Cultura Jurídica y Educación Proactiva

  • CULTURA JURIDICA

    El Derecho se transforma constántemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

  • EDUCACION PROACTIVA

    El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

  • RESPONSABILIDAD SOCIAL

    El Derecho es una profesión que, ejercida con vocación y responsabilidad, contribuye al desarollo y fortalecimiento de la sociedad.

29/8/2014

Del Derecho litigioso al Derecho Preventivo


Por Aníbal Mauricio*

Tradicionalmente los conceptos de Derecho y de litigio van de la mano, de tal manera que en el ideario popular no se concibe el ejercicio de la abogacía sin acudir a los tribunales. De allí surge el concepto mismo de Derecho litigioso, definible como el derecho material que es objeto de disputa en un juicio; abarcando también el conjunto de normas sustantivas y procedimentales propias del litigio.

Hasta tiempos recientes, la práctica común había sido acudir al auxilio del profesional del Derecho o a la justicia jurisdiccional con posterioridad al surgimiento del conflicto. Pero hoy en día acudir a un proceso litigioso suele involucrar el agotamiento de considerables cantidades de tiempo y de dinero.

Así pues, la necesidad ha provocado el surgimiento de vías alternativas al litigio, tales como los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y el Derecho Preventivo.

Dentro de los MASC se encuentran la negociación, la conciliación, el arbitraje, entre otros. A pesar de las múltiples ventajas que tienen frente a la opción litigiosa, guardan en común con esta última el hecho de que se acude a ellos con posterioridad al surgimiento del conflicto y que implican la inversión de cuantiosos recursos económicos y de tiempo.

Aquí entra en escena el Derecho Preventivo, que puede definirse como el conjunto de actuaciones legales debidamente acompañadas de asesoría jurídica especializada, tendentes a prevenir situaciones de conflicto, de violación de normas y los procesos litigiosos.  El Derecho Preventivo es pues un concepto de construcción cotidiana y permanente aplicable a cualquier entorno de la vida social tanto en lo público como en lo privado.

Cabe mencionar que la debida orientación y consulta legal previa así como la adecuada instrumentación de los actos jurídicos previenen conflictos, preservan relaciones y evitan desgastes innecesarios de los escasos recursos de tiempo y de dinero.

Por las razones expuestas, consideramos que el Derecho Preventivo si bien no sustituirá al litigio o a los MASC, seguirá un desarrollo constante y exponencial hasta convertirse en una práctica habitual, la cual requerirá de abogados especializados en dicha área precautoria.

(*) Abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático de las escuelas de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo.

Forma de citación sugerida: MAURICIO, Aníbal. Del Derecho litigioso al Derecho Preventivo. 29 de agosto de 2014. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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Encuentro Jurídico no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus colaboradores. Así mismo, se reserva el derecho de edición y publicación de los escritos recibidos. Queda prohibido reproducir total o parcialmente su contenido sin autorización previa, expresa y por escrito del Consejo Directivo o la persona de su Director. Derechos Reservados © 2014.

31/7/2014

La discriminación laboral en República Dominicana


Por Juan Francisco Rosario Gratereaux* 


El derecho laboral es un conjunto de normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y empleados, así como las relaciones de ambos con el Estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, para la producción de bienes y servicios.


Es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen como finalidad la tutela de los trabajadores regulando las relaciones entre los sujetos de la relación laboral: trabajadores, empleadores, sindicatos y Estado.

En la República Dominicana la reglamentación del trabajo tiene su origen en diversas fuentes, tanto de carácter público, como son la ley, los tratados internacionales y la Jurisprudencia, como de carácter privado, como los usos y costumbres, los pactos colectivos y reglamento interior.

La Discriminación ocurre en todo tipo de contexto laboral. Son muchas las formas en que se manifiesta, y la misma entraña un trato desigual por diversas razones, como lo son por ejemplo, la raza, el color, el sexo, entre otras, lo cual genera un deterioro en la igualdad en las oportunidades de empleo y el trato que se le da a cada trabajador. Este fenómeno, coarta a las personas en su capacidad de desarrollarse y de escoger y realizar sus aspiraciones profesionales y personales, sin importar que tanto se destaquen en las mismas, provocando que las personas dejen de sentir gratificación por el trabajo y se genera un sentido de humillación frustración e impotencia.

