El principio de imparcialidad y las causas de apartamiento de los jueces en el proceso penal

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Para analizar el contenido de este interesante tópico, resulta indispensable partir de la noción del debido proceso, que se erige en nuestro sistema jurídico como un principio garante de los derechos fundamentales. Esta garantía, considerada como norma jus cogens[1] de Derecho Internacional, deviene no sólo en la necesidad de que el juez que ha de conocer un proceso sea imparcial, sino que por demás sea independiente, competente y que haya sido predeterminado por la Ley.

Estas garantías constitucionales se integran a nuestro sistema jurídico por las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. En específico el artículo 8, inciso 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], consagra en su catálogo de garantías judiciales que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter”.

De igual forma nuestra Constitución expresa, en su artículo 8, numeral 2, letra j, que “nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial (…)”.

Estas expresiones sustanciales adquieren mayor cuantía cuando logramos vincularlas con la finalidad principal de nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, consistente en la protección efectiva de los derechos de la persona humana[3], pues de no ser así, morirían por inanición, tal como plantea Herber L. Hart, al expresar que “los derechos no valen sino lo que valen sus garantías”[4]. De igual modo Robert Alexy y Kelsen nos exponen que la validez inmediata de la norma jurídica se apoya en la idea de su garantía. Garantías, que en palabras de Luigi Ferrajoli “(...) no son derogables ni disponibles”[5], por lo que es juez está atado a ellas, como fuente primigenia de sus decisiones, en todo su arbitrio judicial.

Como es bien sabido por todos, los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos tienen carácter vinculante entre nosotros, en aplicación estricta de lo contenido en los artículos 3 y 10 de la Constitución, que constituyen la válvula de entrada de estas garantías en nuestro sistema jurídico. En adición a esto es necesario destacar que las normas no se limitan a las garantías que protegen estos instrumentos, es decir, de igual forma se incluye la interpretación, que por vía jurisdiccional, emana del órgano llamado a juzgarlas. Es por ello que claramente resultan vinculantes las opiniones y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo de nuestro hemisferio dado a la tarea de velar por la correcta aplicación y protección de los Derechos Humanos. La misma es de fiel opinión de que “los tribunales deben proporcionar una correcta administración de justicia, circunstancia que no se logra sin (…) las debidas garantías”[6]

En la especie ha quedado establecido que “la efectiva independencia del poder judicial es un requisito imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos en general”[7], siendo ésta, junto a la garantía de imparcialidad, elemento esencial del debido proceso legal[8], vulnerándose este último con la ausencia de alguna de estas garantías, así como también cuando existen indicios de que alguna se puede ver comprometida. Esto implica que el juzgador al momento de conocer el proceso, no puede encontrarse atado a ningún vínculo que obligue o comprometa su imparcialidad. En otras palabras, tiene como único límite a sus decisiones las reglas de argumentación jurídica, no quedando subordinado a ninguna autoridad o jurisdicción.

Entre la imparcialidad y la independencia existen diferencias fundamentales que consideramos necesario aclarar. Un juez puede ser independiente, en la medida en que se encuentra libre de subordinación en cuanto a sus decisiones, sin embargo puede estar parcializado con una de las partes que intervienen en el proceso. Sobre este particular Eduardo Jorge Prats esgrime que “La independencia es un presupuesto de la imparcialidad en tanto despliega su eficacia en un momento previo al ejercicio de la función jurisdiccional, mientras que la imparcialidad tiene lugar durante el desarrollo de dicha función”[9]

De su lado, Julio B. Maier, aduce con la brillantez que le caracteriza, que el juez por la sola razón “(…) de ser independiente no reúne todas las condiciones que garantizan su ecuanimidad al decidir el caso. La independencia es una condición necesaria para garantizar la ecuanimidad, pero no es la única, ni es por ello suficiente. Otra de esas condiciones necesarias es colocar frente al caso, ejerciendo la función de juzgar, a una persona que garantice la mayor objetividad posible al enfrentarlo. A esa situación del juez con relación al caso que le toca se le llama imparcialidad”[10].

