Cultura Jurídica y Educación Proactiva

  • CULTURA JURIDICA

    El Derecho se transforma constántemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

  • EDUCACION PROACTIVA

    El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

  • RESPONSABILIDAD SOCIAL

    El Derecho es una profesión que, ejercida con vocación y responsabilidad, contribuye al desarollo y fortalecimiento de la sociedad.

14 may. 2015

El Desempleo en República Dominicana


Por Juan Francisco Rosario Gratereaux*

En la República Dominicana, alrededor de la mitad de la población vive en una situación de pobreza que se refleja en la distribución geográfica del país.  Lo más preocupante es que según el reporte de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), dos tercera parte de los jóvenes en edad de trabajar están desempleados o atrapados en empleos de baja calidad, según informe de “Tendencias mundiales del empleo juvenil”. 

En nuestro país se estima que al menos el 15% de la población está desempleada, en mi criterio personal diría que mucho más, esto podemos verlo reflejado en los barrios y en los pueblos, donde jóvenes que han podido desarrollarse en el ámbito académico tiene un impase para obtener un trabajo o por lo menos un trabajo digno.
En los últimos estudios realizado por el Banco Central establece que acorde estimaciones, el desempleo subió a 15.6%  en el 2014, es decir alrededor de 750 mil personas terminaran desempleadas y  la economía crearía menos de 60 mil empleos, lo que quiere decir que actualmente en este 2015 tenemos una taza real de 15%.

Es algo preocupante las últimas estadísticas reflejadas por el sector empresarial y los centros sindicales, las cuales muestran que independientemente que el gobierno dominicano está tratando de crear fuentes de empleos, el sistema laboral no ha podido desarrollarse y todo esto en vista de las faltas políticas laborales que existen en nuestro país.

Pero muchos aún no le dan la importancia y no ven reflejados las consecuencias de no crear las oportunidades a los ciudadanos, lo que provoca: 1) una brecha extremadamente grande entre ricos y pobres; y 2) quita la esperanza a los millares de ciudadanos que se han preparado para poder ser productivos en nuestra sociedad y que por falta de oportunidades no lo son.

Pero esta situación no queda ahí, el desempleo es muy peligroso, principalmente en los jóvenes porque es una fuente que se convierte en un receptor para que la delincuencia  florezca  por lo que urge que nuestra sociedad resuelva lo más pronto posible este tema, ya que ninguna política preventiva será eficiente si no reforzamos el ámbito laboral.

Hasta el momento, lo único que ha contribuido, siendo una fuente alternativa laboral, ha sido el auto-empleo y la informalidad, sí esa misma informalidad que tanto atacan una parte del sector empresarial porque ha servido de fuentes de superación y emprendurismo a millares de trabajadores que no son reconocidos en sus labores, sin estas informalidades o el famoso pluriempleo, se hubiese generado “Un estadillo social en el país”, en vista de que no hay capacidad del sector empresarial para crear los empleos que demandan el mercado.

En este sentido, es lamentable que este factor genere una parte negativa, debido a que dicha informalidad provoca que la seguridad social hoy en día este sostenida en un 45% de los trabajadores del sector público y privado. Razón por la cual, el 55% de los trabajadores se encuentran fuera del sistema de la seguridad social, lo que quebranta la Constitución de la Republica Dominicana y la propia Ley No. 87-01, la cual crea los mecanismos de protección mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales.

Quiere decir que un 55% de los ciudadanos no tiene igualdad con los otros que si están inscritos, violando la propia Constitución, específicamente el artículo 39 sobre del derecho a la igualdad y el artículo 60 sobre la seguridad social.


En conclusión, en la actualidad estamos un poco atrasados en la materia laboral y necesitamos crear igualdades para aquellos que hoy en día no tienen esperanza por no tener un trabajo digno, sin embargo todas las propuestas son bienvenidas para desarrollo de una nación pero siempre y cuando no afecten los derechos de una parte clave de la población, siendo función esencial del gobierno, trabajar para crear una justicia social a los fines de fomentar el mantenimiento del empleo y con esto lograr una mejor calidad de vida para todos nosotros los trabajadores.

