Las políticas públicas como medio para enfrentar la pobreza.

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Por Nestor Saviñon.



Introducción

Los Estados están obligados a garantizar cierto nivel de dignidad a los habitantes que lo conforman. Casi todas las constituciones tras la mexicana de 1917 consagran derechos económicos y sociales que deben ser satisfechos. Entre estos derechos esta el acceso a un trabajo digno, a una buena educación, a una alimentación adecuada, a un servicio de salud decente, entre otros.

Una de las herramientas usadas por el Estado para lograr estos fines son las políticas públicas. Las políticas públicas son planes programáticos de ejecución e implementación de medidas tendentes, en este caso, a salvaguardar estos derechos e ir incidiendo en contra de la marginalidad, de la discriminación y la pobreza[1].

Cuando nuestros estadistas ascienden a cargos electivos juran no solo proteger la constitución y las leyes, sino a tomar acciones tendentes a garantizar mejores niveles de vida a la población, propendiendo, por demás al crecimiento material y espiritual de la nación que le eligió.

La forma de manifestarlo, es hacer que ese engranaje maravilloso que es el Estado cumpla con sus fines, son pues estas medidas focalizadas de ejecución de índole político administrativa a las que denominamos políticas públicas.

Políticas Públicas para el Combate de la Pobreza.

Como hemos señalado, los Estados se ven obligados a efectuar medidas en pro de paliar la miseria, por medio de políticas públicas, para garantizar niveles esenciales de los denominados derechos sociales, ya que “Un Estado en que un número importante de individuos esté privado de alimentos esenciales, atención primaria, abrigo y vivienda básicos o de las formas mas básicas de la enseñanza, prima facie no está cumpliendo con sus obligaciones[2]

El concepto de pobreza no es nuevo en la historia. Ya a mediados del siglo XVI, en Inglaterra se propusieron leyes para combatirla (the English poor laws, dictadas en 1563, 1572, 1576, 1597 y 1601, en el período isabelino) por diversas razones: la primera, por las circunstancias económicas y por la presión de la población; luego, por cambios en la concepción (basada en el puritanismo y el protestantismo) de lo que los gobiernos podían y debían hacer a favor de los pobres y, por último, por la ambición política de controlar a quienes las elites consideraban súbditos “inferiores”, aunque en algún momento del siglo XIX se usaron como punta de lanza para reformas de salud encabezadas por Disraeli y los whigs, quienes inspiraron, un siglo después, las reformas que haría Harold Macmillan cuando se convirtió en Primer Ministro del Reino Unido.

En este mismo tenor, algunos países, en especial durante la codificación ilustrada, introdujeron en su codificación penal disposiciones que sancionan la vagancia y mendicidad, como es el caso del Código de Instrucción Criminal Francés[3].

Lo que es relativamente nuevo es la idea de que el Estado (así como los organismos internacionales y los organismos no gubernamentales) deben intervenir de manera continuada y sistemática para mejorar la situación de quienes viven en la pobreza y en la extrema pobreza[4].

Más nueva aún es la comprobación de que las causas de la pobreza y la situación de pobreza misma son diferentes para mujeres y hombres y que, por lo tanto, se necesitan políticas[5] y programas que consideren las diferencias de género[6] en los procesos que originan y mantienen las situaciones de pobreza.

Los modelos explicativos y la forma de medir la pobreza también definen políticas para enfrentarla. Si se mide la pobreza en función de situaciones de carencia y por el método del ingreso, la consecuencia más frecuente es que se actúe sobre las carencias mediante transferencias de subsidios monetarios, cursos de capacitación laboral, pavimentación de calles, saneamiento, provisión de servicios en las áreas de educación y salud, otorgamiento de créditos bajo condiciones especiales, y otras medidas compensatorias de corto plazo.

En cambio, las propuestas que se realizaron en la década de 1960 para disminuir la marginalidad consideraban la provisión de infraestructura urbana, la organización de los grupos marginales y la incorporación al mercado laboral como los mecanismos centrales que ayudarían a esta población a integrarse social y económicamente.

Las políticas diseñadas en esa época para reducir la desigualdad social incluían redistribución de recursos por la vía impositiva y políticas sociales y económicas redistributivas, como la asignación diferenciada de recursos a la educación básica en salud y educación y las políticas de discriminación positiva a favor de individuos y grupos desfavorecidos.

Hacia la década del 2000, junto con un aumento en los niveles de pobreza de la población, aparecen nuevas formas de gestión pública que reorientan los esfuerzos estatales hacia programas encaminados a disminuir la pobreza, en especial la extrema pobreza. Por ello, creo que no es ocioso el que hagamos el siguiente ejercicio: Dividamos la sociedad en diversos grupos: contribuyentes y no contribuyentes. Los contribuyentes son los que mas contribuyen al crecimiento del PBI y son los que pagan impuestos.

El Estado, por medio de la erogación de esos impuestos, crea planes para que lentamente los miembros de los no contribuyentes puedan engrosar las filas de contribuyentes y de esa manera facilitar la lucha contra la pobreza. ¿Existen posibilidades de que alguien no avance? Si, pero siempre tendrá oportunidades de escalar en la medida que sus esfuerzos sean dirigidos hacia la consecución de ese objetivo.

