más políticas que promueven la prisión pues en cada sociedad se da una jerarquización de las tragedias y atrocidades disponibles, respecto a las cuales se exige siempre una respuesta punitiva. Es por esto que una cárcel disponible, siempre es una cárcel repleta; pero una sociedad castigadora, no siempre es una sociedad en paz, pues la sola justicia penal es ineficaz para confrontar problemas sociales, sobre todo porque opera a posteriori: cuando el daño ya se ha causado.

Es importante resaltar la relación inversa que existe entre la distribución equitativa de la riqueza y las tasas de criminalidad en una sociedad para explicarnos por qué son tan elevadas en los países latinoamericanos. Este fenómeno podría decirse, de manera arriesgada, que obedece a que el castigo intimida sobre todo a la clase media (que es casi inexistente en los países en vía de desarrollo) pues está demostrado que al rico se le aplica menos el sistema penal, y que al más pobre casi ni lo intimida, pues éste muchas veces no tiene nada que perder.

Sin embargo no hay que estigmatizar a los pobres como potenciales delincuentes para terminar criminalizando la política social. Lo correcto sería que el Estado empezara a cumplir sus obligaciones constitucionales de protección de los derechos humanos y garantía de calidad de vida para todos sus ciudadanos, pues como dice Baratta, la violencia estructural (aquella que no es violencia para el sistema penal) ha tenido casi siempre entre sus víctimas a los infractores de la norma pues esta “(es) identificada con la inequitativa distribución de los recursos, de los ingresos, de las posibilidades de llevar una vida digna; en fin son las injusticias sociales, por las que nadie responde penalmente”[5]. Es por esto que allí donde es más evidente la represión a las necesidades vitales de los individuos es más ilegítimo e ineficaz el sistema punitivo pues como asevera de nuevo Baratta “este interviene sobre los efectos y no sobre las causas, sobre comportamientos y no sobre situaciones, de manera reactiva y no preventiva”[6].

Las tendencias actuales de la política criminal son preocupantes pues se ha llegado a un desconstruccionismo de las garantías individuales conseguidas. Como relata Pavarini[7], la búsqueda de la eficiencia ha llegado a prácticas como la diferenciación de los presos por niveles de “peligrosidad” y a la implementación de estrategias de control –no de programas sociales- sobre los grupos con riesgo a delinquir, respuesta equivocada ante la evidente relación entre peligrosidad y la problemática social. 

Así surgen políticas criminales como la de “Tolerancia cero”, implementada por EE.UU, ante las más mínimas infracciones (ebriedad, grafittis, hurtos, prostitución, vandalismo, mendicidad, etc) para evitar que el delito vaya más allá. Para Rivera Beiras[8], es significativo el desarrollo que ha tenido, también en EE.UU, la Cultura de la emergencia y/o excepcionalidad penal en virtud de la cual, se inauguran las cárceles de máxima seguridad, las prácticas de aislamiento penitenciario y los modernos sistemas de vigilancia[9], pero sobre todo es delicado el fin de neutralización perseguido por políticas criminales como “Three striks and you’re out” [10]que terminan desarmando el carácter garantista del sistema penal del Estado social de derecho.

A modo de reflexión

Las cifras de criminalidad demuestran que el problema no es ocasional, al contrario es endémico, y amerita mucho más que simples excepcionalidades. Al final es como si no se lograra entender, o de pronto aceptar, que es el mismo sistema penal quien alienta y reproduce la criminalidad, el que administra toda clase de ilegalismos, actúa selectivamente y deja en la impunidad a todo aquel que con el poder ha pagado por ello. Estamos batallando, como menciona Mauricio Martínez, una “lucha contra la criminalidad”, que persigue no delincuentes sino enemigos, el derecho penal se convirtió para muchos en un instrumento de guerra, uno que ataca en especial a los más vulnerables. Y es que la igualdad aparece burlada por la selecta población que sufre la cárcel real, esa donde se reprimen hasta las necesidades más básicas y se desconocen sistemáticamente toda clase de derechos. 

Nuestro Estado de Derecho y su legitimidad como ente castigador gira alrededor del discurso parcializado de los populismos, se maneja la lógica amigo-enemigo, donde los poderosos se transforman en el referente de salvación del pueblo que les entrega su apoyo a cambio de la seguridad que les ofrece la ley penal como instrumento de contención de las libertades ciudadanas. 
“(…) la seguridad y la libertad de cada uno están en efecto amenazadas no solo por los delitos, sino también, y a menudo en medida aun mayor, por las penas excesivas y despóticas, por los arrestos y procesos sumarios, por controles arbitrarios y omnipresentes de policía, en una palabra, por ese conjunto de intervenciones que se conoce por el nombre de “justicia penal” y que en la historia de la humanidad quizá ha costado más dolores e injusticias que el conjunto de delitos cometidos”. FERRAJOLI.[11]

Por Juliana Uribe Mejía. Investigadora invitada. Colaboradora Internacional de Encuentro Jurídico. Estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia, Colombia.

Notas de referencia:

[1] Zaffaroni, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas (deslegitimación y dogmática jurídico-penal), Bogotá, Temis, 1990. Pp. 107.
[2] Martinez, Mauricio, “Latinoamérica como referente material para la construcción de la sociología jurídico-penal”. En Rujana Quintero, Miguel, El fracaso de la política criminal oficial, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2006, pp 118.
[3] Carranza, Elías, “Política criminal y penitenciaria”. En Rujana Quintero, Miguel, El fracaso de la política criminal oficial, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2006, pp. 292.
[4] Ibidem. Pp. 307
[5] Martinez Sánchez, Mauricio, “Latinoamérica como referente material para la construcción de la sociología jurídico-penal”. En Rujana Quintero, Miguel, El fracaso de la política criminal oficial, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2006, Pp. 120.
[6] Ibidem. Pp. 121
[7] Pavarini, Massimo, “La pena hoy, entre la parsimonia y el despilfarro represivo”. En Rujana Quintero, Miguel, El fracaso de la política criminal oficial, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2006, Pp. 52.
[8] Rivera Beiras, Iñaki, “Forma-Estado, mercado de trabajo y sistema penal”. En Rujana Quintero, Miguel, El fracaso de la política criminal oficial, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2006, Pp. 144.
[9] Rivera Beiras cita algunos ejemplos de estos sistemas de control: cerrojos y rejas irrompibles, sillas de inmovilización, uniformes de extracción (para sacar de las celdas a los presos más resistentes), cinturones electrificados de descarga mortal, sistemas de vigilancia electrónica, tecnologías de detección o identificación, etc..pag 140
[10] Se trata de leyes estatuidas mediante decreto de los gobiernos estatales en los Estados Unidos, que requiere a los tribunales estatales imponer un obligatorio período extendido de encarcelamiento a las personas que han sido condenadas por delitos serios en tres o más ocasiones separadas. 
[11] FERRAJOLI, LUIGI (1993): derecho y razón. Teorías del garantismo penal, Madrid, Trota.



Forma de citación sugerida:
Uribe Mejía, Juliana. Los Fines de la Pena en el Sistema Penitenciario (Parte II). Encuentro Jurídico, 29 de agosto de 2009.

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