*Abogado y Comunicador. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra -PUCMM- y Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la misma casa de estudios.

Forma de citación sugerida: ROSARIO GRATEREAUX, Juan Rosario. "El Desempleo en República Dominicana". Publicado el 14 de mayo de 2015. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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15 abr. 2015

¿Por qué necesitas un Acuerdo de Confidencialidad en tus Proyectos Webs o Móviles?


Por Enmanuel Alcántara*

En el transcurso del desarrollo de tu proyecto tecnológico, sea éste móvil, web o web-based, indiscutiblemente llegará el momento en que necesitarás compartir tu idea o plan de negocio con terceras personas para poder seguir creciendo:

• Posibles inversores, si te encuentras en la etapa de monetización de tu idea
• Recursos humanos que te prestarán su fuerza de trabajo
• Potenciales socios comerciales, si ya tu iniciativa de negocio está echando a andar.

Cuando esto ocurre, la idea queda expuesta a un posible uso distinto al que motivó su revelación. Al menos 1 de cada 5 empresas ha sufrido por lo menos el intento de robo de información comercial.

Para prevenir ser víctima de una situación como ésta, necesitarás firmar un Acuerdo de Confidencialidad, popularmente conocidos como Non Disclosure Agreements o Acuerdos de No Divulgación. Este Acuerdo debe estar cuidadosamente redactado para que blinde tu idea de la mejor forma posible pero al mismo tiempo sea firmable por quiénes van a escuchar o conocer tu proyecto.

Es importante aclarar, que no es lo mismo un Acuerdo de Confidencialidad que un Contrato de Confidencialidad. El primero tiene cabida en las conversaciones previas a la formación de la relación empresarial, laboral o comercial. Por tanto, solo será útil para establecer responsabilidades pre-contractuales.

Tras haber llegado a un acuerdo real, necesitarás redactar un Contrato de Confidencialidad. Este incluirá, tanto una cláusula de no divulgación, como las cláusulas penales que sean necesarias para que la información quede, convencionalmente, protegida.

Es aconsejable que el  Acuerdo de Confidencialidad sea redactado por un abogado experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Su experiencia le permitirá confeccionar un Acuerdo-Contrato a la medida y al mismo tiempo te asesorará acerca de cómo divulgar tu idea con la mayor confidencialidad posible y protegerla contra un posible tratamiento no autorizado.

La redacción de dicho Acuerdo de Confidencialidad deberá contemplar los siguientes aspectos:

1. Establecer lo que entienden las partes como Información Confidencial. Éste punto es muy controvertido, ya que quien provee la información (el divulgador) querrá que dicha definición sea lo más amplia posible, mientras que el receptor de la información preferirá que la misma sea lo más especifica que se pueda.

2. Especificar a qué se obligan las partes respecto una de la otra.

3. Se deberán establecer las excepciones a las obligaciones de confidencialidad, ya que no necesariamente cualquier información revelada posee carácter confidencial;

4. Por último, habrá que cerrar la Cláusula de Protección de Datos de carácter personal, suministrados, la Entrada en vigor y duración del Acuerdo y la Ley aplicable y jurisdicción competente en caso de que surjan conflictos o la necesidad de judicializaciones.

Nuestros Estados son los responsables de propiciar normas que faciliten a los tribunales nacionales hacer frente a la apropiación indebida de información comercial confidencial, castigando la violación de las normativas sobre el secreto comercial y facilitando que las víctimas reciban indemnizaciones por dichas infracciones. En el contexto actual de la economía del conocimiento, la capacidad de los emprendedores y de las empresas para innovar y competir puede verse gravemente perjudicada en caso de apropiación indebida o la usurpación de información confidencial.

