Los Haitises: La Lucha aún No Termina!

Por Aníbal A. Mauricio Paz.

¿Celebrar, Desconfiar o Llorar?

La semana pasada nuestro país recibió la noticia del fallo dado por la Jueza Sarah Henríquez Marín (Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo) acogiendo la medida cautelar que suspende de manera provisional los trabajos de construcción de la cementera en las periferias al Parque Nacional Los Haitises por parte del Consorcio Minero Dominicano.

Esta noticia ha sido celebrada por gran parte de la población, sobretodo los habitantes del Distrito Municipal de Gonzalo, Monte Plata, así como los grupos en pro del medio ambiente y la sociedad civil en general que ha manifestado su rotundo rechazo.

Con visión general, el fallo marca un importante precedente en la materia, ya que no solo se trata de que responda a los reclamos de los grupos en contra de la cementera, debemos recordar que la justicia es imparcial, sino mas bien y he ahí lo importante, a las actuales consideraciones doctrinales acerca del derecho ambiental que para la especie favorecen a los demandantes. Cabe destacar uno de los considerandos el cual expresa: “en materia ambiental el principio de precaución exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que este ocurra, principio declarado también de “cautela” que exige la adopción de medidas de protección antes que se produzca realmente el deterioro del medio ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos”.

La decisión puede marcar un antes y un después en la política medio ambiental nacional, en la efectiva actuación de quienes deben tutelarle así como en las normas y procedimientos establecidos en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 y sus leyes complementarias.

Ahora bien, ya lo decía Friedrich Nietzsche "Todo idealismo frente a la necesidad es un engaño." Traducido a nuestra realidad nacional, podemos advertir dos situaciones: 1) Seguimos cambiando Oro por Espejos 2) Nuestros líderes se aprovechan de ello. No se trata de una simple habladuría, una tras otra vez nos sangran la herida con el mismo puñal. Entonces, ¿Hay razones para desconfiar? Veamos...

A finales del año pasado celebramos con bombos y platillos la sentencia del caso Baninter, creyendo inocentemente que por fin caían los criminales de cuello blanco... para que estos poco después recibiesen del Poder Ejecutivo, cual honorable galardón, el indulto o perdón de sus fechorías.

Continuamos... nuestro más alto Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, haciendo uso de una lógica obtusa y un derecho desconcertante declaró inadmisible la acción en inconstitucionalidad contra el préstamo firmado entre el Gobierno dominicano y la empresa estadounidense Sun Land, hecho que debilita el estado de derecho y la seguridad jurídica nacional, colocando a la Constitución Nacional tal y como decía un fenecido político como un simple "Pedazo de Papel".

Aún más, nos preguntamos ¿Qué ha pasado con el caso Parmalat? ¿Dejaran vencer el plazo para presentar acusación? A la fecha, Parmalat, no ha presentado querella, cuatro (4) personas relacionadas al caso han sido asesinadas, mientras el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, afirma que “el caso continúa, no se ha cerrado y está aún dentro del plazo para presentar acusación. Antes de que se venza el tiempo, se está declarando “complejo" para permitir ampliar las informaciones. Se tomó esa medida con la finalidad de investigar algunas cosas. ”

Estimados colegas, congeneres, compatriotas, ante este reincidente panorama no es locura cuestionarnos y dudar sobre el fallo de la Magistrada Henríquez ¿será una artimaña política para satisfacernos y olvidarnos de la cuestión? ¿será en realidad la correcta aplicación del derecho y la justicia y con ello la reivindicación del clamor popular?

Aislando los prejuicios e intereses: SI queremos cementera!

Nos encontramos en un punto tal en que debemos poner en claro ciertas consideraciones. Confiando en que real y efectivamente el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario ha sido dado cumpliendo su función de impartir justicia en base a derecho, debemos aislar los intereses empresariales y políticos que extraen cual sanguijuelas la esencia misma del conflicto.

Por tanto, si por encima de los vicios ocurridos en el otorgamiento de la licencia ambiental y como objetivo primordial del Estado y de los empresarios envueltos en el proyecto se encuentra el desarrollo nacional y comunitario, la oportunidad de empleos y la competitividad comercial internacional, cabe revaluar la ubicación y estrategia comercial de la cementera. Si bien no soy un docto en la materia, tengo la seguridad de que nuestro territorio nacional cuenta con otras zonas donde puede ejercerse la explotación minera manteniendo su rentabilidad, cumpliendo con la responsabilidad ambiental sostenible y afectando positivamente a los pobladores circundantes.

Disipada la neblina podemos ver claramente el camino. Y asumiendo la supuesta “buena fe” de los empresarios, el pueblo debe convidarles a rectificar sus actuaciones sin convertir la causa en una cacería de brujas (Macarthismo) o una intolerante cruzada.

El Pueblo: Guardián del Patrimonio Nacional.

Todos recordamos de la escuela de derecho, aquella figura vista en las clases de derecho civil denominada el “guardián de la cosa inanimada” en virtud de la disposición consagrada en la primera parte del artículo 1384 del Código Civil, el cual reza: Art. 1384.- “No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado (...)”

Para lograr la conexidad hacia el punto al cual deseamos llegar, debemos recordar también los artículos tres y cuatro de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales enuncian: Art. 3.- "Los recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio común de la nación y un elemento esencial para el desarrollo sostenible del país.”; Art. 4.- “Se declara de interés nacional la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente y los bienes que conforman el patrimonio natural y cultural.”

Por lo referido precedentemente podemos colegir que el Estado tiene entonces la responsabilidad de la protección del patrimonio nacional, pero, si nos vamos un tanto mas lejos descubriremos que el Estado entendido como una organización jurídico-política no puede existir sin tres elementos fundamentales: pueblo, territorio y poder; Y que estos a su vez conforman las características de una nación (Conjunto de individuos que comparten una lengua, una cultura y un espacio geográfico). Llegaremos así a la ávida cuenta de que cada uno de nosotros, los individuos, constituimos los verdaderos y más importantes responsables del Patrimonio Nacional, sus guardianes y principales dependientes.

Conclusión.

La República Dominicana ha tenido que probar del elixir de las amargas experiencias para despertar ante la realidad. Ahora, toca mantener los sentidos agudos, cual atalayas pendientes de las bárbaras invasiones. Actuar con justicia, responsabilidad y moral no es una prerrogativa de las autoridades, sino su obligación y su exigencia por parte del pueblo es un deber y de cada individuo actuar en dicha forma es la máxima expresión de nuestra humanidad.

Que alegría significa poder imaginar llevar a mis futuros hijos en viaje a Los Haitises, Bahía de Las Águilas u otros destinos naturales y decirles sin titubeo “Este es nuestro legado más preciado para ustedes, así es y así debe ser”.

Hagamos las cosas, pero hagámoslas bien.

¡Viva la República Dominicana!

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