Cultura Jurídica y Educación Proactiva

  • CULTURA JURIDICA

    El Derecho se transforma constántemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

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    El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

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7 mar. 2016

Alcances y limites del principio Prior In Tempore Potior In Iure


Por Rosmeri Roque*

Resumen:

El principio del derecho que se expresa en el adagio prior (in) tempore potior (in) iure ("es más fuerte el derecho anterior en el tiempo"), hace que, en caso de conflicto, el derecho más antiguo deba poder ejercerse aun en detrimento del más reciente. Mazeaud define este principio como la regla básica en los derechos reales de garantía.

Antes de referirnos en concreto sobre el tema a tratar, es preciso definir este principio Prior In Tempore Potior In Iure: según la Enciclopedia Jurídica 2014, el principio del derecho que se expresa en el adagio prior (in) tempore potior (in) iure ("es más fuerte el derecho anterior en el tiempo"), hace que, en caso de conflicto, el derecho más antiguo deba poder ejercerse aun en detrimento del más reciente.

De la misma manera el primero en contener formalmente dicha expresión en un texto de Derecho, concretamente, de Derecho canónico, fue Bonifacio VIII, en su Liber Sextus Decretalium, donde expone 87 regulae iuris (reglas de derecho) o aforismos jurídicos, que actualmente se conocen de forma vulgar como "latinazgos".

También Mazeaud define este principio como la regla básica en los derechos reales de garantía, y particularmente en materia de hipotecas, expresiva de que el derecho de prenda o hipoteca constituido primeramente ha de ser preferido a los que se constituyen con posterioridad con lo que los créditos de los acreedores pignoraticios o hipotecarios posteriores están subordinados al del primeramente establecido. La prioridad venía determinada en el derecho romano a falta de un sistema de registro, por la fecha no del crédito garantizado sino del contrato constitutivo de la prenda o hipoteca. Por ejemplo una hipoteca a su favor, se entiende que tiene la preferencia en el derecho la parte que la haya inscrito primero en el Registro de la Propiedad. 

Ha de aclararse, sin embargo, con Scialoja, que esta regla, tomada en términos generales, es falsa, ya que, admite aplicación a determinados derechos pero no a otros. Así, ella es verdadera en caso de pluralidad de hipotecas sobre una misma cosa, en el cual el acreedor hipotecario de fecha posterior, siempre que éste no tenga, a su vez, un privilegio.

En este sentido cuanto se refiere a los derechos reales en general, en cuyo ámbito el de fecha anterior priva sobre el posteriormente constituido sobre la misma cosa. En cambio, resulta falsa si se la traslada al campo de las obligaciones, en el cual el acreedor que ha prestado dinero el año pasado no es potior iure frente al que lo ha prestado este año, de modo que en caso de insolvencia del deudor, ambos concurren en igualdad de condiciones -a prorrata- frente al patrimonio del deudor común.

Por otro lado Ángel Acevedo Penco 2013, indica que la colisión entre derechos de esta naturaleza, en los casos donde exista una jerarquía o subordinación, establecida en las diferentes normas jurídicas, se resolverá prevaleciendo el de rango superior sobre el de rango inferior. En cuanto a su naturaleza, los derechos de la personalidad prevalecen sobre los derechos patrimoniales; los derechos reales tienen preferencia sobre los derechos de crédito.

Otras veces la prioridad se otorga al derechos más antiguo en el tiempo aplicándose la máxima o principio prior tempore potior iure, asentada por el Tribunal Supremo desde muy antiguo, según el cual prevalece el derecho que se constituyó primero sobre el más moderno que queda relegado por aquel. En todos estos casos triunfa el derecho de más calidad sobre el inferior.