(*) Abogado especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Asociado en la Oficina Vasquez Perrota, Abogados y Notaría. Twitter: @enmanualcantara

Forma de citación sugerida: ALCANTARA, Enmanuel. ¿Por qué necesitas un Acuerdo de Confidencialidad en tus Proyectos Webs o Móviles? Publicado el 15 de abril de 2015. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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27 ene. 2015

CURSO ABOGACIA 2.0


ABOGACIA 2.0
(Curso Online)

Objetivo: Curso ofrecido por las destacadas instituciones Encuentro Jurídico (República Dominicana) y Educación Digital (España), dirigido a acercar la abogacía al entorno 2.0 mediante la formación en competencias digitales y social media.

Programa:
  • La web 2.0 en el ámbito del Derecho.
  • Marcadores sociales y documentación aplicados al ámbito jurídico.
  • Visibilidad profesional. Análisis de casos de éxito.
  • Marca personal.
  • Social media: Facebook, Twitter, Linkedin.
  • Webs y Blogs: creación y edición. Blogger y Wordpress
  • Herramientas 2.0:
  • imágenes y vídeo
  • productividad en redes sociales
  • curación de contenidos

Organización:
Se trata de un curso de 60 horas a realizar online en 10 semanas (9 semanas+1 semana de tareas previas).

Profesoras:
El curso será tutorizado por Rocío L. García y Lola Gamboa, creadoras del mismo y profesoras en el Colegio de Abogados de Málaga (España).

Incluye:
  • Material didáctico.
  • Acceso a plataforma Moodle.
  • Tutorízación permanente.
  • Certificado de participación avalado por Encuentro Jurídico (República Dominicana) y Educación Digital (España).

Fecha de inicio: 
Lunes 02 de marzo de 2015.

Más información:
Móvil: 829-341-1285

Formulario online: http://goo.gl/forms/LXDXP7uUnM

14 ene. 2015

EL ABOGADO 2.0 Y EL PARADIGMA DE LA NUEVA ABOGACIA


Por Aníbal Mauricio*

Vivimos en tiempos de alta competitividad tanto en el mundo de los negocios como en el mercado laboral y el ejercicio de la abogacía no es ajena a sus efectos.

En lo que tal vez sea una de las profesiones de más alta competitividad, el abogado de hoy requiere de herramientas que catalicen su productividad y al mismo tiempo le diferencien de sus pares. Es allí donde las tecnologías se convierten en la nueva punta de lanza para el ejercicio del Derecho.

Sin embargo, la tecnología y la abogacía no siempre se han llevado de la mano. De hecho, tradicionalmente los profesionales del Derecho se vieron renuentes a la implementación laboral de estos avances, prefiriendo el ejercicio cuasi artesanal de la profesión. Bibliotecas repletas de leyes y oficinas intransitables por las pilas de carpetas daban la sensación de un abogado inmerso en sus funciones y hasta cierto prestigio. 

Pero hoy solo son reminiscencias que no pueden acompañar a quien desee alcanzar el éxito en el Derecho.  En nuestros días contamos con herramientas como los software para la automatización de los despachos, con los cuales podemos llevar sin inconvenientes y de manera simultánea los expedientes de los casos, la agenda, los contactos, los archivos y muy importante la contabilidad. Ejemplos de estos programas son: CLIO, Abacus Law, LawRD, Legal Trek, entre otros.

A estos software se le suman aplicaciones como Dropbox, Google docs y otras, que permiten manejar una oficina con papelería mínima y desde cualquier parte del mundo con solo tener acceso a la internet con el plus de poder compartir ágilmente cualquier documento con nuestros clientes o colegas. 

Y ni que hablar del potencial mercadológico de las redes sociales para establecer y desarrollar la marca de un individuo u oficina. Tener una seria estrategia de mercadeo en las redes sociales puede significar una ventaja comparativa frente a los competidores.