La misma puede ocurrir desde la descripción de los requerimientos para determinado tipo de trabajo que aparecen en los avisos de empleo, en la selección, evaluación, contratación y despido del personal de una empresa, en los términos y condiciones de empleo, así como también en la remuneración, la participación en los beneficios, y en las decisiones sobre quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se brinda, en la elección de a quién se tiene en cuenta y selecciona para los promoción a mejores posiciones dentro del empleo, y quien se dejara cesante en los casos en que la empresa deba recurrir a una reducción de personal. Son muchas las formas en que puede manifestarse.

La Discriminación es una realidad en la que se vive a diario en nuestro país. Los trabajadores dominicanos son objeto, dentro de su vida cotidiana, a exclusión por razones como el nivel de sus estudios, su nivel social o posibilidades económicas, por razones de sexo, de edad, de raza, e incluso por la discapacidad que puedan presentar.

Uno de los mecanismos que más han servido para la regularización y el combate contra el fenómeno de la Discriminación Laboral, ha sido la Jurisprudencia. Los casos que se han suscitado en nuestro país sobre problemas de discriminación hacia determinadas personas dentro de su ambiente de trabajo, los cuales han llegado hasta los Tribunales de la República, y han servido para sentar precedentes al respecto del tema de la discriminación, como por ejemplo la última sentencia de la tercera sala laboral de fecha 18 de Junio de 2014 bajo el número único 336-2013-00388, la cual recomendamos su lectura, en vista que marca un presente histórico para los trabajadores con VIH y sus derechos.

En el país se ha iniciado el reordenamiento de la política social del Estado, con lo cual se persigue una mayor focalización de poblaciones especialmente vulnerables y una eficientización del gasto social.

La solución, por tanto, de los problemas inherentes a la discapacidad o cualquier otro objeto discriminatorio, no es sólo individual y requiere también cambios en los entornos inmediatos (hogar, escuela, centros de trabajo, establecimientos comerciales, etc.), en las estructuras sociales formales e informales existentes en la comunidad (transporte, comunicaciones, seguridad social, políticas laborales, etc.), y también cambios en las normas, criterios y prácticas que rigen e influyen en el comportamiento y en la vida social de los individuos. El enfoque correcto, por tanto, supone actuar simultáneamente sobre las personas y sobre los entornos donde estas personas viven.

Un estado que no garantice los derechos de sus trabajadores no es un estado, para lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses.

Todo ser humano tiene acceso a la igualdad el cual es un derecho fundamental, intrínseco de todo individuo, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Tenemos derecho a tener igualdad en la protección, el tratamiento y las obligaciones ante el Estado, el país y la comunidad en la que vivimos.

Son muchos los factores que influyen en la Discriminación laboral, y que la propician, y diversas las formas en que se manifiesta dentro del ámbito laboral. Pero, sobre todo, en lo que podemos concluir es que la Discriminación Laboral, no es más que una flagrante violación al Principio de la Igualdad.

(*) Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social por la misma casa de estudios.

Forma de citación sugerida: ROSARIO GRATEREAUX, Juan Francisco. La discriminación laboral en República Dominicana. 31 de julio de 2014. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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7/7/2014

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR


Por Juan Francisco Rosario Gratereaux*


Cuando buscamos la denominación del derecho al consumidor encontramos que se da al conjunto de normas emanadas de los poderes públicos destinada a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones.

Las normas dirigidas a proteger a los consumidores tienen el extraño privilegio de ser la rama más antigua y, a la vez, más moderna de lo que hoy se conoce como el área de Derecho de la Competencia. Ciertamente, podemos rastrear el origen de algunas normas de protección al consumidor al antiguo Derecho Romano. Por ejemplo, en el Digesto de Justiniano se distingue entre el que a sabiendas, o con ignorancia, vendió ganado enfermo o un madero defectuoso. El primero, nos dice Ulpiano, el que “sabiéndolo se calló, y engañó al comprador, habrá de responderle de todos los perjuicios que el comprador hubiere experimentado por aquella compra”.

