Cultura Jurídica y Educación Proactiva

  • CULTURA JURIDICA

    El Derecho se transforma constántemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

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    El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

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    El Derecho es una profesión que, ejercida con vocación y responsabilidad, contribuye al desarollo y fortalecimiento de la sociedad.

15 ago. 2016

"La Responsabilidad Civil Medica". Entrevista al Licenciado Gilberto Objío.

Lic. Gilberto Objío

Juventud, capacidad y dedicación, son ingredientes para el éxito y sin duda alguna esas cualidades se encuentran presentes en el Licenciado Gilberto Objío, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar sobre responsabilidad civil medica y su iniciativa Medical Law.

A continuación compartimos con ustedes íntegramente la entrevista con el destacado y joven jurista Gilberto Objío.

Encuentro Jurídico (EJ): Debemos empezar por lo esencial ¿qué es la responsabilidad civil medica? 

Gilberto Objío (GO): La responsabilidad civil médica, es la obligación de resarcir un daño ocurrido en el ámbito de la prestación de un servicio de salud. Recae sobre los prestadores de servicios de salud, tanto personas físicas (médicos, enfermeros, asistentes médicos, personal de soporte del centro médico), y en personas jurídicas, públicas o privadas (hospitales, clínicas, centros de salud, centros de medicina estética, etc). 

EJ: ¿Cuales elementos son necesarios para que exista responsabilidad civil médica? 

Los elementos de la responsabilidad civil médica son los mismos que los de la responsabilidad civil ordinaria. Debe haber un daño, una falta, y un vínculo de causalidad entre el daño y la falta. Donde se destaca la responsabilidad civil medica, o RCM, es en que la falta que se exige, es una falta con matices muy especiales. 

La falta en la RCM, puede provenir tanto de la violación de las leyes ordinarias, sanitarias, normas de aplicación general, protocolos médicos, y la llamada lex-artis (ley del arte), que podría definirse como el conjunto de prácticas aceptadas por la comunidad médica, y que le son exigibles a los médicos en sus particulares especialidades como elementos consustanciales a su ejercicio medico. 

Los contenido de la lex artis, son: protocolos médicos, doctrinas medicas, reglas de comportamiento sanitarios. Es básicamente, al patrón de comportamiento de buen médico. 

EJ: Hemos escuchado mucho sobre el "consentimiento informado" pero en qué consiste y que implicaciones legales tiene. 

GO: El consentimiento informado es un derecho del paciente y una obligación del médico. El contenido de este derecho es fundamentalmente, que el paciente tiene el derecho, indelegable, de estar debidamente informado previo a cualquier acto médico, de los beneficios, perjuicios, alternativas, diagnósticos, pronósticos, de su estado de salud. Y en base a este conocimiento, emitir un consentimiento informado. 

El consentimiento informado es una condición sine que non para la valides del acto médico. Un acto médico realizado a expensas de la debida información previa, y aceptado, o consentido en ausencia de la información necesaria, o con retención de información, es nulo. 

Por el contrario, un acto médico, realizado luego de que el paciente ha sido debidamente informado, y éste ha consentido en aceptar los riesgos inherentes al acto medio, es un acto médico valido. 

El consentimiento informado no es un simple formulario firmado por el paciente. Es un proceso de información-consentimiento, que queda plasmado en un documento de aceptación de los riesgos. 

El consentimiento informado no se satisface con poner al paciente a firmar a último momento un catalogo de riesgos. El paciente tiene que ser informado con tiempo suficiente para medir los riesgos del acto médico al que está siendo sometido. 

El consentimiento informado debe siempre hacerse constar por escrito. 

Está reglamentado por diversas normas dispersas, como la ley 42.01, artículo 28, el Código de Ética Medico, la Ley General de Protección de los Usuarios y Consumidores, y a eso agregar la sentencia 93-15 de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. 

EJ: ¿Cuál es la situación actual de la regulación de los servicios médicos en la República Dominicana?