En conclusión, Derecho y Tecnología se han visto a los ojos quedando en un romance inseparable. Y si usted así no lo considera así probablemente quede relegado al olvido. 

*Abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD). Twitter: @Jurisconsultord

Forma de citación sugerida: MAURICIO, Aníbal. EL ABOGADO 2.0 Y EL PARADIGMA DE LA NUEVA ABOGACIA. Publicado el 14 de enero de 2015. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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11 ene. 2015

Mi Primer Empleo: Inicio del Trabajo Precario


Por Juan Francisco Rosario Gratereaux*

En los últimos días se han promovido más las solicitudes por parte del sector empresarial de la modificación del Código De Trabajo, en diversos casos afirmando que no es posible seguir el presente sistema laboral, ya que ha limitado el crecimiento del empleo, algo que no comparto de todo con lo planteado por tan importante sector.

Lo primero es que cuando nos referimos al Código de Trabajo de la Republica Dominicana, debemos saber que nos estamos refiriendo a un código tomado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como unos de los mejores códigos del mundo, que garantizan los derechos de los trabajadores, todo esto se siente cuando vemos que los trabajadores dominicanos cuentan con una protección de sus años de servicios y sus esfuerzos dado en una empresa determinada. 

Pero en el presente artículo más que todo deseamos resaltar lo planteado en la comisión de la reforma laboral de eximir al pago correspondiente mediante un proyecto nuevo llamado“Mi Primer Empleo”, donde miles de jóvenes tendrían la oportunidad de conseguir trabajo, pero no mejorar su calidades de vidas, en vista de que solo se busca de eximir el pago de auxilio de cesantía y preaviso para generar la contratación de jóvenes y por supuesto la exclusión a la cotización ante la Seguridad Social, entre otras palabras trabajando solo para el presente sin garantía de futuro.

En nuestra legislación al igual que los diversos convenios ratificados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es improcedente y causaría un efecto contrario al perseguido por la propuesta legislativa, flexibilizando las responsabilidades de los empleadores, lo que constituiría una disminución de los derechos de los trabajadores, afectando los contratos de trabajo ya establecidos.

No hay que ser jurista para saber que muchas de las propuestas establecidas por el sector empresarial solo promueven violación a los principios protectores del Código de Trabajo y nuestra constitución específicamente en los artículos siguientes: Art.8, Art. 26 numeral (4), Art. 38, Art. 39 numeral (3), pero podemos afirmar que los artículos más violatoria a un intento de reforma laboral seria los Art. 60 y Art. 62, de nuestra carta magna, donde establecen lo siguiente con relación al trabajo; “Artículo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez”. Y “Artículo 62.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado”.

Por los visto está bien claro que reformando el Código de Trabajo solo por intenciones de un sector se lacera los derechos fundamentales de todo ciudadano.

La reforma actual por igual incentiva la violación a los derechos adquiridos de los trabajadores vinculados a todo un régimen de protección y seguridad para la persona del trabajador, los cuales no pueden ser objeto de renuncia o limitación, como expresa la ley 16-92, pero con la oferta de mi primer empleado estamos hablando que se estaría violando los principios más importantes de nuestro ordenamiento jurídico laboral (Nacional) e (internacional).

No podemos permitir que este proyecto denominado “Mi Primer Empleo” se desarrolle por lo menos de esa manera lacerando los derechos de los trabajadores, todo esto lo afirmamos en vista de que muchos jóvenes no cotizarían ante la seguridad social ni tendrían derechos establecidos ante el Código de Trabajo y muchas veces su utilización seria de manera denominada “Temporal” y “Rotativa”.

El objetivo de la reforma debe ser el de estimular la creación de empleos, especialmente en el sector formal de la economía, elevar la productividad del trabajo y mejorar los salarios que reciben los trabajadores.

Se va a requerir de una buena dosis de sentido común y buena voluntad de todas las partes involucradas en el proceso de reforma para articular una propuesta donde las partes perciban que la reforma es beneficiosa para todos.

