Retroceso Jurisprudencial con el Caso SUNLAND

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Por: Ernesto Guzmán Alberto

Uno de los casos más conocidos por el pueblo dominicano, una punta de lanza en la campaña presidencial 2008 y que todavía permanece con vitalidad, es el controversial contrato suscrito entre la Sunland Corporation y el Estado Dominicano, el cual ha sido objeto de un fallo judicial cuya base jurídica principal, es contraria a la naturaleza misma de la acción incoada, es decir, contraria al derecho contemporáneo. Desfigurar la acción de inconstitucionalidad por una coyuntura política, no es más que otra “metida de pata” del gran componente político presente en el máximo Tribunal.


Prudente no ha sido emplear este elemento (la calidad) como motivación jurídica o base principal de la Sentencia, ya que podrían haber agotado otro argumento jurídico que burle en menor grado la inteligencia del pueblo. Pero es que de todos modos los intereses políticos han incidido demasiado en cuestiones que se suponían del pasado, hemos llegado a un real estado de indefensión, que por medio de la información y la publicidad queda muy bien arropado.


LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN 1998.


Como consecuencia de la reforma judicial del 1994, en la cual nuevamente se instauraba el derecho a demandar inconstitucionalidades por vía directa, la Suprema Corte, en el ejercicio de sus funciones en fecha 08 de agosto del año 1998, fijó jurisprudencia definiendo “parte interesada” como “…aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legitimo, directo o actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria”. Con esta jurisprudencia se hizo destinada fundamentalmente a la defensa de un interés público honor a la naturaleza y origen de dicha acción en procura de justicia, dando derecho al pueblo dominicano de reclamar directamente que la constitución sea respetada.


LA DOCTRINA IMPERANTE.


Juristas y doctrinarios contemporáneos en la materia han expuesto los criterios prácticos y formales de la acción de inconstitucionalidad. No hay dudas de que la Suprema conoce cuál es la tendencia, lo que han intentado realizar es un cambio jurisprudencial inverosímil, rompiendo con la unidad jurisprudencial, atendiendo a asuntos meramente coyunturales.


El profesor Jorge Prats hace referencia al “carácter popular de la acción”, exponiendo que “la acción directa en inconstitucionalidad es de carácter eminentemente popular porque está, el reestablecimiento del imperio de la constitucionalidad, mediante la anulación de las normas o actos inconstitucionales” (JORGE PRATS: 330). Prats también considera que es una “verdadera acción popular que garantiza el derecho constitucional de todo individuo a denunciar la inconstitucionalidad y a proteger así no solo un derecho subjetivo violado sino a garantizar el ordenamiento constitucional, actuando como verdadero centinela de la constitución y las leyes” (JORGE PRATS: 341). [Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional. Vol. I).


Las opiniones de la comunidad jurídica dominicana son condenatorias a supracitada Sentencia. Por un lado Nassef Perdomo considera la Sentencia como “otro precedente nefasto”, hecho que en sus palabras “ha dejado abierta la puerta al desastre constitucional”. Mientras que Cristóbal Rodríguez considera que “no es posible entender, desde ninguna de las técnicas de hermenéutica constitucional, el “razonamiento” de la Corte Suprema”, llegando al extremo de desecharlo como argumento jurídico. Otra opinión muy valiosa es la del Dr. Ramón Pina Acevedo, cuya posición es que “es un fallo “eminentemente político y muy bien calculado”, porque indica que los únicos que tienen calidad son los presidentes de las cámaras legislativas, que en la actualidad pertenecen al partido oficialista”.


MOTIVACION JURIDICA.


En la Sentencia queda esclarecido el punto de que ciertamente debió someterse a aprobación del congreso el contrato, citando textualmente en la página 11 del indicado fallo: “el Poder Ejecutivo estaba en el deber ineludible de someter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional, de conformidad con nuestra normativa constitucional”; esto es echado a la borda por el segundo bloque de jueces del Tribunal, encabezado por Luciano Pichardo, quienes no consideran dicho contrato como empréstito, por lo que era otra razón más para declarar inadmisible la acción. Junto a la página 11 de referida sentencia, el voto disidente y el voto salvado, son los elementos más destacados de la decisión, pues claramente la real y efectiva sustancia jurídica recayó en ellos. Pero sin lugar a dudas esto es una decisión política disfrazada de jurídica, que responde a intereses de sectores de poder y otras intenciones.


No caigamos en el insostenible planteamiento de considerar “error judicial” esta sentencia, ni tampoco descalificar a nuestro más alto Tribunal, considerándolos estúpidos, incapacitados del derecho, o algún tipo de analfabetismo jurídico, pues sería ignorar la trayectoria de cada uno de ellos, dudar de su formación y experiencia, veámoslo desde la real perspectiva, aquella que se sirve de la Justicia como instrumento de la política.


Lamentablemente no valió la pena mantener un estado de equilibrio e igualdad en la campaña electoral en consideración de las personas de los candidatos, argumento usado por uno de los honorables magistrados como la razón para retardar el conocimiento del caso por más de un año. Esto podemos considerarlo también, lo único que para ello se requiere un análisis de mayor profundidad, de base eminentemente en las ciencias políticas, como la afirmación de que con esta decisión se busca preservar un estado de equilibrio social y político, la gobernabilidad.



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