Por su parte, la resolución 1920, dictada por nuestra Suprema Corte de Justicia en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil tres (2003), expresa que “La independencia y la imparcialidad del juzgador constituyen conceptos íntimamente relacionados entre sí. Por su independencia, el juez sólo se encuentra sometido a la Constitución y a la Ley, encierra un aspecto externo y orgánico referido al poder judicial frente a los demás poderes del Estado y frente a los denominados grupos de presión y a los poderes de hecho de carácter público o privado y, un aspecto interno como garantía de los ciudadanos, para la tutela de un derecho a un juez sobre quien no sea posible la injerencia o influencia de sus pares de igual o superior categoría para adoptar decisiones jurisdiccionales”[11].

Tal cual hemos establecido, nuestra legislación reconoce el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, recordando que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional. Esta garantía fundamental del debido proceso y de la administración de justicia propia de un Estado de Derecho, reviste, si cabe, un mayor rigor ante pretensiones de condena, en las que la estricta observancia del principio de legalidad obliga a que la libertad de criterio del juzgador obedezca exclusivamente a motivos de aplicación del Derecho, y nunca a prejuicios ideológicos o personales. Esta garantía, hemos dicho, es aplicable tanto al órgano de enjuiciamiento, como al que dirige la instrucción. Sin la imparcialidad por parte de aquéllos llamados a la aplicación de la ley, la existencia de cualquier recurso deviene ineficaz puesto que, sin ésta, el mismo termina siendo incapaz de producir los resultados para los cuales ha sido concebido[12], desvirtuándose por ende su fin.

Esta obligación de no ser juez y parte, ni juez de la propia causa se traduce en dos reglas; según la primera, el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; por la segunda, el juez no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a favor o en contra de una o algunas de las partes que intervienen en el proceso. Con arreglo a este criterio, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha diferenciado entre la imparcialidad subjetiva, es decir, la que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes; y la imparcialidad objetiva, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el juez o tribunal no ha tenido un contacto previo con el thema decidendi.

Para garantizar las apariencias de imparcialidad exigidas y reparar de forma preventiva las sospechas de parcialidad, las partes gozan del derecho a recusar a aquellos jueces en quienes estimen que concurren las causas legalmente tipificadas como circunstancias de privación de la idoneidad subjetiva o de las condiciones de imparcialidad y neutralidad. Igualmente, los jueces tienen la potestad de inhibirse como medio de prevención a una eventual recusación por parte de los actores que intervienen en el proceso.

Este derecho a formular recusaciones comprende, en línea de principio, la necesidad de que la pretensión formulada se sustancie a través del proceso prevenido por la Ley con este fin y que la cuestión así propuesta no sea enjuiciada por los mismos jueces objeto de recusación, sino por aquellos otros a que la Ley defiera el examen de la cuestión. 

La regla general es, así pues, la de que el órgano recusado ha de dar curso a la recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquél de quien se sospecha la parcialidad.

Los motivos que las partes pueden oponer al momento de presentar la reacusación están contenidos en nuestra normativa procesal penal en el artículo 78, siendo éstos, a grosso modo, el parentesco o afinidad, o presunción de amistad o enemistad, así como todos aquellos que puedan dejar de lado su objetividad en el proceso. Estos motivos son los mismos que los jueces pueden hacer valer, previo una decisión motivada, para su inhibición.

En cuanto a la recusación y la exclusión, Claus Roxin expresa que la diferencia entre estas dos formas de impedimento para un juez reside en que para la primera, siempre es necesario una petición, mientras que la exclusión opera inmediatamente de pleno Derecho, aunque pueda ser hecha valer por requerimiento de exclusión[13]

Estas prerrogativas de recurso que se ponen en las manos de las partes que intervienen en el proceso, constituyen el núcleo esencial del derecho fundamental que tiene el ciudadano de acceder a la justicia en condiciones de igualdad y ante un juez que se muestre objetivo e imparcial.

Este derecho cumple una misión fundamental que le brinda seguridad jurídica al ciudadano en cuanto pueda verse envuelta en un proceso. Como bien ha interpretado el Tribunal Constitucional Español, el principio de seguridad jurídica garantiza “(…) la confianza que los ciudadanos puedan tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de las normas válidas y vigentes” (STC 27/1981, FJ 10), y de igual forma implica la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho[14]

A manera de conclusión, las garantías constitucionales del debido proceso, en este caso la imparcialidad, constituyen límites al eventual ejercicio arbitrario de administración de justicia de nuestros tribunales, que se fortalece con la obligación de los jueces de dictar sentencias motivadas, respetar el derecho a la igualdad y el principio de legalidad.