Hasta el momento con propuestas como el primer empleo solo se está mandando el mensaje de “vulneración” a nuestro ordenamiento jurídico, somos de los que consideramos que no solo vulneraba los derechos adquiridos por los trabajadores, sino también porque podía dar pasó a la creación de trabajos precario.

*Abogado y Comunicador. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra -PUCMM- y Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la misma casa de estudios.

Forma de citación sugerida: ROSARIO GRATEREAUX, Juan Rosario. Mi Primer Empleo: Inicio del Trabajo Precario. Publicado el 11 de enero de 2015. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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2 ene. 2015

Un vistazo jurídico al Consorcio de Propietarios de un Condominio


Por Héctor Alies*

El desarrollo inmobiliario que está viviendo la República Dominicana desde hace unos años ha traído consigo que miles de familias pasaran de habitar una casa a un apartamento. Este cambio, que muchas veces se debe a cuestiones de seguridad, ahorro o a las exigencias por variaciones en el uso del suelo de determinado sector, presenta una realidad irrefutable y a las que muchos le cuesta adaptarse: se debe convivir simultáneamente en un régimen de propiedad y copropiedad.

Con la constitución de un condominio automáticamente nace un consorcio (Ley 5038, art. 9). Este consorcio está compuesto por el conjunto de propietarios de las unidades funcionales que componen el mismo.

Sus decisiones -aún al dictar o modificar el reglamento- se limitan al goce y administración de las cosas comunes. Para adoptar esas decisiones se rige de normas externas e internas. Cuando hablamos de normas externas nos referimos a la Ley No. 5038 sobre Condominios, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y sus normas complementarias, y demás leyes especiales que inciden directa o indirectamente en este régimen especial inmobiliario; mientras que las internas se tratan del Reglamento del Condominio y las resoluciones tomadas en asamblea.

El consorcio de propietarios reunido en asamblea es el órgano deliberativo del condominio. En cambio, el administrador es el componente ejecutivo y representativo (persona física o moral).

Uno de los aspectos más interesantes cuando se analiza el consorcio de propietarios es el relativo a su personalidad jurídica. Es frecuente la interrogante: ¿Tiene personalidad jurídica el consorcio de propietarios de un condominio?

Sabemos que la personalidad es definida como la aptitud para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Es ser capaz de participar en la vida jurídica, de adquirir derechos, de obligarse.

En ese sentido, la ley 5038 expresa que el consorcio de propietarios tiene personalidad jurídica de pleno derecho. Sin embargo, en países, como Brasil, Suiza y Argentina se discute acerca de la personalidad jurídica del consorcio de propietarios.

Nuestra Suprema Corte de Justicia reconoce la personalidad jurídica de los consorcios de propietarios al declarar admisible demandas contra estos y fallar a su favor o en contra, según sea el caso.[1]

De manera particular, entendemos que no debe estar en discusión la personalidad jurídica del consorcio de propietarios. Lo que si debe ser objeto de debate y cuestionamiento en el ámbito jurídico es lo siguiente: ¿Qué clase de sujeto de derecho es un consorcio de propietarios? ¿El consorcio de propietarios es una sociedad? ¿Es un ente con o sin fines de lucro?

Desde nuestro punto de vista, ninguna de las anteriores. Compartimos el criterio de un sector doctrinal que establece que el régimen de condominio luego de constituido es objeto de administración, quedando los condóminos (también se utiliza indistintamente el término condómines) como parte de una asociación que podría calificarse de ayuda mutua. Esta última expresión es muy utilizada en la teoría de las organizaciones y describe la cooperación y reciprocidad para un beneficio conjunto de todos los que cooperan. Esto describe lo que se hace en un condominio.