En ese mismo orden de ideas precisa Diez-Picazo 2004, que la necesidad de establecer límites a los derechos subjetivos ya que, por el contrario, seria justificada la absoluta arbitrariedad; entre los límites que enuncia se encuentran los llamados naturales, por el hecho que el derecho entre en colisión con otro derecho perteneciente a distinta persona lo que resuelve el legislador de manera distinta, conforme razones de política jurídica, tales como: prior tempore potior iure (mayor antigüedad en el derecho); circunstancias relacionadas con la causa o la naturaleza del derecho (clasificación de los créditos); par conditio creditorum (igualdad de condiciones de todos los derechos en colisión), limites genéricos aplicable a todos los derechos y que se fundamentan en la idea misma de lo que el derecho sea y de la finalidad para la cual es concedido o atribuido al particular, apoyados en estas bases: el ejercicio del derecho debe hacerse conforme a las convicciones éticas imperantes en la comunidad, es decir, el ejercicio del derecho subjetivo debe ajustarse a los dictados de la buena fe; y el ejercicio de un derecho debe ajustarse a la finalidad económica o social para la cual ha sido concedido o atribuido al titular, que impone la prohibición del abuso del derecho.


*Rosmeri Roque. Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI). Pasante de investigación Jurídica de Encuentro Jurídico 2016.


Forma de citación sugerida:

ROQUE, Rosmeri. Alcances y limites del principio Prior In Tempore Potior In Iure, 07 de marzo de  2016.
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19 feb. 2016

Alcances y Limites de la clausula Rebus Sic Stantibus


Por Emely García*

Resumen:

La obligatoriedad de un contrato, la fuerza de ley de lo concertado entre los suscribientes –pacta sunt servanda-, implica seguridad jurídica para los mismos, ya que de antemano los intervinientes conocen y se compelen al contenido del acto jurídico que previa y voluntariamente pactaron. Sujetarse contractualmente, bajo el temor de que surjan condiciones no definidas inicialmente, y que sean impuestas por el ordenamiento, infunda incertidumbre, no obstante, a través de la cláusula rebus sinc stantibus, aquellas circunstancias imprevisibles que transformen radical y sustancialmente lo comprendido en el acuerdo, podría llevar a la modificación o cancelación del mismo.

El contrato es un acto jurídico en el que concurre un acuerdo de voluntades de dos o más personas, ya sea escrito o verbalmente, con la finalidad de crear o transmitir derechos y obligaciones entre las partes que se adhieren al mismo o en beneficio a terceros -bajo las condiciones establecidas legalmente-.

Siempre que se cumplan con los requerimientos exigidos por la legislación correspondiente para su conformación, y su contenido no contraríe el orden público, las personas son libres de entablar relaciones jurídicas conforme su voluntad y concertar sobre cualquier materia. Así los contratos concretados, los intervinientes se compelan a lo pactado, a todas las consecuencias que de ellos se pudieran derivar y a ejecutarlos bajo los términos previstos, tal como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1134 del Código Civil, a saber: las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho... Deben llevarse a ejecución de buena fe”.

Es el principio pacta sunt servanda, el que precisamente se refiere a la sujeción de lo convenido; este plantea la obligatoriedad y la fuerza de ley de los contratos, en razón de que lo pactado voluntariamente exige a las partes su cumplimiento de buena fe. El compromiso obligatorio entre los contrayentes, es la regla general, sin embargo, existe la posibilidad de replantear o anular los convenios a través de la cláusula rebus sic stantibus.

Rebus sic stantibus es una expresión latina que significa «mientras continúen así las cosas» o  «quedándose así las cosas»[1], emanada de la doctrina de los jurisconsultos romanos, y plasmada en el Digesto de la siguiente manera:contractus qui tractu successum habent, vel dependentiam de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur, rebus sic stantibus et aliquo novo non emergentibus; lo que se traduce como, la necesidad de que el contrato que desarrolla sus efectos a lo largo del tiempo y está expuesto al acaecimiento de hechos futuros, debe ser interpretado de modo que su contenido jurídico se adapte a la realidad de las cosas[2].