GO: Hay una dispersión normativa que hace difícil a la mayoría de abogados, pacientes, y médicos, tener una clara visión del marco normativo. Y hay carencia de regulación reglamentaria. Así mismo, carecemos de una ley de seguro de responsabilidad médica obligatoria, y carecernos de una ley que regule el turismo de salud. Por otro lado, existe la necesidad de que se cumpla con la regulación de los protocolos de atención médica, que deberían estar todos registrados y accesibles al público en el Ministerio de Salud Publica, y no es así. 

EJ ¿Qué debe tomar en cuenta un paciente al realizarse un procedimiento medico? 

GO: Debe informarse, debe solicitar información del tratamiento, de los riesgos, de los beneficios. Debe preguntar si en realidad lo necesita. Debe solicitar segundas opiniones. Debe cerciorarse que el doctor es un doctor calificado para el tratamiento que se pretende hacer. Que la clínica está debidamente habilitada para las eventualidades de emergencia. Que tenga Unidad de Cuidados Intensivos. Debe preguntarle claramente al doctor sobre los imprevistos posibles. Muchas de estas informaciones las puede conseguir a través de la página del Ministerio de Salud Publica. 

EJ: La anterior pregunta nos obliga a mirar la otra cara de la moneda ¿Qué aspectos esenciales debe tomar en cuenta un medico a la hora de ofrecer sus servicios para no incurrir en responsabilidad?

GO: Debe saber si la clínica donde trabaja esta habilitada por el Ministerio de Salud Publica. Debe saber si él está habilitado para realizar la operación como en los casos de cirugías estéticas luego de la resolución 00008-15. Debe informar al paciente y hacerlo por escrito, y hacer al paciente firmar un buen consentimiento informado. Debe llevar un record médico en orden. Debe realizar todos los estudios preoperatorios que el protocolo ordena. Debe actuar con prudencia y diligencia. 

EJ: Ahora conversemos un poco sobre Medical Law, uno de tus proyectos de negocios jurídicos ¿qué es y de donde surge la idea?

GO: Medical Law es un departamento de nuestra oficina IURISCORP, S.R.L. Está especializado en el Derecho Medico, y su objetivo es ser el proveedor de servicios jurídicos al sector salud más competitivo e innovador. Nosotros trabajamos para asistir a pacientes y médicos en la concretización de sus objetivos jurídicos. Y asistimos a inversionistas en el sector regulatorio. 

La idea surge desde el 2010, cuando comencé a trabajar casos de responsabilidad civil por mala práctica médica. En ese momento entendí que no habían abogados realmente especializados en el tema, ni oficinas concentradas en el área. Distinto a lo que sucede en otros sectores. 

EJ: ¿Cuáles han sido los principales retos para impulsar a Medical Law? 

GO: El desconocimiento que existe del derecho médico. En especial entre los mismos médicos y empresas del sector salud. 

EJ: ¿Qué proyectos tiene actualmente Medical Law y cuál es su perspectiva a largo plazo? 

Nuestro próximo proyecto es crear un servicio masivo de asistencia a personal médico, que sea económico, y les permitan tener un resguardo en el caso de ser demandados por mala práctica. Este servicio creemos que lo lanzaremos relativamente pronto, donde los doctores, y personal de salud, podrán con un pago muy bajo mensual (menos de 3,000), tener la confianza de que en caso de tener que necesitar nuestros servicios ahí estaremos. 

Actualmente tenemos vigente un programa de asistencia legal gratuito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el CONAVIHSIDA, que se encarga de dar servicios a víctimas de mala práctica que viven con VIH+ o son parte de poblaciones claves.

También llevamos a cabo jornadas de captación de casos pro-bono, para personas de bajos recursos que han sido víctimas de mala práctica. 

EJ: Agradecemos al Licenciado Gilberto Objío por concedernos esta interesante entrevista que esperamos sea de agrado de nuestra comunidad jurídico, al mismo tiempo, le auguramos grandes porvenires. 

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28 jul. 2016

LEY DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS COMERCIANTES DE LA REPUBLICA DOMINICANA (LEY No. 141-15)


Por Aníbal Mauricio*


Resumen: la reciente Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes (Ley No. 141-15) marca un hito en el sistema normativo dominicano teniendo como objeto establecer los mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores. En el presente escrito analizamos a grandes rasgos su contenido esencial para conocimiento de la comunidad jurídica y el público en general. 