El 19 de septiembre del 2005, fue un paso de avance para el ordenamiento jurídico de nuestro país, en ese año salió una ley moderna pero sobre todo protectora de los consumidores la cual es conocida como la ley General de Protección de los Derechos del Consumidor 358-05, la misma crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR), quien es el encargado de velar por el respeto a los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Como toda ley tiene un objeto y esta es establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean derecho público o privado, nacional o extranjero. La misma trajo grandes trasformaciones, ya que les confiere una gran gama de derechos que sirven de protección al consumidor, esto podremos verlo específicamente en el artículo 33 de la ley.

La verdad es que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR) ha traído grandes avances uno de los más notables fueron aquellos que antes parecían “Utopías”, en las que nosotros los pequeños consumidores nos veíamos en un limbo jurídico, ante el abuso de las grandes empresas, todo esto cambio y podemos verlo ante los grandes avances que ha venido dando esa institución protectora, como son con las regulaciones de la publicidad engañosa, así como “los contratos de adhesión abusivos, la obligación de firmar contratos de servicios por determinado tiempo y otras irregularidades.

Sería absurdo no reconocer que la ley 358-05 sirve de garante y que la misma ha beneficiado a los consumidores, pero también han planteado nuevos retos para la sociedad en su conjunto. Hoy las decisiones se toman con menor tiempo, con cantidades importantes de información que deben ser procesadas y asimiladas con una dinámica que era inimaginable hace unas décadas, como sucede por ejemplo en los casos del comercio electrónico. Los consumidores se benefician de la leal y honesta competencia, pero también enfrentan nuevos riesgos y problemas que la sociedad civil tiene que resolver.

Es que no cabe la menor duda que los derechos de los consumidores se han convertido en un tema de gran actualidad. El desarrollo económico, la apertura de mercados, la globalización y la competencia han reforzado la posibilidad de que los consumidores puedan elegir y satisfacer sus necesidades. La tecnología trae mejores productos, la calidad se convierte en una consigna para toda empresa que se precie de ser competitiva, y la mayor competencia nos trae mejores precios y oportunidades.

La calidad no depende sólo de quien produce, depende tanto o más de quien compra. Si los consumidores desean productos de mayor calidad, pueden reflejar esta expectativa a través de sus decisiones de consumo. En otras palabras, en el proceso competitivo, los consumidores pueden “premiar” con sus preferencias a aquellas empresas que sepan satisfacer mejor sus necesidades, lo que a su vez conllevará a que los proveedores mejoren sus estándares y reduzcan sus precios. En ese contexto, el problema de los derechos de los consumidores es un tema que involucra el desarrollo económico de un país.

Soy de los que humildemente pienso y eso trato de extérnaselo a nuestros queridos lectores que el desarrollo de un país no depende sólo de la calidad de sus empresas, sino también de la calidad de sus consumidores. Consumidores exigentes generan empresas exigentes consigo mismas.

(*) Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social por la misma casa de estudios.

Forma de citación sugerida: ROSARIO GRATEREAUX, Juan Francisco. LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR07 de julio de 2014. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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14/5/2014

Opinión del Director: Yeni Berenice Vs. Cristo Cristo y la fragilidad de la institucionalidad dominicana

www.elnacional.com.do

Por Aníbal Mauricio*

El conflicto entre la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso y la Jueza de la Instrucción, Margarita Cristo Cristo, con relación a una supuesta parcialidad al conocer la petición de nulidad de un proceso en contra de Víctor Díaz Rua, se ha convertido en noticia de portada de los principales medios de comunicación del país y comidilla entre los profesionales del Derecho y auxiliares de la justicia. 