Al efecto, la cláusula permite la revisión de los contratos, cuando debido a la concurrencia de circunstancias nuevas que no existían al momento de la celebración del acto y que son imprevisibles, las responsabilidades económicas de alguna de las partes han devenido excesivamente gravosas durante la fase de la ejecución del contrato, rompiendo la consonancia del mismo o alterando las recíprocas prestaciones a que se obligaron las partes[3].

Esta tiene como fin lograr restaurar “el equilibrio originario entre las obligaciones acordadas, corregir las desviaciones derivadas de eventualidades no previstas y hacer viable el cumplimiento de los contratos”[4].

El ámbito de aplicación de esta cláusula se circunscribe a aquellos contratos que sean más susceptibles a los cambios en el tiempo, por ende, que sean contratos de tracto sucesivo (ejecución continua de lo convenido), sinalagmáticos (imposición de prestaciones bilaterales u obligaciones correlativas), y estar expuestos a un acontecimiento venidero inesperado.

Asimismo aquellos que experimenten las siguientes consecuencias: un cambio radical sobrevenido que sustituye sustancialmente la base fáctica del contrato, de tal manera que de haber conocido las partes las nuevas circunstancias emergidas, no habrían perfeccionado el vínculo contractual en los términos en los que efectivamente lo hicieron (alteración extraordinaria de los hechos); una transformación que acarree una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó, de modo que una de las partes sigue obligada a cumplir con sus obligaciones en los términos inicialmente previstos, la otra quede total o parcialmente liberada del cumplimiento de sus obligaciones, o bien ve cómo el valor de su prestación se reduce de un modo radical (desproporción exorbitante entre las prestaciones); que la causa emergente sea imprevisible, es decir,  que ninguna de las dos partes podía razonablemente tenerla en cuenta en el momento de realizar el contrato, así como también que la parte perjudicada no haya tenido control alguno de ella (superveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles); y aplicación en defecto de pacto expreso de las partes, de manera que cuando éstas, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, hayan determinado un medio específico para corregir las desigualdades sobrevenidas entre sus prestaciones, o hayan renunciado de modo expreso a este reequilibrio, no podrán someterse al mandato de esta cláusula (carencia de otro medio de reequilibrio)[5].

Las características de esta cláusula se han, mayormente, desarrollado doctrinal y jurisprudencialmente, e interpretándose restrictivamente, debido a que se suele plantear que el uso de esta disposición se contrapone al principio pacta sunt servanda. Sin embargo, también existen argumentos a su favor que concretamente aluden que -pacta sunt servanda siempre que rebus sic stantibus-, es decir, inmutabilidad de los contratos siempre que las cosas sigan siendo así, basándose en que es la regla de la buena fe que fundamenta su implementación.

En ese sentido, tenemos el caso de España, donde se ha ido flexibilizando y aplicando, jurisprudencialmente, esta cláusula a causa de la crisis económica y su consecuente recesión, ya que se está “adecuando fallos actuales a algunos de los primeros fallos del Tribunal Supremo adoptando esta doctrina”[6].

Al contrario, de cara al derecho internacional, en los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales 2010, se puede evidenciar que en el artículo 1.3 se contempla la obligatoriedad de los contratos, al mismo tiempo que plasma la excepción por la “excesiva onerosidad” (rebus sic stantibus o hardship) en los artículos 6.2.1 y siguientes: “artículo 6.2.2.-Definición de excesiva onerosidad: “hay excesiva onerosidad/hardship cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido”.

En el caso de la República Dominicana, el Código Civil no versa sobre esta cláusula; éste hace acopio al principio pacta sunt servanda como previamente habíamos mencionado, no obstante, la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en su artículo 32 primer inciso, establece con respecto a los contratistas, lo siguiente: “el derecho a los ajustes correspondientes de las condiciones contractuales, cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, con relación a las condiciones existentes a1 momento de la presentación de propuestas, que devuelvan el equilibrio económico del contrato”.

(*) Emely García. Licenciada en Derecho egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Pasante de investigación jurídica de Encuentro Jurídico.

