Los Fines de la Pena en el Sistema Penitenciario (Parte I)

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Introducción

El Sistema penal tiene tres componentes esenciales: el sistema sustantivo, el sistema procesal y el sistema de ejecución penal. Este último tal vez por razones de conveniencia política ha sido tradicionalmente olvidado por la academia, por la sociedad y por el Estado, lo que en parte podría atribuirse a que el protagonista de la punición es un ser que ha roto el contrato social y que para muchos no debería tener ninguna garantía. Pero esto no es cierto en ningún sentido pues el derecho penal también nace para proteger al penado de la sociedad y reincorporarlo a ésta aunque no pueda evidenciarse mirando las condiciones en que se purgan las penas, que más parecen el fruto de un sistema de venganza colectivo que legitima la existencia de un Estado castigador. 

Es por eso que la fórmula “Delito=conducta típica, antijurídica y culpable”, a la hora de aplicarse se vuelve abstracta e inhumana pues despoja al juez de cualquier otra consideración a la hora de aplicarle intencionalmente dolor a un individuo, en el caso latinoamericano, aún a sabiendas de que al cumplir con la condena se estaría cometiendo contra él una violación evidente y constante de sus derechos por las deplorables circunstancias de los centros de reclusión. Pero así como el verdugo se libra de culpa porque no fue él quien dictó la sentencia, el juez lo hace porque no fue él quien usó la guillotina o cercenó la dignidad de un ser humano, que para la sociedad no es más que un ciudadano de segunda categoría, al que prefiere no recordar y por eso aísla en las alcantarillas humanas llamadas prisiones.

A lo largo de la historia, el castigo se ha justificado desde muchas órbitas que se agrupan principalmente en las siguientes teorías:

Las teorías absolutas que miran la pena como un imperativo categórico pues se justifica en sí misma y debe seguir necesariamente a cualquier vulneración del orden social.

Las teorías relativas o de la prevención que en vez de mirar al pasado en pro de afirmar el derecho como lo hacen las teorías absolutas, se dirigen hacia el futuro y sirven como un medio ya sea para integrar a la comunidad (prevención general positiva), intimidarla (prevención general negativa), resocializar al infractor de la norma (prevención especial positiva) o eliminarlo (prevención general negativa).

Las teorías Mixtas que mezclan fines de la pena incluso contradictorios entre sí

Estas corrientes de justificación del ius puniendi a la vez operan como un discurso de legitimación estatal, pero cómo responden éstas a preguntas como: ¿El Estado podría dejar de castigar?, ¿Por qué castiga?, ¿Qué tanta justicia imparte?, ¿Es o debería ser el castigo sólo de naturaleza penal?, ¿Sigue el sistema penal una dinámica de clase?, ¿Qué valores privilegia el sistema?, ¿Es la sociedad la que configura los contornos del castigo? 

Como reflexión previa hay que decir que el castigo no es una institución solamente jurídica sino también social, política y cultural que el derecho contribuye a configurar. Y esa institución es conservadora y totalizadora pues es el legislador como portavoz de la voluntad general, de las mayorías, quien define qué es lo desviado. A partir de esto, el castigo podría definirse como la consecuencia legal de un comportamiento desviado que contribuye a construir un referente de sociedad que protege ciertos valores. Entonces, son las dinámicas sociales las que configuran el castigo, pero es el derecho como mecanismo ideológico, quien lo legitima, atendiendo muchas veces a intereses políticos y económicos disfrazados bajo discursos de humanidad.

El Sistema Penitenciario

Orígenes, desarrollo y teleología del castigo

El ser humano es un ser eminentemente social desde su aparición evolutiva pues el peligro de sucumbir ante las fieras lo obligó a formar comunidades para sobrevivir. Dentro de estos grupos tuvo que renunciar a su irrestricta libertad en pro de la seguridad de la cual podría gozar, así su conducta dejó de tener como motor su instinto y buscó subordinarse a las normas establecidas para la convivencia por temor a la sanción diseñada para garantizar su eficacia. Resulta pues, que con el paso del tiempo, comportarse de acuerdo a la regulación social se hizo costumbre y la norma se convirtió en un fenómeno social perceptible que logró penetrar el ámbito de la cultura. Esta sociedad basada en el consenso aparentemente viviría en paz por siempre si no fuera porque algunos individuos no lograron insertarse en sus parámetros y por tanto no reconocieron legitimidad en la organización social para modelar sus conductas. De forma tal nace el delito como una infracción al código moral ostentado por la comunidad cuya consecuencia es la imposición de la pena. 

La primera sanción socialmente organizada fue la vendetta[1] que perseguía un fin meramente retributivo y obedecía al principio de responsabilidad colectiva que se purgaba en el ámbito privado. Con la evolución de las sociedades se reveló que la conducta humana podía someterse a reglas diferentes a las causales y al determinismo inmanente a estas, y se creyó en la autodeterminación humana en el terreno social, lo que legitimó el surgimiento del derecho penal, en virtud del cual, fenómenos fácticos fueron traducidos al lenguaje jurídico y el secuestro del delincuente por parte del aparato sancionador pasó a llamarse prisión. 

Aunque la cárcel como medida preventiva para los condenados a muerte data de tiempos inmemorables, la pena privativa de la libertad solo aparece hasta la modernidad como una opción custodial secularizada pero enraizada en la inquisición y sus modos de penitencia. Esta medida funcionaba como técnica de segregación masiva o, en palabras de Foucout, de “Profilaxis social”, práctica que obedecía a la convicción de que la solución a los problemas sociales era secuestrar a sus protagonistas en un espacio apartado y desvinculado del contrato social. 