Independientemente de los hechos y los argumentos jurídicos que sustentan la posición de cada una de las abogadas, la situación ha dejado entrever la penosa fragilidad de las instituciones públicas dominicanas. Y este hecho debería llevarnos a una profunda reflexión con miras a trabajar en ello. 

Recuerdo estar estudiando la licenciatura en Derecho un par de años después de la entrada en vigencia de la Ley 76-01 Código de Procedimiento Penal Dominicano (CPP) y la explosión de actividades académicas relativas a la formación en torno a las novedades que la misma conllevaba. Era reiterado el comentario de los más versados al afirmar que se trataba de una de las más avanzadas legislaciones en la materia en toda Latinoamérica pero que su éxito estaría supeditado a que existiesen las herramientas necesarias para hacer efectivo lo allí contemplado, entre estas, la colaboración interinstitucional de todos los actores involucrados. 

La colaboración o cooperación interinstitucional entre las instituciones del Estado constituye un principio inherente al establecimiento de un verdadero Estado democrático y de derecho, pero lamentablemente nuestra realidad administrativa ha propiciado conductas contrarias a este deber que han terminado por convertir dicho elemento esencial en un simple concepto teórico-idealista.

Dentro de los principios de la administración pública enunciados en el artículo 138 de la Constitución Dominicana de 2010 se encuentra la colaboración; de igual forma la Ley No. 242-12 Orgánica de Administración Publica, establece en su art. 12 num. 4, el principio de coordinación y colaboración, declarando que las actividades que desarrollen los entes y órganos de la Administración Pública deberán orientarse al logro de los fines y objetivos de la República, para lo cual coordinarán su actuación bajo el principio de la unidad de la Administración Pública. 

Así pues, en nuestra hermosa quisqueya podremos seguir propiciando innumerables modificaciones y reformas legales sin conseguir con ello sustanciales logros y avances pues de nada nos sirve una fruta que a la vista es hermosa pero por dentro está seca. 

Ojala que el choque entre las juristas sirva como fuente de reflexión en torno a este tema fundamental sobretodo en momentos en que precisamente se avista un periodo de agitada producción normativa por parte de nuestro Congreso.


(*) Abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

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7/5/2014

La interpretación errónea de la Suprema Corte de Justicia sobre la interposición del Recurso de Revisión por Causa de Fraude

Por Iván Kery*

El proceso madre que se conoce por ante la Jurisdicción Inmobiliaria, lo es el saneamiento, ya que mediante este proceso de orden público es que se registran por primera vez  las propiedades inmobiliarias, de ahí la importancia de conocer las vías recursivas que el legislador estableció en la ley 108-05, sobre registro inmobiliario, para poder impugnase.

Una de las vías recursivas exclusiva de la Jurisdicción Inmobiliaria, lo es el recurso de revisión por causa de fraude, el cual según el artículo 86 de la Ley 108-05, no es más que la acción mediante la cual se impugna una sentencia, que el interesado considera fue obtenida fraudulentamente durante el proceso de saneamiento, este recurso puede realizarse dentro del plazo de un año a partir de la emisión del certificado de título.

En este orden de ideas, nos sorprende bastante, como nuestro más alto tribunal la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de fecha 6 de julio del año 2011, estableció que el recurso de revisión por causa de fraude debe ser introducido conforme al procedimiento establecido para las litis sobre derechos registrados y seguir el trámite previsto en el artículo 30 de la ley 108-05, sobre registro inmobiliario.

Según nuestro más alto tribunal, el impúgnate debe depositar la instancia contentiva del recurso en la secretaria del tribunal y luego depositar en la misma secretaria la constancia de haber notificado dicho recurso dentro de la octava franca, todo esto según nuestro Tribunal Supremo, por lo establecido en el artículo 199 del reglamento de los tribunales de tierras.

Esta interpretación de la Suprema Corte de Justicia, es totalmente errada, ya que confunden la forma de apoderamiento de las litis sobre derechos registrados y el recurso de revisión por causa de fraude, el cual se hace de manera inversa y la ley prevé las formalidades propias del mismo.