Notas:



[1]Enciclopedia jurídica, Edicion 2014, consultado el 21 de enero de 2016, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/rebus-sic-stantibus/rebus-sic-stantibus.htm.
[2]Carmen Baón Romasanta, “La cláusula “rebus sic stantibus” y su aplicación en el panorama actual”, en Ramón & Carvajal abogados (página web), abril-junio 2012, consultado 25 de enero 2016, disponible en el siguiente enlace: http://www.ramonycajalabogados.com/wp-content/uploads/Newsletter_Procesal-junio2012.pdf.
[3]Alfer, “Teoría de los contratos”,  28 de mayo 2008, consultado 21 de enero de 2016, artículo disponible en el siguiente enlace:  http://www.alferabogados.com/web/index.php?name=News&file=article&sid=27.
[4]Fuente citada
[5]Fuente citada
[6]Fuente citada.

Forma de citación sugerida:

GARCIA, Emily. Alcances y Limites de la clausula Rebus Sic Stantibus, 19 de febrero de  2016.
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8 feb. 2016

El Principio Pacta Sunt Servanda como pilar de las relaciones contractuales privadas

Por Cleopatra Scott *

Resumen:

El aforismo latino “Pacta Sunt Servanda” que expresa la idea en sentido estricto “lo pactado obliga” y en sentido amplio, aplicado al abanico de estipulaciones que conforma el objeto y causa del contrato, sobre la cual descansan las relaciones contractuales de cumplirse tal cual fueron pactadas, dicho de otro modo es la obligación de hacer lo que se convino tal cual fue convenido y en el ejercicio propio de la autonomía de la voluntad, de manera tal que ningunos de los contratantes puede eludir lo consensuado.

En los contratos privados el respeto al compromiso asumido por los contratantes, se remonta a la época del derecho romano cuando se asume como principio básico sobre el que descansa el intercambio de voluntades en las relaciones contractuales; a su vez, ese principio nace de otro, el principio de la buena fe, entendido como el modo sincero y justo con que se procede en la ejecución de las obligaciones y se fija en el principio de equidad consagrado en el artículo 1135 del Código Civil Dominicano como soporte de la relación contractual, así tradicionalmente se ha afirmado que esos principios rectores del contrato tienen una fuerza obligatoria o fuerza de ley cuyo vinculo impide que por decisión unilateral se pueda modificar o terminar la relación quedando sujeto quien así procediere a acciones para pretender tal cumplimiento de la obligación y de acciones resarcitorias.

Como garantía a esa fuerza obligatoria sobre lo pactado surge el aforismo latino “Pacta Sunt Servanda” que expresa la idea en sentido estricto de “lo pactado obliga” y en sentido amplio, aplicado al abanico de estipulaciones que conforma el objeto y causa del contrato, sobre la cual descansan las relaciones contractuales, las cuales han de cumplirse tal cual fueren pactadas, dicho de otro modo es la obligación de hacer lo que se convino tal cual fue convenido y en el ejercicio propio de la autonomía de la voluntad, de manera tal que ninguno de los contratantes puede eludir lo consensuado.

Nuestra legislación civil, que nace inspirada por el Código Napoleónico de 1844, constituye la base legal del principio Pacta Sunt Servanda, al disponer su artículo 1134 lo siguiente: “las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por las casusas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecución de buena fe (…)”; en cuyo contenido el legislador tiene el deber de incluir la fuerza probatoria a lo pactado, con el cuidado de no perjudicar o afectar intereses de terceros.

Cabe señalar que la jurisprudencia ha ampliado el campo de aplicación del principio de buena fe en la ejecución de los contratos, ya no solo a la ejecución en si misma sino también donde se manifiesta la buena fe en la negociación del contrato. Está a su vez puede tener varios aspectos, a saber: a) El rompimiento intempestivo de la negociación; b) Las negociaciones paralelas; c) La obligación de negociar; d) La obligación de informar; e) La obligación de aconsejar; f)La negativa de contratar; y g) Los contratos de adhesión (HEADRICK, 2007).