Palabras claves: Reestructuración, Liquidación, Acreedores, Deudores, Empresas, Personas Físicas, Comerciantes, Conciliador, Liquidador, Verificador.


El día 7 de agosto del año 2015 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de la República Dominicana (En lo adelante "La Ley"), que entrará en vigencia el día 7 de febrero del año 2017. Esta Ley marca un antes y un después en el sistema normativo dominicano al tratarse de una pieza adaptada a nuestros tiempos y a las circunstancias reales de las actividades de comercio y de negocios. 

Previo a la Ley No. 141-15 no existía un marco jurídico que contemplara la reestructuración financiera de las empresas y las personas físicas comerciantes, por lo que solo podía recurrirse a las figuras de la quiebra y la liquidación, la primera contenida en los artículos 437 al 614 del Código de Comercio y en la Ley No. 4582 sobre Declaración de Estado de Quiebra de 1956 y la segunda en los artículos 408 al 439 de la Ley No. 479-08 General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. 31-11.  Además, la Ley No. 141-15 ha creado novedosas figuras propias a fin de viabilizar la efectiva aplicación de sus disposiciones y ordena el establecimiento de tribunales especializados para conocer de los procesos judiciales. 

Objeto de la Ley

El artículo 1 de la Ley indica que su objeto es "(...) establecer los mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores, permitiendo que estos últimos permanezcan en funcionamiento y superen las dificultades económicas que le impida cumplir con las obligaciones asumidas, logrando la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes (...)". 

De la lectura previa podemos colegir el doble objeto que tiene la ley: i) proteger a los acreedores frente a la insolvencia de sus deudores; ii) contribuir a que los deudores superen su situación de insolvencia, garantizando su continuidad operativa. 

Consideramos interesante el hecho de que la Ley convierte a la reestructuración en regla y a la liquidación en excepción, supeditando la segunda a la obligatoria ocurrencia previa de la primera, constituyendo una positiva transformación en los efectos jurídicos, económicos y sociales que envuelven la dinámica de la insolvencia. La idea es que mediante los procesos contemplados los deudores recuperen sus acreencias, la empresa continué sus operaciones y los trabajadores sigan laborando, todo lo cual contribuye a una fluidez y resiliencia en la dinámica económica nacional. 

Alcance de la Ley

El Artículo 2 establece el alcance de la Ley y sobre ello indica que aplica para las siguientes categorías:

a) Personas físicas comerciantes nacionales o extranjeras

Esta categoría especifica que no todas las personas físicas pueden ampararse por esta Ley, sino aquellas que poseen la calidad de comerciantes, por tanto, debe entenderse como comerciantes quienes realizan actos de comercio y hacen de ello su profesión habitual, tal como indica el Art. 1 del Código de Comercio de la República Dominicana. 

En el caso de las personas físicas comerciantes extranjeros consideramos que aunque la Ley no lo indica debe considerarse el criterio de constancia o habitualidad en los actos de comercio que realiza, es decir, que aquel extranjero que circunscribe sus acciones comerciales a actos únicos, temporales o aislados no debería caer bajo el amparo de esta Ley.

b) Empresas nacionales y las domiciliadas o con presencia permanente en el país.

Esta categoría no requiere de mayores explicaciones pero no podemos dejar de comentar que se ha tomado un criterio amplio que abarca a la mayoría de las empresas que operan en el país. La distinción entre domiciliadas y con presencia permanente no es una necedad gramatical del legislador, en tanto la primera es aquella que se encuentra debidamente registrada como empresa extranjera ante el registro mercantil de su domicilio principal en el país mientras que la segunda corresponde a las que operan habitualmente aun sin tener el referido registro mercantil como empresa extranjera.

La Ley indica que se excluye de su alcance: i) Las empresas y sociedades comerciales cuya participación mayoritaria o control es ejercido por el Estado; ii) Las entidades de intermediación financiera y; iii) Los intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, depósitos centralizados de valores, bolsas de valores, sociedades titularizadoras y cualquiera considerada participante del mercado, con excepción de las sociedades de suscripción pública, y regidas por la Ley de Mercado de Valores No. 19-00. 