En este sentido el artículo 88 de la Ley 108-05, obliga a la parte recurrente a notificar previamente la instancia contentiva del recurso y luego depositarla en la secretaria del Tribunal, veamos: “La instancia para conocer de este recurso debe ser notificada previamente, por acto instrumentado por un ministerial de la jurisdicción inmobiliaria, a las personas contra las cuales se dirija el mismo (…)”.

Como se observa, la legislación inmobiliaria es clara al establecer que primero se notifica el aludido recurso y luego como es lógico se deposita el acto de notificación y el recurso en la secretaria del tribunal, en consecuencia no es aplicable el plazo de la octava franca previsto en el artículo 30 de la ley 108-05, ya que cuando se deposita el recurso de revisión por causa de fraude en la secretaria del tribunal, es porque ya se ha notificado.   

Es preciso aclarar que las disposiciones contenidas en el artículo 88 de la ley 108-05, es una condición de inexorable acatamiento, máxime cuando las leyes de estirpe procesal como lo es la ley 108-05, son de orden público al igual que el proceso recursivo y en consecuencia de obligatorio cumplimiento.

Hacemos la aclaración de que nunca una disposición reglamentaria estará por encima de las disposiciones contenidas en la ley, como ha sucedido en el presente caso donde la Suprema Corte de Justicia colocó por encima del artículo 88 de la ley 108-05, las disposiciones contenidas en el artículo 199 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Consideramos importante la presente aclaración, ya que nuestro más alto Tribunal, puede crear confusión entre nuestros togados, a la hora de interponer este recurso, ya que han confundido el procedimiento con el proceso, el cual si es igual al de las litis sobre derechos registrados, con relación al conocimiento de las audiencias. 

Aquí la transcripción de las motivaciones dadas por la Suprema Corte de Justicia: “Considerando, que contrariamente a lo expuesto, la recurrente no cumplió con las formalidades establecidas por la ley para dar validez a su demanda en Revisión por Causa de Fraude, porque según consta en el fallo impugnado el tribunal revela, que al examinar la documentación del expediente, y la instrucción de este recurso, ha comprobado que de acuerdo al texto del artículo 199 del Reglamento de los Tribunales Inmobiliarios, el presente recurso debió ser introducido conforme al procedimiento establecido para las litis sobre Derechos Registrados y, sin embargo, la recurrente no dio cumplimiento, en el plazo legalmente establecido, al trámite previsto en el artículo 30 de la Ley núm. 108-05; que, tal y como lo ha invocado la parte recurrida, la recurrente debió depositar en la secretaría del tribunal, dentro de la octava franca, la constancia de haber notificado la instancia en su condición de parte recurrida y/o demandada; que en el expediente no figura documentación alguna que permita comprobar el cumplimiento de la citada formalidad procesal; Considerando, que en tales condiciones, el recurso de casación de que se trata debe ser rechazado;” (Sentencia de fecha 6 de Julio del año 2011. B.J. NO. 1208. JULIO 2011).

*Abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Magíster en Derecho Inmobiliario por la misma alta casa de estudios. 

Forma de citación sugerida: KERY, Iván. La interpretación errónea de la Suprema Corte de Justicia sobre la interposición del Recurso de Revisión por Causa de Fraude. 07 de mayo de 2014. Disponible en www.encuentrojuridico.com 
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10/4/2014

Opinión del Director: Los votos disidentes en los tribunales colegiados


Por Aníbal Mauricio*

Recientemente varios medios de comunicación y periodistas de nuestro país se han dado a la tarea de criticar el voto disidente emitido por las magistradas Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez en la controvertida sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano. Ante esto cabe preguntarse ¿es sancionable el voto disidente? ¿Es una figura que desnaturaliza el procedimiento y la homogeneidad de la decisión de los tribunales?

Empecemos por definir qué se entiende por voto disidente. El voto disidente es una situación de excepción que se presenta en algunos tribunales colegiados, "circunstancia que se presenta durante la deliberación, consistente en que uno o varios jueces en minoría no están de acuerdo con la resolución definitiva del caso"[1]. Al tratarse de una situación de excepción debe existir una norma especial que faculte a los jueces del tribunal colegiado de que se trate a ejercer este derecho bajo ciertas condiciones específicas.