No está demás en este punto reflexionar sobre si el aforismo latino constituye en nuestra legislación un principio, entendiéndose este como una costumbre o aspiración de un derecho al final de un texto de ley o si constituye una regla jurídica o garantía en el entendido de que los principios una vez plasmados en las leyes se convierten en una garantía a favor de los partes y del Estado.

Desde otra perspectiva este principio en la medida que es reconocido y reforzado en la legislación, constituye una “garantía” para quienes celebren un contrato (ver revista actualidad jurídica No. 18. Julio 2008).

(*) Cleopatra Scott. Estudiante de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Pasante de investigación jurídica de Encuentro Jurídico (2016).

Forma de citación sugerida:

SCOTT, Cleopatra. El Principio Pacta Sunt Servanda  como pilar de las relaciones contractuales privadas. 08 de febrero de 2016.
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27 ene. 2016

El principio in dubio pro operario como elemento esencial del Derecho procesal laboral


Por Angélica Cedeño*

Resumen:


Bien es sabido que el proceso jurídico se encuentra investido por una serie de principios que garantizan la tutela judicial efectiva, siendo uno de ellos la igualdad entre las partes. Dicho principio toma vigor en el artículo 39 y 69 de la Constitución dominicana, así como en el artículo 11 y 12 del Código Procesal Penal dominicano, en donde se establece que ambas partes que conforman un litigio deben ser tratadas bajo las mismas reglas. Sin embargo, este prinicipio no es absoluto y por tanto encuentra sus excepciones en algunas ramas del Derecho tales como: el derecho procesal penal –In dubio pro reo–, el derecho administrativo –In dubio pro administrado–, el derecho del consumidor –In dubio pro consumatore, el derecho tributario –In dubio pro contribuyente–, el derecho de obligaciones –In dubio pro debitoris–  como también en el derecho laboral con el principio –In dubio pro operario– el cual quiere decir que «en  caso de duda, esta favorece al trabajador» interpretación que resulta necesaria a la hora de dirimir conflictos suscitados entre el empleador y el trabajador.

Este principio consiste en que cuando un juez deba resolver un conflicto laboral y haya una contradicción en la norma jurídica o en el contrato firmado entre las partes, es obligación del juez aplicar la norma más favorable al empleado, sin perjuicio a la inferioridad de la norma con respecto de la otra. De la misma forma, en caso de que haya dudas o lagunas en el contrato laboral o en la ley el juez debe interpretarla en beneficio del empleado. Cabe destacar que solo habrá cabida a este principio si y solo si hay dudas o contradicciones. Esto se da así, por el principio de "la condición más beneficiosa, la cual no permite que surja una nueva norma que disminuya las condiciones más favorables en que pudiera hallarse el trabajador"[1].

La importancia de este principio radica en que disminuye el desequilibrio existente entre el empleador y el trabajador. En el área laboral el empleado se encuentra subordinado al empleador y dicha situación genera una desigualdad económica, subjetiva y probatoria que inevitablemente se traslada al litigio. Es decir, que en una litis laboral el empleador está por encima del trabajador porque en sus manos se encuentran una serie de herramientas que el trabajador no tiene. Así pues, de la única manera que se puede eliminar o atenuar una desigualdad existente es ofreciendo una acción afirmativa en pos de los trabajadores. "En consecuencia, el proceso laboral rompe con la tesis civilista de la igualdad entre las partes litigantes, pues admite desde el inicio que existe entre ellas una evidente desigualdad, que debe ser restaurada por el establecimiento de reglas desiguales que buscan la protección del más débil en la relación jurídico procesal"[2].