Esto esta diseñado para que cada vez el Estado tenga mayores recursos y así pueda dedicar ese superávit a elevar a otros sectores que requieran de una igualdad positiva de oportunidades, es decir, posibilidad de escalar socialmente, producir riquezas e influir en el PBI, con el fin de combatir la pobreza.

En la actualidad se está tratando de incorporar en las mediciones de pobreza aspectos no materiales de la misma, relacionados con la ampliación y fortalecimiento del capital social de la población pobre por medio de su participación en las redes sociales de intercambio: educación, trabajo, información, poder político.

Este mejoramiento de los niveles de participación de la población pobre acrecienta la cultura democrática y solidaria en la sociedad, y el tiempo libre del que pueden disponer las personas para el descanso y la recreación también representa un bien valioso en situaciones en que la dificultad de generar recursos para la supervivencia lleva a alargar la jornada laboral.

En suma, se han identificado seis fuentes de bienestar de las personas y hogares: i) el ingreso; ii) los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales gratuitos o subsidiados; iii) la propiedad o derechos sobre activos para uso o consumo básico (patrimonio básico acumulado); iv) los niveles educativos, con las habilidades y destrezas como expresiones de la capacidad de hacer y entender; v) el tiempo disponible para la educación, el ocio y la recreación, y vi) las dimensiones que en conjunto fortalecen la autonomía de las personas.

Se podría decir que hay ciertas dimensiones básicas de la pobreza que deberán considerarse para una adecuada intervención de las políticas públicas:

- Dimensión sectorial: educación, empleo, salud, ingresos e inserción laboral, vivienda. Factores adscritos: el género, la raza y la etnia que cruzan las dimensiones sectoriales. También se debe considerar la edad y el ciclo de vida de las personas.

- Dimensiones territoriales[7]: Para contribuir a la superación de la pobreza hay que trabajar a partir de las iniciativas y potencialidades existentes en los sectores pobres (capital social) y en el entorno donde ellos residen o trabajan.

- Dimensión familiar: es preciso tener en cuenta la etapa y el ciclo de vida familiar en que se hallan las personas, así como los intercambios económicos y la distribución del trabajo al interior de la familia. Esto podría indicar que algunos miembros de hogares no pobres (por ejemplo, mujeres sin ingresos propios) podrían ser consideradas pobres de la misma forma que hombres de hogares pobres podrían no serlo si la distribución de recursos al interior del hogar es inequitativa y ellos conservan para su propia disposición la mayor parte de sus ingresos.

En América Latina la relación entre pobreza y desigualdad es de larga data. La evolución de ambos fenómenos en las últimas décadas ha sido desigual: aunque se ha logrado disminuir la proporción de población pobre e indigente, han persistido los niveles de desigualdad en el ingreso regional.

“La desigualdad (entendida como el grado de concentración y polarización de la distribución del ingreso urbano según grupos de la población), aun cuando constituye una problemática más amplia que la pobreza, constituye en el caso de América Latina un referente complementario obligado, puesto que tiene determinantes comunes y marca, además, tanto los niveles de crecimiento económico y gasto social requeridos para la erradicación de la pobreza urbana como los plazos en que puede aventurarse el logro de dicho objetivo en los distintos países”.

Se estima que en América Latina, entre 1990 y 2002, ha aumentado la desigualdad en la distribución de los ingresos —medida por el coeficiente de Gini—, debido principalmente a la elevada proporción de ingresos que concentra el decil de hogares de ingresos más altos.



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[1] la CEPAL definía la pobreza como “un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizá la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad” (Altimir, 1979).

[2] Ferrajoli, Luigi. Derechos sociales como derechos en serio. P.89

[3] En república dominicana, país receptor del derecho francés, se mantuvieron estos tipos penales hasta avanzado el siglo XX. La vagancia se despenalizó en 1984 y la mendicidad ha caído en desuetud, ya que nadie la invoca ni se querella por dicha causa.

[4] En casos como el uruguayo se da un estado de bienestar mixto donde tanto entidades privadas como son asociaciones colectivas, ONG’S, y otras tantas se encargan de diversas actividades, mientras que el estado se encarga de otras y regula. Esto posee el unico inconveniente que puede provocar una sobrecarga estatal si no hay suficientes recursos de los privados o si dan un servicio deficiente.

[5] Al respecto debemos acotar que Brasil es un ejemplo regional, al crear la SEPPIR, que es la secretaria encargada de la igualdad racial, ademas, que desde la constitución de 1991, la primera tras la junta militar, se han establecido planes focalizados con el fin de atacar la pobreza por raza, por genero, por ubicación geográfica y por otros tantos factores que inciden en la pobreza.

[6] se ha demostrado que un hombre gana mas que una mujer. Si es blanco gana mas que su par negro, que una mujer blanca y una negra. Una mujer blanca gana mas que ambos sectores negros y el hombre negro gana mas que la mujer negra.

[7] La republica dominicana, tratando de conseguir estos fines votó una ley en el 2001, la 3-01, convirtiendo la zona fronteriza en “ zona franca de arancel cero” con el fin de fomentar la industria y comercio, por medio del sistema de acumulación originaria de capitales, pero esta ley se volvió una fuente de problemas y quebraderos de cabeza, al generar contrabandos masivos hasta que sufrió una fuerte modificación que eliminó casi todas las concesiones al régimen económico especial hechos anteriormente.

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