Reseña Debate: Consideraciones sobre la Teoría Abolicionista del Derecho Penal.

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I.- INTRODUCCION AL DEBATE

La mesa de discusión comenzó con una introducción del tema. La misma consistió en una exposición breve de qué es la teoría abolicionista del derecho penal, cuál es su origen, cuáles son las diversas posturas, los puntos controvertidos, la naturaleza de la teoría, así como la descripción de teorías alternativas. A continuación puntualizaremos estas temáticas introductorias:

¿QUÉ ES?

Las teorías abolicionistas del Derecho Penal son un conjunto de tesis muy diversas que, en general, proponen la eliminación y sustitución del Derecho Penal como mecanismo para tratar las conductas desviadas.

Es importante destacar que no se trata de una sola teoría o postura, sino de un grupo muy diverso de teorías pocas veces relacionadas entre sí. A pesar de que todas abogan por la sustitución del Derecho Penal, tanto las razones que proponen para esta eliminación, como las alternativas por las que propugnan son muy diversas.

Por ejemplo, los marxistas, al igual que los anarquistas, señalan que el Derecho Penal responde a los intereses de la clase dominante o del Estado, respectivamente. Ambos grupos suponen que el Derecho Penal es un mecanismo de dominio que otorga una legitimación al Estado o a la clase dominante para usar la fuerza contra las personas. Además observan que no sólo la tipificación de los delitos es monopolio del poder, sino que las personas delinquen debido a que la sociedad condiciona sus opciones y propicia la comisión de delitos. Por tanto, ambos grupos concluyen que con la eliminación de la sociedad de dominación (según las formas particulares que cada corriente propone) y del Estado las personas se autorregularán para no cometer delitos o combatir los delitos que se cometan sin la necesidad del exceso de fuerza que caracteriza al Estado.

Otras posturas que no cuestionan el modo de producción, sostienen que la intervención estatal es intolerable por ser excesiva, por lo que debe permitirse que las comunidades busquen formas alternativas de justicia que no involucre la limitación de los derechos individuales. Algunas posturas incluso proponen dejar toda la actividad al Derecho Civil, proponiendo que todo delito sea sujeto a simples reparaciones.

Estas son sólo algunas de las propuestas abolicionistas. Existen esfuerzos concretos que han obtenido resultados interesantes en este ámbito, al respecto aconsejamos ver la comunidad de Cristiania en Dinamarca.

ORIGEN

Las teorías abolicionistas surgen como resultado de la Criminología crítica y de los movimientos sociales revolucionarios, ambos en el siglo XIX, en Europa.

Los estudios que han demostrado la influencia casi nula de la amenaza de una pena en la delincuencia y que han encontrado diversas causas para los delitos en la realidad social y psicológica de los agentes infractores propuso la necesidad de combatir el delito desde otra perspectiva y eliminar los mecanismos de represión estatales.

ALTERNATIVA

Esencialmente, la alternativa comúnmente sugerida a esta teoría es la teoría reduccionista de la pena, mediante la cual se aboga, no por la eliminación del régimen penal, sino que más bien por la disminución de la severidad con la que el poder punitivo del Estado pretende combatir el delito. Es en este sentido, que se analiza críticamente la pena privativa de libertad (como pena por excelencia actualmente), así como el sistema penitenciario de nuestros días. Se aboga pues, por la adopción de un Derecho Penal garantista y el desarrollo del Derecho penitenciario hasta convertirlo en garantista, pero sobre todo práctico y dinámico, capaz de obtener resultados que beneficien al reo. Adicionalmente, se propone reducir los delitos sujetos a privación de libertad, eliminar tipos penales excesivos y, principalmente, desarrollar una política que combata las causas de los diversos delitos, como la educación amplia y de calidad, mejores y mayores oportunidades de trabajo, lucha contra la impunidad, combatir la corrupción, pública y privada, empoderamiento de las comunidades locales, etc.