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución nacional de 2010 y posteriormente del Tribunal Constitucional, tal como se explica en el Headrick de la ENJ (headrickenj.org) nuestra legislación sólo contemplaba el voto disidente en materia penal (Art. 333 del C.Pr.Pen.), en materia inmobiliaria (Art. 14 del Reg. Trib.Sup.T. y Jur.Orig. mod. por Res. No.1737-2007), en materia electoral (Art. 33 Ley Org. Trib.Sup.Electoral) y en los casos de recursos de inconstitucionalidad por iniciativa jurisprudencial.

La Constitución dominicana de 2010 introduce en su artículo 186 la facultad de que los jueces del Tribunal Constitucional emitan un voto disidente motivado dando a conocer su desacuerdo sobre la decisión adoptada por la mayoría. El texto indica que "(…) los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada". De su lado, el artículo 30 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece que "(…) los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido".

En respuesta a la primera interrogante podemos concluir en que los votos disidentes no son sancionables en virtud de que no existe disposición alguna que así lo contemple. Se trata pues de una facultad excepcional, expresa y voluntaria que debe acogerse en caso de que la norma que la faculta lo indique a los requisitos que ella exprese, tal como en el caso del Tribunal Constitucional dominicano donde la Ley No. 137-11 indica que deben ser motivados.

Queda pendiente la respuesta a la segunda interrogante. Consideramos que los votos disidentes no son una traba al procedimiento ni desnaturalizan el principio de unidad de criterios u homogeneidad de la sentencia, pues su aplicación existe en materias de alto interés público, nótese que actualmente en nuestro país aplica en materia penal, inmobiliaria y constitucional, no así por ejemplo en materia civil donde prima el interés privado.

Vale observar también que el voto disidente es una práctica común en los tribunales colegiados especializados de otros países a nivel mundial y de la mayoría sino de todos los tribunales internacionales. El uso de esta facultad resulta común en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, cuyas opiniones minoritarias por vía del voto disidente han sido tema de interesantes debates, fuente de doctrina e incluso han influenciado reformas en los sistemas jurídicos internos y las legislaciones internas.

Consideramos pues que el voto disidente y su motivación representan un factor importante en la transparencia a la hora de impartir justicia, influyen de manera positiva en la doctrina y en el debate jurídico y pueden significar un referente trascendental a la hora de variar criterios jurisprudenciales. Recordemos que el Derecho no es letra muerta sino reflejo de la vida misma que se transforma constantemente.


(*) Fundador y director de Encuentro Jurídico. Abogado e internacionalista. Catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).



[1] http://headrickenj.org/wiki/index.php?title=Voto_Disidente

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18/3/2014

Apuntes sobre los Embargos Retentivos

Resumen

Los embargos retentivos, dentro de las vías de ejecución constituyen  una medida particular tanto por su naturaleza y efectos, como por la forma como se llevan a cabo, primero, porque encierran los intereses de tres personas, segundo, porque pueden ser trabados sin título ejecutorio, y tercero, porque se realizan con el objetivo de hacer indisponibles los bienes embargados. En tal sentido se ha pronunciado el magistrado Mariano Germán al decir que “es sobre todo, por sus efectos que el legislador ha permitido que este embargo sea  trabado sin sentencia, y aún sin autorización del juez competente”.

Los embargos retentivos  han sido modificados en cuanto a su alcance de embargabilidad, la cual es la regla, en virtud de que los bienes del deudor son, como lo proclama el artículo 2092 del Código Civil, la prenda común de sus acreedores, la inembargabilidad, en cambio, constituye la excepción, de lo cual se infiere que un bien no puede ser sustraído del embargo de sus acreedores, excepto si la ley lo declara inembargable o permite a su propietario conferirle esa calidad.