Dentro de la misma esfera del principio protector se encuentra la carga de la inversión de la prueba al empleador que al igual que el principio In dubio pro operario, busca nivelar a las dos partes en el proceso. Esta consiste en que, a raíz de la inferioridad del trabajador de adquirir pruebas y presentarlas en el proceso por su condición de subordinado, la carga de la prueba recae sobre el empleador, sin erradicar por completo el compromiso que tiene el empleado de aportar pruebas.

*Angélica Cedeño. Estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Pasante de investigación jurídica de Encuentro Jurídico 2016.



[1] PLA RODRÍGUEZ, Américo, citado por ALBURQUERQUE, Rafael F., Derecho del trabajo, los conflictos de trabajo y su solución, tomo III, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, Santo Domingo, 2008, p.81.
[2] ALBURQUERQUE, Rafael F., ob. cit., p. 81. 

Forma de citación sugerida:

CEDEÑO, Angélica. El principio in dubio pro operario como elemento esencial del Derecho procesal laboral. 26 de enero de 2016.
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21 dic. 2015

SELECCIONADOS PASANTIA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 2016 (1)


Luego de recibir numerosas candidaturas, la Directiva de ENCUENTRO JURÍDICO (EJ) se dio a la tarea de revisar las documentaciones de cada uno de los postulantes, buscando de entre estos a aquellos que cumplían con el perfil para aprovechar al máximo esta oportunidad de desarrollo académico y profesional. 

Para nosotros constituye un gran placer compartir con ustedes el listado de seleccionados para realizar la PASANTIA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 2016 (1): 

ANGELICA MARIA CEDEÑO RODRIGUEZ

CLEOPATRA SCOTT PEGUERO

DIONICIO HEREDIA GONZALEZ

EDUARDO SIMEON NUÑEZ

EMELY ALTAGRACIA GARCIA AYBAR

JORGE SUAREZ VALENZUELA

JOSUEL ISAMIL BETANCES VARGAS

LUIS FELIPE GUERRERO GUILAMO

ROSMERI DEL CARMEN ROQUE NUÑEZ

VANESSA LISBET SANTANA MELLA

Durante los meses de enero a abril de 2016, estos estudiantes y profesionales del Derecho tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades de investigación, análisis y redacción de documentos jurídicos así como de compartir con toda la comunidad jurídica el fruto de sus trabajos. 

Felicitamos a cada uno de los seleccionados y les deseamos éxitos. 

Consejo Directivo
Encuentro Jurídico.

17 dic. 2015

Aclaraciones sobre el salario de navidad a la luz de la legislación laboral dominicana


Por Aníbal Mauricio*

En la cotidianidad de la relación laboral entre empleadores y trabajadores, es de conocimiento general que en el mes de diciembre los trabajadores reciben un salario especial de parte de su empleador, el cual en lenguaje coloquial es referido como doble sueldo, regalía pascual o regalía navideña. No obstante su reconocimiento general, existe un amplio desconocimiento sobre la naturaleza jurídica y las implicaciones legales propias de este salario.

A continuación presentamos, de forma breve y precisa, las principales consideraciones que permitirán aclarar las dudas en torno a este tema.

Naturaleza Jurídica

En sus orígenes el salario de navidad era considerado como un simple obsequio de parte del empleador con motivo de las fiestas navideñas, por tanto, constituía una regalía en el estricto sentido de la palabra, por lo cual carecía de obligatoriedad legal y a la vez su no pago carecía de consecuencias jurídicas. 

Con el pasar del tiempo y la evolución social de la relación laboral, este monto paso a considerarse como un derecho del trabajador en virtud de su dedicación y trabajo para con su empleador durante todo el año.

En nuestro país se convierte formalmente en un derecho adquirido del trabajador a partir de su consagración en la Ley No. 16-92 que estable el Código de Trabajo de la República Dominicana (en lo adelante CT). Todo lo relativo a este salario queda contenido en los artículos 219 al 222 de dicha norma. 

El artículo 219 del CT reza: "El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre, el salario de Navidad, consistente en la duodécima parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de éste una suma mayor".