II.- DESARROLLO DEL DEBATE

¿Cumple el Derecho Penal una función? Ha sido el común denominador de los miembros de la mesa de discusión, responder dicha pregunta en afirmativo. Se plantea que el régimen sancionador es requerido como manera de, por un lado, evitar, y por otro reprimir las conductas desviadas de las personas, ambos con el fin último de asegurar la coexistencia pacífica de los miembros de la sociedad humana ¿lo ha logrado? ¿ha sido efectivo? ¿se puede considerar fracasado el método?

Se advierten además sus defectos. Citando a autores como Zaffaroni, surge el planteamiento de que el Derecho Penal, en su dimensión real y tangible, no funciona más que para los delincuentes más descuidados e infortunados, en tanto sólo un 5% de ellos es descubierto, por lo que no pudiéramos en sí hablar de prevención.

Inmediatamente, se impone la siguiente interrogante: ¿son los agentes infractores realmente culpables de la conducta desviada o es su intención constitutiva del delito constreñida por la condición de víctimas de sus necesidades (sociales)?

Esta última interrogante pudiera parecer descabellada, sin embargo, fue objeto de mucha discusión y consideración en la mesa de debate. Se argumentó primero que efectivamente nuestras acciones están marcadas por nuestro entorno, por nuestras condiciones y necesidades, y que aunque las mismas faciliten la comisión del delito, corresponden a un escenario distinto del mecanismo puramente interno que determina su comisión. Se presentó a título de ejemplo el escenario posible en que dos personas pueden ser víctimas del mismo entorno social “inducivo” del delito, e incluso respondan a las mismas necesidades para sobrevivir, y sin embargo, es claramente posible que una delinca mientras que la otra no. Muchos factores influyen.

Se discutió además la distinción entre el motivo y la intención, siendo cualquier estado de necesidad por el que se delinca, el motivo de la conducta penada, por contraposición a la intención, definida como el designio voluntario de delinquir, que ya materializada se convierte en lo que la ley penal prohíbe.

Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, surge la siguiente interrogante alternativa, tendiente a desviar la cuestión al factor culpabilidad subjetiva ¿Debe atribuirse la misma culpabilidad a quien delinque estrictamente para cubrir una necesidad de supervivencia (digamos el hambre), no siendo responsable de la misma, que a quien no la tiene? Unos defienden la negativa en virtud de que consideran contrario a la equidad dar igual rango de culpabilidad a ambos infractores, mientras que otros se despliegan por la vía de la analogía: tanto el infractor pobre como el rico responden a necesidades que condicionan su actuar. Independientemente de lo banal que pudiera constituir la justificación del rico frente al pobre (necesidad de estatus social o de comprar un yate, frente a necesidad de comer) son necesidades humanas que no distinguen culpabilidad, pues ¿quién asegura que la misma persona pobre, una vez provista de suficientes medios, no va a cambiar sus necesidades por otras más banales, y que éstas no le constreñirían a la hora de delinquir? La cuestión es sumamente delicada, y advertimos disposiciones legislativas que justificarían esta descabellada línea de pensamiento: la figura del robo famélico, por ejemplo.

Lo anterior responde a una discusión sobre los aspectos centrales de la materia penal, que vienen a servir de basamento para la consideración de la viabilidad de su abolición. En lo adelante observemos cuáles fueron las cuestiones que se discutieron en torno a la teoría en sí.

El mayor de los desacuerdos con la teoría abolicionista del Derecho Penal se encuentra en su poca adaptabilidad con la realidad actual. Es un argumento importante en este sentido el carácter de necesidad humana a que según el criterio de algunos responde el Derecho Penal. Esto es que esta rama jurídica se fundamenta en una necesidad de la comunidad humana para regular las relaciones entre sus miembros en pro de asegurar una coexistencia pacífica entre los mismos. La teoría aquí estudiada podría creerse que hace caso omiso a esta necesidad; y es en este momento cuando surgen los siguientes contra-argumentos ¿ha cumplido verdaderamente su función el Derecho Penal? ¿es o no es exigible un cambio de método?