La palabra embargo en su acepción fundamental significa inmovilización, prohibición o impedimento  de poder realizar cierta  actividad  o facultad que, de no existir aquella  traba, se ejecutaría libremente.  A pesar de que en el lenguaje jurídico  actual el término “embargo” posee connotaciones tan claras que a cualquiera parecería  simple comprender qué se quiere decir cuando  resulta difícil  determinar  la procedencia etimológica  de tal vocablo.  Según la opinión de M.J. Cachón Cadenas, la palabra embargo  “proviene del verbo latín imbarricare, que parece ser el origen inmediato de la expresión embargo. Entre los diversos significados  del verbo imbarricare  se encuentran los de obstaculizar, embarazar e impedir. En algunos textos legales  de la Edad Media, en particular  en el código de las sietes partidas, los términos embargar  y embargo son utilizados en ese sentido genérico, al igual que ocurre  actualmente, en parte, en el lenguaje ordinario”.[i]

Artagnan Pérez Méndez apunta que (El embargo es un procedimiento de ejecución cuya finalidad  es  poner  los bienes embargados en manos de la justicia. En sentido lato, el embargo es todo el procedimiento de ejecución desde el mandamiento de pago hasta la venta de los efectos del embargo. (Vías de Ejecución, 2000, p.).[ii]

Para que sea posible una medida de ejecución, es necesario un crédito, el cual  constituye la causa de la medida, su razón de ser.  Es  necesario, por demás, que el crédito posea una expresión pecuniaria y, en consecuencia, conjugar las condiciones previstas por la ley de ser cierto, líquido y exigible. El embargo retentivo puede practicarse contra el deudor, y contra sus causahabientes universales o a título universal. Todos aquellos acreedores poseedores de un título auténtico o bajo firma privada, e incluso podría  intentarse el embargo retentivo sin posesión de   título, para lo cual requiere el permiso  del  juez, puede tratarse de un acreedor privilegiado, hipotecario o quirografario.

Ha sido el criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia el de que: “El acreedor puede embargar retentivamente si tiene título escrito, sea autentico o bajo firma privada, acto notarial, sentencia condenatoria, aun cuando no haya sido notificada o  aun cuando no haya sido impugnada  por un recurso  cualquiera  en el plazo en que  no puede ser ejecutada, es decir pagaré, letra de cambio aceptada, póliza de seguro, testamento. Cuando el acto autentico ha sido motivo de inscripción en falsedad, o cuando el acto bajo firma privada ha sido motivo de  verificación  de escritura, el acreedor  tiene que asegurar  el resultado de esos procedimientos, antes de embargar  retentivamente, pero él puede prescindir de esos títulos, hacerse considerar como acreedor  sin título y embargar  con autorización  del juez.[iii]

El levantamiento amigable, no está sujeto a reglas específicas, opera por el libre juego de voluntades y puede incluso quedar plasmado hasta en una carta, siempre que al tercero embargado se la haga constar fehacientemente la liberación de su compromiso con el persiguiente. En este caso el tercero embargado tiene el legítimo  derecho  a procurar de las partes por cualquier medio las garantías necesarias de  que no va a incurrir en responsabilidades  alguna con las partes.[iv]

La reducción del embargo puede resultar del límite de la indisponibilidad de los bienes en manos del tercer embargado. Asimismo, los incidentes pueden prevenir  de otros acreedores,  provocando una situación  similar a la de “embargo sobre embargo”, ocurrencia que podría suceder cuando varios acreedores, separadamente, traban embargos retentivos. En lo relativo a la competencia los criterios aplicados para el levantamiento del embargo serán los mismos a ser utilizados para la reducción del embargo, esto es, la disminución en el monto de la traba.

Un mismo deudor puede tener varios acreedores, y esos acreedores pueden intentar el embargo retentivo sucesivamente. El embargo retentivo no crea ningún privilegio  en provecho del primer embargante, y es por ello que después del  primer embargo,  pueden surgir otros. En este caso se procederá a la distribución  a prorrata si los fondos no son suficientes como para satisfacer a todos los acreedores, se concurrirá a la distribución del precio entre todos, hasta el total de sus acreencias.