Ahora bien, siguiendo con el tratamiento de la personalidad jurídica y otros aspectos de interés, no puede rehusarse que un ente con personalidad jurídica que responde ante los terceros y ante los mismos propietarios necesita un nombre para poder ser identificado. La Ley 20-00 de Propiedad Industrial no indica que el nombre comercial aplica para este tipo de asociaciones. No obstante, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) para suplir este vacío en la normativa, así como para amparar y proteger éste atributo de la personalidad de las asociaciones, lo registra.

El nombre de los consorcios de propietarios se conforma con la denominación de su naturaleza más la designación del condominio. Por ejemplo: “Consorcio de Propietarios del condominio Plaza Naco”.

Insistimos en que su registro no es obligatorio, pero ayuda a evitar duplicidad, confusión y aprovechamiento de la reputación ganada del constructor. Es decir, permite identificación precisa y única.

Por otro lado, el consorcio de propietarios de un condominio debe inscribirse en el Registro Nacionalidad de Contribuyentes (RNC) de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Pertenecen al grupo de instituciones sujetas a requisitos especiales. En este caso como entidades sin fines de lucro, lo que es un error. No lo son, ya que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro.

Para esto, el interesado deberá llenar el Formulario RC-02 de la DGII (que algún día deberá ser actualizado y ajustado a las necesidades vigentes) y anexar el documento que aprueba el condominio. En este punto debemos distinguir entre condominios constituidos bajo la Ley 1542 de Registro de Tierras (hoy derogada) y aquellos bajo la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Para condominios con la Ley 1542, se anexa copia de la Resolución emitida por el Tribunal Superior de Tierras de ese entonces (solo había uno) para la autorización de condominio; mientras que para condominios con Ley 108-05, se deposita el oficio de aprobación emitido por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente.

Los beneficios de la incorporación son múltiples. Podemos señalar algunos, a saber: posibilidad de apertura de cuentas bancarias, afiliación de su empleomanía en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), celebración de contratos para los fines del condominio, ejercer como persona jurídica cualquier facultad que sea necesaria para realizar actos jurídicos, entre otros.

Respecto al tema de la afiliación de los empleados al servicio del consorcio de propietarios a la Tesorería de la Seguridad Social, existen muchas dudas y confusiones.

Debe quedar claro que, según el artículo 4 del actual Código de Trabajo de la República Dominicana, los trabajadores domésticos no se benefician del régimen general establecido en el mismo, sino que se encuentran sometidos a un régimen especial. No son domésticos los trabajadores al servicio del consorcio de propietarios de un condominio, por lo que le corresponde estar bajo la protección del Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Si el consorcio de propietarios no lo afilia podría ser pasible de una demanda laboral, así como en reparación de daños y perjuicios.

En otro tenor, tenemos la desconocida Resolución No. 5-2012 de la Dirección General de Migración. Pues, aunque muchos no lo sepan, esta regula la contratación de mano de obra extranjera para las labores propias del mantenimiento de las áreas comunes de un condominio. Habla de que la decisión de contratación de un extranjero requiere aprobación del consorcio de propietarios, bajo el quórum reglamentario, pero nunca menor al 50% + 1, y que el incumplimiento acarrea multa.

Esta resolución, inaplicable de fondo, presenta una serie de requisitos adicionales a los previstos en la Ley General de Migración y su reglamento de aplicación. Estos requisitos son prácticamente imposibles de lograr y podemos aseverar que todo viene como consecuencia de la proliferación de nacionales haitianos en las labores propias de un condominio. Todos sabemos que cobran menos y cumplen múltiples funciones que no se limitan a la seguridad, lo que parece no ha sido de agrado de algunas empresas de ese sector.

Anteriormente, vimos que la contribución es parte esencial de vivir en condominio. Muchos olvidan que el incumplimiento de la cuota de mantenimiento tiene consecuencia legales. Para eso la ley ha previsto un privilegio, que aplica como garantía para el consorcio de propietarios.