Ante la formulación de esta cuestión, el tema se desvió necesariamente al tema de la reformulación de las penas, o a la manera en que las mismas han de ser aplicadas. Según esta línea de pensamiento, el problema no es abolir o no el Derecho Penal, sino que más bien abolir o no la pena por excelencia, la privación de libertad, y en su defecto reformar su método de aplicación, o en otras palabras, reformar el sistema penitenciario.

Por un lado, primero se analizó el origen de la pena privativa de libertad. Se mencionó que la misma surge cuando la libertad (de circulación) fue consagrada como un derecho inherente a la persona, y que de esta manera, deberíamos recordar que no siempre ésta ha sido la vía sancionatoria ni mucho menos reformatoria de la persona que delinque. Antes de esta consagración, las penas iban desde la muerte (hoy día no se escapa de esta realidad en muchas latitudes) hasta la mutilación, el castigo y el sometimiento a regímenes de servidumbre y esclavitud. De la misma manera en que consideramos muchas de estas etapas históricas de sanción como etapas ya superadas y sus penas inhumanas e inconcebibles hoy día ¿por qué no habría de verse en un futuro la pena de prisión de la libertad con el mismo nivel de atraso con el que etiquetamos sistemas de sanciones de antaño? Esta pregunta condujo necesariamente a otra ¿no es el trayecto histórico del sistema penal una muestra de que el mismo va encaminado necesariamente a su abolición?

Mientras unos identificaban el Derecho Penal como una rama del Derecho autodestructiva, en tanto su fin, aunque utópico, es la erradicación del delito en la sociedad humana y en consecuencia la prescindencia de un sistema sancionador; otros reafirmaban la idea de que lo oportuno era abolir la pena privativa de libertad y suplantarla por otra ¿serían suficientes las penas pecuniarias? ¿las sanciones civiles?. Aunque no del todo de acuerdos con alternativas, sí se estuvo de acuerdo con las fallas que adolece el sistema penitenciario a nivel global. El mismo ha fallado indudablemente en su función reformadora; prueba de esto son los altos niveles de reincidencia.

De esta manera se logra un consenso. Hablar de abolir el Derecho Penal es inconcebible en nuestro actual estado de cosas y en el que proyectamos a futuro. Lo que sí se requiere es hablar de un Derecho Penal Reformado que distinga entre sus virtudes y sus defectos y actúe para la corrección de estos últimos y la preservación de los primeros. En este sentido es que este grupo de debate consideró la reformulación de las penas privativa de libertad y de muerte, como una necesidad global. Para ello, se pedía su reestructuración, lo que implica necesariamente la evaluación del sistema penitenciario, así como del sistema persecutor de delitos.

Se concibió la idea de que la pena de privación de libertad implicaba únicamente eso, privar la libertad, y que no implicaba la privación de otros derechos, falla que adolece, nos atreveríamos a afirmar que casi la totalidad de los sistemas carcelarios del mundo. Se planteó además la necesidad de la reducción del catálogo de tipos penales que ha venido padeciendo las consecuencias de un sistema penal inflacionario.

Para finalizar no podemos dejar de destacar que entre las posiciones se concibió la posibilidad de abolir la pena privativa de libertad, sin embargo, pocas propuestas de sustitución fueron presentadas. Soluciones en concreto sí fueron aportadas: por una lado, la importancia de un sistema educativo no sólo fundado en conocimiento sino que además en ética era clave como método alternativo de prevención del delito; y por el otro, la creación de la oportunidad del trabajo dignificante para cada ciudadano, entre otras soluciones de corte social, ámbito que fue mayormente identificado como la raíz del problema delincuencia.

De esta manera sintetizamos lo acontecido en el Primer Debate Abierto. Esperamos, los once participantes, haber cumplido nuestro objetivo: contribuir con el análisis crítico de temas de relevancia social; en este caso, haber contribuido con el análisis crítico del por qué del Derecho Penal y las penas, y sus alternativas propuestas.


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