Principios de la Ley

La Ley contempla 10 principios rectores que se constituyen como las directrices de las disposiciones y actuaciones que contempla.  Estos principios son: celeridad, conducta ética, eficiencia, gobernabilidad económica y corporativa, igualdad, maximización de activos,  negociabilidad, reciprocidad, transparencia e información y universalidad. 

De estos principios resaltamos los de celeridad y eficiencia, en virtud de que el estado de insolvencia genera incertidumbre en todas las partes involucradas y requiere ser resuelto con urgencia, también los de gobernabilidad económica y corporativa, maximización de activos y  negociabilidad, ya que juntos garantizan que el proceso se realice con equidad y con las debidas garantías de los intereses de las partes intervinientes. 

La Jurisdicción de Liquidación y Reestructuración Judicial

El Capitulo III de la Ley esta dedicado a la Jurisdicción de reestructuración y liquidación, un nuevo tribunal ordenado por la ley cuya función es conocer de los procesos de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes y de las acciones judiciales vinculadas a éstas.

Se indica que la jurisdicción estará integrada por los Tribunales de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia y las Cortes de Apelación de Reestructuración y Liquidación y que las decisiones de estas últimas podrán ser recurridas en casación por ante la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.

La Ley crea dos tribunales especiales ubicados en Santiago y en el Distrito Nacional, los cuales serán competentes territorialmente de cubrir las demás jurisdicciones del país conforme lo indica la Ley. 

Sobre esta apartado queremos resaltar dos puntos: i) claramente estos tribunales deberán contar con jueces especializados en la materia por ende tanto el Poder Judicial como la Escuela Nacional de la Judicatura deben desde ya aplicar programas especiales para la formación en este novedoso campo, garantizando así la capacidad de realizar efectivas justipreciaciones; ii) Por lo novedoso y especializado de la Ley consideramos que los primeros años podrían ser tímidos los casos que conozcan los tribunales, sin embargo, conforme se vaya entendiendo la relevancia de los procesos tanto para deudores y acreedores veremos un crecimiento exponencial de los casos, razón por la cual dos tribunales no darán abasto. A lo antedicho se suma la valoración sobre el costo económico del traslado hacia la ciudad de Santiago o al Distrito Nacional que deberán cubrir los interesados. Definitivamente llegará el momento de ampliar la designación territorial de los tribunales y es algo que se pudo preveer desde ya en la Ley. 

El Proceso de Reestructuración

En la reestructuración de deuda se trata de lograr un acuerdo (...) sobre los futuros términos y condiciones de la deuda con el objetivo de hacer viable la empresa cuando ya existe una situación actual o inminente de insuficiencia financiera (Lopéz Lubián: 2012).

En ese sentido el proceso de reestructuración debe ser requerido al Tribunal de Reestructuración y Liquidación competente ya sea por parte del deudor o de cualquiera de los acreedores con calidad según lo indicado en el artículo 33 de la Ley. 

La instancia de solicitud de reestructuración debe depositarse por escrito, debidamente motivada y con los requisitos establecidos en la Ley y su reglamento. El solicitante debe establecer claramente en la instancia al menos una de las condiciones indicadas en el artículo 29 de la Ley so pena de que la instancia sea rechazada.

Ante la solicitud de reestructuración el Tribunal debe ordenar la designación de un Verificador, que será una persona física debidamente autorizada para dichas funciones cuyo objetivo será confirmar la situación financiera del Deudor y comunicar al Tribunal los resultado de sus pesquisas. 

La norma permite en caso de mutuo acuerdo entre las partes que estas presenten un Acuerdo Previo de Plan que en caso de ser aceptado por el Tribunal tendrá el mismo efecto que la reestructuración ordenada por dicho Tribunal. El deudor debe colaborar con las tareas del Verificador aunque la Ley establece medios de defensa para éste respecto de la procedencia o no de la o las solicitudes de reestructuración realizadas.