Principales Características

- Es un derecho adquirido del trabajador, sin importar el tipo de contrato de trabajo que le una con el empleador.

- Su pago es una obligación por parte del empleador, independientemente de los beneficios o perdidas que obtuvo durante el año transcurrido; Dicha obligación debe cumplirse a más tardar el día veinte (20) de diciembre. 

- El salario de navidad está exento de impuestos, no es susceptible de gravamen, embargo, cesión o venta.

- Finalizada la relación laboral, sin importar la causa, al trabajador le corresponderá una proporción del salario de navidad en base al tiempo laborado durante el año correspondiente.

Modo de cálculo del salario de navidad

Como la Ley claramente establece, se trata de la duodécima parte de los salarios devengados por el trabajador durante el año. Vale resaltar dos aspectos: a) se trata del año calendario, dígase, del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre; y b) siempre se calculara en base a los salarios percibidos no obstante el trabajador no haya trabajado los doce (12) meses del año.

Cabe señalar, que cuando la Ley hace referencia a los salarios devengados por el trabajador, deben tomarse en cuenta como tales el conjunto de beneficios que recibe el trabajador, incluyendo además del salario fijo, lo correspondiente a comisión, dieta, renta, asignación para combustible, renta y pago por el uso del vehículo, entre otros, siempre que el pago por estos conceptos sea de manera habitual, permanente y se constituyan como elementos esenciales para el cumplimiento de las funciones del trabajador.

Ejemplo: Llegado el mes de diciembre, un trabajador ha laborado durante seis (6) meses para un empresa, devengando un salario mensual de diez mil pesos (RD$10,000.00). Se multiplica el numero de meses laborados (seis) por el valor del salario devengado (diez mil) (6 x 10,000), lo que será igual a sesenta mil (60,000) y dicho numero se divide entre doce, que corresponde a los meses del año (60,000÷12) y el resultado es igual a seis mil (6,000). Al trabajador le corresponderán cinco mil pesos (RD$5,000.00) por salario de navidad. 

Principales consecuencias de no pagar el Salario de Navidad

- Se convierte en una deuda exigible, dado que se trata de un derecho adquirido a pagarse a más tardar el veinte (20) de diciembre, el no pago a dicha fecha convierte al empleador en deudor en mora. 

- El trabajador puede demandar por daños y perjuicios, el salario tiene un carácter patrimonial y disfruta de una protección especial por parte del Estado. Tiene un carácter alimentario y como tal una función vital y de primera importancia, no solo para el trabajador y su familia, sino también para toda la colectividad en general.

- La demanda es susceptible de astreinte, por tratarse de una deuda, el trabajador demandante del salario de navidad puede solicitar al juez la aplicación de un astreinte indemnizatorio por cada día de retardo en el pago. 

- Es causa justificada para la dimisión por parte del trabajador, siendo el pago del salario de navidad una obligación para el empleador, el no pago de este, permite al trabajador demandar la terminación del contrato de trabajo por dimisión. Sumándose así mas responsabilidades para el empleador. 

Como se ha podido apreciar, el salario de navidad tiene relevantes implicaciones tanto para el empleador como para el trabajador. No debe verse bajo ninguna circunstancia como una dádiva o regalía.

Todo empleador está obligado a su pago y por tanto debe realizar los ajustes contables y financieros de lugar desde inicios del año a los fines de tener fondos suficientes para cumplir con la obligación.

Las consecuencias del no pago del salario de navidad siempre traerán mayores perjuicios jurídicos y económicos para el empleador, que una prudente administración de sus recursos. 

(*) Abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático de Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). 