El privilegio de los condóminos es el mecanismo legal a través del cual el consorcio de propietarios puede hacer efectivo el cobro de las cuotas contributivas a los gastos y cargas comunes vencidas. Se encuentra establecido en el artículo 100 párrafo 9 de la Ley 108-05 y el artículo 18 de la ley 5038.

La copia del acta de asamblea (quórum ordinario), certificada por el administrador y legalizada por un notario constituirá título suficiente para inscribir el privilegio (Ley 5038, art. 33). Se destaca que el acta de asamblea debe expresar la decisión de inscripción del privilegio y especificar el monto liquidado y la unidad funcional. Esto acompañado de una copia del reglamento del condominio, del acto de notificación del acta de asamblea, de la cédula de identidad del administrador y del depositante, y de los sellos, recibos y la tasa por servicio de la Jurisdicción Inmobiliaria para la expedición del Certificado de Registro de Acreedor, conforman el expediente a depositar en el Registro de Títulos correspondiente a la demarcación territorial del inmueble.

Debe inscribirse dentro de los 3 meses, a partir de la fecha en que se realizó la asamblea que conoció el asunto, siendo la consecuencia la realización del procedimiento de embargo inmobiliario a la unidad funcional del condómino que no realizó los pagos correspondientes.

Esta figura nos lleva a pensar que ocurriría si fuese al revés. El consorcio es un ente que puede asumir obligaciones. Si no las cumple, ¿puede embargarse al consorcio de propietarios? Un asunto poco discutido, pero la respuesta debe ser afirmativa.

Lo que corresponde es distinguir los bienes del consorcio de los bienes de sus miembros. Esto en base a esa regla de que el patrimonio de las personas jurídicas es diferente al de sus miembros. El condominio no es excepción.

El patrimonio del consorcio de propietarios de un condominio lo integran exclusivamente: las sumas recaudadas en concepto de cuotas, los fondos de reserva, los intereses cobrados por mora y los devengados por tales sumas cuando son invertidas, los créditos frente a los condómines o a terceros, y los bienes muebles o inmuebles que pudieran adquirir. Curioso, ya que el consorcio de propietarios administra las cosas comunes, pero no es dueño de ellas. Las áreas comunes y la participación sobre el terreno están intrínsecamente ligadas al derecho de propiedad que tiene cada quien sobre su unidad funcional.

Por tanto, y cito la Sentencia del 22 de abril de 1994, emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, de Argentina, cuando dijo: “No resulta jurídicamente admisible embargar la totalidad de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal o alguna parte de él, ya que no se trata de bienes que pertenezcan al consorcio sino a los copropietarios, que son personas distintas de aquél, el ascensor es inembargable cuando pertenece a un edificio dividido en propiedad horizontal y se ejecutan deudas del consorcio…”.

En definitiva, hemos dedicado estas líneas a ofrecer un vistazo jurídico a la figura del consorcio de propietarios de un condominio en República Dominicana, desde su concepto hasta la posibilidad de que sea embargado. El motivo es básico: Entendemos que toda persona que forma parte de dicho consorcio debe preocuparse por conocer y entender las implicaciones y características del mismo, pues el conocimiento y entendimiento que tenga puede verse reflejado en la adopción de buenas decisiones para la administración y convivencia. Existe la falsa creencia de que todo lo que sea jurídico es de dominio exclusivo de los abogados. La vida en condominio debe concitar el interés de todos.

*Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Magíster en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija. Coordinador de la Maestría en Derecho Inmobiliario y catedrático de las asignaturas Derecho Inmobiliario y Derecho Empresarial, a nivel de licenciatura, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Socio Gerente de Alies Rivas Consultores www.aliesrivas.com

Notas:

[1] Sentencia Cas. No. 198 del 22-06-2011, Luis Felipe Rodríguez contra Consorcio de Propietarios del Condominio Plaza Central. Sentencia Cas. del 01-12-2010, Boletín Judicial No. 1201, Dom-am, S.A. y compartes contra Consorcio de propietarios Condominio Plaza Central.