En el mes de abril del 2011 se promulgó una ley de relevancia para los gobiernos locales,  la Ley 86-11 la cual prohíbe embargar cuentas de instituciones del Estado, en su primer considerando establece que los fondos públicos depositados en entidades de intermediación financiera o asignados en subcuentas especiales de la Tesorería Nacional en provecho de los órganos del Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos y descentralizados no financieros, así como las sumas que les adeuden personas físicas o morales por conceptos de tributos o cualquier otra causa, no podrán ser retenidos como consecuencias de embargo retentivo u oposición de cualquier naturaleza. En su artículo segundo esta ley dispone   también que los bancos depositarios  de  fondos públicos,  así como las personas físicas o morales  que sean deudoras del Estado, los municipios, y organismos autónomos  y el Tesorero Nacional no incurrirán en responsabilidad alguna por las erogaciones de fondos que realicen o autoricen, no obstante el embargo retentivo u oposición que en sus manos se haya realizado.[v]

En cuanto a los embargos retentivos en el ámbito bancario la jurisprudencia y la doctrina están contestes en que el tercero embargado no puede convertirse en juez del embargo, es decir, no tiene calidad, ni potestad para determinar si el embargo trabado en sus manos  es  correcto o incorrecto, justo o injusto, sino que las entidades bancarias debe limitarse, en su condición de tercero en cuanto al asunto, a realizar las retenciones de fondos o bienes del embargado, que reposan en su poder,  es su obligación, dentro de todos  sus cuentahabientes el propietario de la cuenta que se quiere afectar con el embargo retentivo.

Diversos autores se han expresado en cuanto a  los embargos retentivos y por medio de los aportes de estos  llegamos a la conclusión de que en la  sentencia del 21 de febrero de 2010 las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, estableció una diferencia entre el embargo retentivo u oposición y la oposición pura y simple, precisando que mientras el primero se encuentra sometido a las regulaciones establecidas por los artículos 557 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la oposición pura y simple no entra en el dominio de aplicación de la citada disposición legal, y no puede por tanto constituirse en un obstáculo o en una prohibición para que un tercero embargado, si no existe embargo retentivo regular y válido, retenga las sumas o valores retenidos a causa de una oposición pura y simple, salvo aquellos casos expresamente establecidos por la ley.

Por Marlyn Vargas. Licenciada en Derecho. Pasante de investigación de Encuentro Jurídico.

Notas
[i] Mariano German. (2008). Las Vías de Ejecución. Escuela Nacional de la Judicatura.
[ii] Pérez Méndez. A. (2000) Las Vías de Ejecución y Las Vías de Distribución.  (7ma ed.) Santo Domingo: Amigos del Hogar.
[iii]  Sup. Cort. Just. 5 de octubre  de 1983, B. J. 875, Pág. 3013, dictada por el Prof. Floiran Tavarez (Hijo), op. Cita. Pág.125.
[iv] Germán Mejía, M. (2002). Vías de Ejecución. Santo Domingo: Impresos y Servicios Marka.
[v] Ley 86-11 prohíbe embargar cuentas de instituciones del Estado.

Bibliografía:

1.      GERMAN, Mariano. Las Vías de Ejecución. Escuela Nacional de la Judicatura (2008).
2.    GERMAN, Mariano. Vías de Ejecución. Santo Domingo: Impresos y Servicios Marka (2002).
3.      PEREZ MENDENZ, Artagnan. Las Vías de Ejecución y Las Vías de Distribución.  (7ma ed.) Santo Domingo: Amigos del Hogar (2000).
4.      Sup. Cort. Just. 5 de octubre  de 1983, B. J. 875, Pág. 3013, dictada por el Prof. Floiran Tavarez (Hijo), op. Cita. Pág.125.
5.      Ley No. 86-11 que prohíbe embargar cuentas de instituciones del Estado.

Forma de citación sugerida: VARGAS, MarlynApunte sobre los Embargo Retentivos, 18 de marzo de 2014. Disponible en www.encuentrojuridico.com 
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