Sin embargo, el surgimiento de la pena de prisión en 1971 se consideró un triunfo para la humanidad, partiendo de que las penas más frecuentes en la edad media eran la de muerte y la tortura, desacreditadas por Beccaria en “De los delitos y de las penas”: la primera por ser la guerra de la nación contra un ciudadano, injusta, innecesaria e ineficaz, y la última porque un torturado no tiene credibilidad ni purgará las penas del alma con el sufrimiento del cuerpo (creencia que demostraba la aproximación delito-pecado). Con el tratado de Beccaría se daría inicio a las Ciencias penales al señalar sus principios rectores: 

  • La racionalidad 
  • La igualdad ante la ley penal
  • La proporcionalidad delito-pena
  • La publicidad de la justicia penal
  • La prohibición de interpretación judicial
  • La legalidad
  • El grado del daño social causado como criterio para medir la gravedad del delito
  • La separación de poderes

En resumen:
“Para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles, en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y dictada por la leyes”[2]
Estos principios, como garantías individuales, imperaron en las diferentes escuelas penales que surgirían más adelante y sólo variarían en la asignación del objeto y el método de estudio de la ciencia, a la que acompañaría en adelante, la prisión como institución obligada en su fase de ejecución. 

Sin embargo, el problema de la justificación del ius puniendi y de la idoneidad de la prisión para el cumplimiento de sus fines, ha sido persistente, las diferentes teorías de acuerdo a su tinte ideológico le asignan tareas específicas pero siempre emiten más críticas que respaldo. Por ejemplo, en un principio se le asignó una función retributiva o de reparación del mal causado; en el SXIX con el sistema penitenciario progresivo, el trabajo y el tratamiento penitenciario, se creyó en la readaptación de los reclusos; con la incursión de ideas utilitaristas en la dogmática penal se justificó la pena en su ideal de prevención pero el fenómeno de la reincidencia mostró la ineficacia de éste. Otras corrientes afirman que la pena contribuye a la cohesión y disciplinamiento social, a reafirmar la autoridad y la moral comunes y a ratificar la norma. Teóricos más desencantados dicen que sólo sirve para evitar un castigo informal más salvaje contra el agresor; y los más importantes sectores abolicionistas incluso niegan la legitimidad del Estado para intervenir coactivamente en las esferas más íntimas de los ciudadanos, y subrayan la evidente relación del modelo de producción económico con el sistema punitivo, lo que ratifica la idea marxiana del castigo como mecanismo de lucha de clases.

Sobre este último fin no declarado, en relación con la economía se ha dicho que las cárceles formaban obreros para trabajar en las industrias emergentes de la edad media, es decir, la prisión surgió como técnica para disciplinar mano de obra útil a las fábricas. Así los penados formados en las cárceles[3], luego ayudarían a la consolidación del capitalismo como obreros asalariados. En realidad un buen resultado constituiría sacar de las prisiones seres formados para el trabajo, pero ¿Qué pasó después con la crisis del capitalismo? Que entonces las prisiones fueron usadas para sustraer mano de obra del mercado y reducir los niveles de desempleo que generaban el crecimiento de los delitos contra el patrimonio tras forzar a los más pobres a delinquir para sobrevivir. Las casas correccionales fueron usadas ahora para limpiar las ciudades de mendigos, vagos y prostitutas. 

Sólo hasta los SXVII y SXVIII se comenzó a escindir la política social, causal y esporádica, de la política criminal, represiva y de corto plazo. Pero en el SXX, con el modelo asistencialista de Estado forjado luego de la Segunda Guerra Mundial sobre el cimiento de las Constituciones, se consagró el garantismo penal que se expresó en declaraciones tan importantes como la Cartala Organización de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1957 que fueron implementadas por algunos países con economías sólidas. Desafortunadamente con la crisis fiscal del Estado y la quiebra del Welfare state[4], el sistema punitivo, última preocupación de la sociedad, no tuvo más presupuesto para realizar su ideal rehabilitador y se hizo aún más ineficaz, sobre todo porque ante la crisis social y la marginalidad en que viven desde entonces la mayoría de los hombres libres, la prisión no puede cumplir con el principio de menor elegibilidad, según el cual, las condiciones de la prisión deben ser peores que las del entorno de cualquier persona libre, y aunque en muchos países, verbigracia, Colombia, las condiciones carcelarias son infrahumanas, en el mundo viven en libertad personas que no alcanzan ni siquiera el nivel de vida de un penado. 


Por Juliana Uribe MejíaInvestigadora invitada. Colaboradora Internacional de Encuentro Jurídico. Estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia, Colombia. 

Notas de referencia:

[1] Vendetta: f. Venganza derivada de rencillas entre familias, clanes o grupos rivales. En: Diccionario de la Lengua Española, 22da e.d., http://www.rae.es/rae.html
[2] Bonesana, Cesare, De los delitos y de las penas, Valetta Ediciones, 2004. Pp. 128.
[3] Ejemplos más dicientes son la pena de esclavitud en galeras (remeros para las guerras navales), sustituida luego por el bagno (trabajos forzados realizados en tierra relacionados con la navegación), la deportación (que ayudó a la expansión colonial) y las servidumbres penales de trabajo forzado.
[4] El concepto Estado del bienestar se utiliza para denominar -en ciencias políticas, etc.- una aproximación o propuesta política o modelo general del Estado u organización social, usualmente entendida como una según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar


Forma de citación sugerida:
Uribe Mejía, Juliana. Los Fines de la Pena en el Sistema Penitenciario (Parte I). Encuentro Jurídico, 20 de agosto de 2009.

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