Forma de citación sugerida: ALIES, Héctor. Un vistazo jurídico al Consorcio de Propietarios de un Condominio. 02 de febrero de 2015. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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Encuentro Jurídico no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus colaboradores. Queda prohibido reproducir total o parcialmente su contenido sin autorización previa, expresa y por escrito del Consejo Directivo o la persona de su Director. Derechos Reservados © 2015.

18 nov. 2014

Jurisprudencia como Fuente de Derecho


Por Néstor Juan Saviñón Portorreal*

Cuando hablamos de jurisprudencia, el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española de la Lengua[1]  nos la define como: 1. Ciencia del derecho; 2 conjunto de sentencias de los tribunales,  y doctrina que contienen, y 3. Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes.

Desde tiempos de Celso y Ulpiano[2], la jurisprudencia, junto a la ley y la costumbre, es una fuente de derecho incontestable. El Pretor o juez en tiempos del Bajo Imperio Romano (S. II-IV D.C.), al dictar sentencias, establecía el derecho vivo, al interpretar y crear nuevas realidades surgidas de dichos fallos.

La jurisprudencia es esa solución severa, humana y jurídica que el juez le da a una causa que se le presenta. No puede negarse a resolver el caso[3] salvo aquellos casos taxativos que enumera la ley, ya que es pasible de ser perseguido por denegación de justicia, y que este magistrado debe ser el garante de los derechos de los ciudadanos ante las arbitrariedades e iniquidades del Poder, debiendo, por mandato constitucional tutelar judicialmente los reclamos de los ciudadanos[4], restableciendo los mismos en las condiciones más favorables a los demandantes, atendiendo su vulnerabilidad[5], sea por género, edad, discapacidad, nivel socioeducativo, nivel socioeconómico y cualquier otra causa que pueda evitar la igualdad procesal y real entre las partes.

Y esto se impone a todos los jueces, incluyendo a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, quienes fijan y unifican la jurisprudencia en las materias que se les presentan.
Dicha solución, que debe ser motivada[6], con el fin de respetar el derecho de defensa que asiste a las partes, es la interpretación jurídica ajustada a la realidad social y establece un precedente, es decir, marca una trayectoria, una pauta de cómo aplicar una máxima jurídica, y muchas veces la labor pretoriana se adelanta al legislador.

 En el caso dominicano, el amparo nace de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, años antes de que el legislador lo consagrase en una legislación especial.

 Por ende, el derecho es una ciencia que evoluciona a la par de su sociedad y cumple con los requerimientos de la misma por medio de los fallos de sus magistrados, quienes hacen que el derecho sea una ciencia “dúctil”, como señala Zagrebelsky, es decir, flexible y útil para responder estos requerimientos de esa imagen cambiante y compleja, multifacética, que denominamos sociedad.

(*) Abogado egresado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Especialista en Derecho Público por PUCMM-RSTA y Máster en Derecho concentración Derecho Administrativo por Universidad de Palermo (UP). Catedratico de la Universidad Naciona Pedro Henriquez Ureña (UNPHU). Actualmente labora en el Poder Judicial Dominicano. 

Notas:

[1] Tomo 6, p. 902, vigésimo segunda edición, año 2001
[2] Jurisconsultos romanos
[3] Código Civil Art. 4.- El juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia; 76-02 Art. 23.- Obligación de decidir. Los jueces no pueden abstenerse de fallar so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni demorar indebidamente una decisión.
[4] Constitución 2010. Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1)     El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2)El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3)               El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;  4)El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;5)Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;6)Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;7)Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;8)Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9)Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10)Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
[5] Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes:…4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.
[6] Código Procesal Penal Art. 24.- Motivación de las decisiones. Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

Forma de citación sugerida: SAVIÑON PORTORREAL, Néstor Juan. Jurisprudencia como Fuente de Derecho. 18 de noviembre de 2014. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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