Por Jorge Antonio López Hilario. Investigador invitado. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Especialista en Derecho penal y Derecho Civil.

Notas de referencia:

[1] Los autores José Alberto Castro Villalobos y Claudia Verenice Agramon Gurrola, en su diccionario jurídico temático, Derecho Internacional Público, Vol. VII, Oxford, University Press, p. 80. Entienden por normas jus cogens, partiendo de criterio de Windscheid, “el cuerpo de reglas generales del derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal al que pertenecen, a tal punto que el sujeto de derecho no puede, bajo pena de nulidad absoluta, apartarse de ellas, por medio de convenios particulares”.
[2] Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica en el año 1969; en igual sentido el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos plantea que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella (…).” 
[3] Cfr. Constitución de la República Dominicana, artículo 8.
[4] H. L. Hart. The Concept of Law. Clarendon Press, Oxford, 1975, p. 176; Tomado de Jorge Antonio López Hilario. De la inconstitucionalidad del articulo 72 de la Ley 834. Gaceta Judicial. Año 10, No. 244, marzo 2007, Santo Domingo. p. 71.
[5] Luigi Ferrajoli. Derechos y Garantías: La Ley del más débil. Cuarta Edición, Editorial Trotta, Madrid, 2004, p. 27.
[6] Cfr. Corte I.D.H., Caso Geanie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia del 29 de enero de 1997.
[7] Cfr. C.I.D.H. Informe 1\95, caso 11.006.
[8] Cfr. Corte I.D.H., Voto Concurrente Conjunto de los Jueces Cançado Trindade y Jackman sobre el caso Loayza Tamayo Vs. Perú en Sentencia de 17 de septiembre de 1997. 
[9] Eduardo Jorge Prats. Derecho Constitucional. Vol. II, Ediciones Gaceta Judicial, Santo Domingo. 2005. p. 309.
[10] Julio B. Maier. Derecho Procesal Penal. Vol. I. Buenos Aires. Editores del Puerto. 2004. p. 484.
[11] Cfr. Resolución 1920-2003, dictada por la Suprema Corte de Justicia en fecha 13/11/2003.-
[12] Cfr. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 66.
[13] Claus Roxin. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editora Del Puerto. 2000, p. 41.-
[14] Francisco Rubio Llorente, et al. Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales. Ariel Derecho. Madrid, p. 67.

Bibliografia: 

I. Doctrina

Claus Roxin. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editora Del Puerto. 2000.

José Alberto Castro Villalobos y Claudia Verenice Agramon Gurrola, en su diccionario jurídico temático, Derecho Internacional Público, Vol. VII, Oxford, University Press.

H. L. Hart. The Concept of Law. Clarendon Press, Oxford, 1975,

Eduardo Jorge Prats. Derecho Constitucional. Vol. II, Ediciones Gaceta Judicial, Santo Domingo. 2005. 

Julio B. Maier. Derecho Procesal Penal. Vol. I. Buenos Aires. Editores del Puerto. 2004. 

Jorge Antonio López Hilario, De la inconstitucionalidad del articulo 72 de la Ley 834. Gaceta Judicial. Año 10, No. 244, marzo 2007, Santo Domingo. 

Luigi Ferrajoli. Derechos y Garantías: La Ley del más débil. Cuarta Edición, Editorial Trotta, Madrid, 2004.

Francisco Rubio Llorente, et al. Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales. Ariel Derecho. Madrid.

II. Documentos normativos

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica en el año 1969

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

Constitución de la República Dominicana

Resolución 1920-2003, dictada por la Suprema Corte de Justicia en fecha 13/11/2003.-

III. Jurisprudencia 

Corte I.D.H., Caso Geanie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia del 29 de enero de 1997.

Corte I.D.H., Voto Concurrente Conjunto de los Jueces Cançado Trindade y Jackman sobre el caso Loayza Tamayo Vs. Perú en Sentencia de 17 de septiembre de 1997. 

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. 

C.I.D.H. Informe 1\95, caso 11.006.

Sentencia STC 27/1981, FJ 10 Tribunal Constitucional Español.

Forma de citación sugerida:
Lopez Hilario, Jorge Antonio. El principio de imparcialidad y las causas de apartamiento de los jueces en el proceso penal. Encuentro Jurídico, 24 de noviembre de 2007.

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