Forma de citación sugerida:

Mauricio, Aníbal. Aclaraciones sobre el salario de navidad a la luz de la legislación laboral dominicana, 19 de diciembre de 2013.
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30 nov. 2015

La Resolución 2249 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el EIIL y otros grupos terroristas


Por Aníbal Mauricio (*)


Tras los ataques terroristas perpetrados el 13 de noviembre del presente año en la ciudad de Paris, capital de Francia, los Estados miembros del Consejo de Seguridad (CS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraron el viernes 20 de noviembre una sesión de emergencia con el tema de agenda "Amenazas para la paz y seguridad internacional causadas por amenazas terroristas", cuyo principal objetivo consistió en examinar y tomar medidas contra el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como DAESH), el frente Al-Nusra y Al Qaeda. 

Producto de esta reunión el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 2249 (2015) la cual contiene importantes puntos resolutorios que sin lugar a duda marcarán el paso de las acciones a seguir por parte de las principales naciones en contra de los referidos grupos terroristas. 

A continuación hacemos un breve análisis de lo que a nuestro parecer son los puntos más importantes de la resolución.

Reafirma su condena al terrorismo. A pesar de que todavía no existe una definición consensuada del concepto terrorismo y lo que debe entenderse por actos terroristas (1), el CS reafirma su condena a estos actos declarando que en todas sus formas y manifestaciones constituyen una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales.

Considera a EIIL como una amenaza mundial sin precedentes. Es importante observar como el CS declara al EIIL como una amenaza a escala mundial que pone en peligro la estabilidad de las naciones aún alejadas de la zona de conflicto. Esta afirmación deja al descubierto que el EIIL tiene una estructura organizativa desarrollada, respaldo financiero y capacidad de operar tácticamente en cualquier lugar del globo terráqueo que lo considere.

Reitera la necesidad de una solución política en Siria. Desde sus inicios hace ya más de 5 años hasta la fecha, el conflicto en Siria se ha vuelto cada vez más complejo, de un conflicto político-civil a tomado matices étnicos-religiosos. No obstante, el CS insiste en que no habrá solución al conflicto Sirio hasta tanto no haya una solución política lo que es igual a la salida de Bashar al-Asad y el establecimiento de un nuevo gobierno. 

Exhorta tomar todas las medidas necesarias para prevenir y reprimir los actos terroristas. El enunciado puede ser confuso por su tono diplomático, pero lo que el CS esta haciendo es una autorización implícita a las grandes naciones que estas puedan tomar cualquier medida necesaria con el objetivo de desarticular al EIIL, el frente Al-Nusra y Al-Qaeda en los territorios que ocupan en Siria e Iraq. Debe entenderse que por “todas las medidas necesarias” se refiere particularmente a aquellas contenidas en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, donde el uso de la fuerza es una de ellas. 

Insta a frenar el flujo de combatientes extranjeros. Un grave problema sui generis a este conflicto es el reclutamiento voluntario de combatientes extranjeros en las filas del EIIL, Al-Nusra y Al Qaeda. Esta exhortación de parte del CS implica un mayor control migratorio y fronterizo no solo en las naciones cercanas a la zona en disputa, sino a nivel mundial. 

Como se puede apreciar, la Resolución 2249 (2015) del Consejo de Seguridad da luz verde para la toma de acciones contra estas células terroristas y marca la pauta a seguir. Por tanto, es de esperarse en los días venideros una considerable escalada del conflicto y la intervención directa de fuerzas militares internacionales. 

La resolución puede ser leída íntegramente en el siguiente enlace:

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249(2015)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2015.shtml&Lang=S

Nota:

(1) Una dificultad a la que se enfrentan las políticas de lucha contra el terrorismo es que existen diversas versiones de su definición conceptual y de lo que se entiende  por actos terroristas. Esta diversidad queda matizada por los intereses propios de los Estados que incluyen o excluyen a su conveniencia diversos elementos. Conscientes de esta realidad, el Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas para el Estudio del Terrorismo ha intentado unificar criterios describiendo el terrorismo como "cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

(*) Abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático universitario en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). Miembro del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales (CDRI). Miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP).

Forma de citación sugerida: MAURICIO, Aníbal. "La Resolución 2249 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el EIIL y otros grupos terroristas". Publicado el 30 de noviembre de 2015. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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