Si el Tribunal acoge el proceso de reestructuración se ordena la notificación e inicia el proceso de Conciliación y Negociación que será guiado por un Conciliador persona física designado por el mismo Tribunal. Durante este proceso quedan suspendidas todas las acciones judiciales, administrativas o arbitrales ejercidas contra la Masa, de manera que el deudor pueda continuar con el funcionamiento del negocio. 

Precisamente a los fines de la continuidad del negocio durante el proceso de Conciliación se prevee que el Tribunal puede, a petición del conciliador y sin mediar objeción de la mayoría de acreedores, autorizar nuevos financiamientos a cargo del deudor para asegurar la continuidad de las operaciones ordinarias. Sin embargo, se protege por igual a los Acreedores en tanto a que a solicitud de éstos debidamente fundamentada, el Conciliador puede accionar en nulidad, ante el Tribunal, en contra de actos realizados por el Deudor dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de reestructuración, cuando esos actos hayan constituido una distracción injustificada de los bienes de la Masa.

El pago de las deudas posteriores al inicio del proceso de conciliación y negociación debe ser realizado en el orden siguiente: 

i) Las deudas de naturaleza laboral cuyo importe no haya sido avanzado en aplicación del Código de Trabajo u otras leyes referentes a la seguridad social o salud del trabajador. 

ii) Los gastos del procedimiento de reestructuración, incluyendo los honorarios de los funcionarios y auxiliares involucrados en el proceso. 

iii) Los préstamos consentidos por entidades de intermediación financieras u otros terceros aportantes de financiamiento debidamente autorizados por el tribunal. 

iv) Las acreencias de los proveedores o suplidores esenciales y de servicios públicos debidamente autorizados por el tribunal. 

v) Las acreencias resultantes de la ejecución de los contratos que continúen vigentes luego del inicio del proceso de reestructuración, conforme a las disposiciones del Artículo 88 de esta ley y de los cuales el acreedor acepta recibir un pago diferido. En caso de rescisión de un contrato que continúe vigente, las indemnizaciones y penalidades serán excluidas del beneficio de esta disposición.

vi) Los otros créditos según su rango.

No podemos dejar de comentar que la Ley contempla para el proceso de reestructuración disposiciones que salvaguardan los contratos convenidos por el deudor así como las relaciones con sus trabajadores debiendo siempre cumplir con las normas laborales. 

Finalizado el proceso de reestructuración el deudor, el conciliador o cualquier acreedor con calidad puede solicitar la terminación del proceso y el inicio del proceso de liquidación judicial. La conversión no ocurre de manera automática sino mediante sentencia del tribunal competente. 

El Proceso de Liquidación Judicial

El procedimiento de liquidación judicial puede ser iniciado ante el tribunal por cualquiera de las siguientes partes legitimadas y ante la ocurrencia de una o alguna de las situaciones siguientes: 

i) La solicitud, en cualquier momento, del deudor. 

ii) La solicitud del verificador, ante la falta de información u obstaculización de sus labores por parte del deudor o de los sujetos obligados a cooperar de acuerdo a lo previsto en esta ley o mediante el informe de verificación cuando determine que el deudor se encuentra en una situación de una reestructuración manifiestamente inviable. 

iii) La solicitud del conciliador durante el proceso de conciliación y negociación bien sea por la imposibilidad de asumir sus funciones derivado de la falta de cooperación o disposición de las partes obligadas, por la manifiesta inviabilidad del deudor en proceso de reestructuración razonablemente demostrada o por la terminación del plazo para la aprobación del plan sin su aprobación.

iv) Por el deudor, el conciliador, un acreedor reconocido, o por decisión de la mayoría de acreedores tramitada a través del asesor de los acreedores, ante el incumplimiento de las previsiones del plan de reestructuración durante su ejecución conforme prevé el Artículo 144 de esta ley. En estos casos, la simple solicitud no tiene efectos suspensivos, modificadores o condicionantes sobre el plan de reestructuración en ejecución.

A tales efectos y en caso de que el Tribunal decida iniciar el proceso, designará inmediatamente a un Liquidador persona física encargado de actuar como administrador o guía del proceso en cuestión.

La sentencia que ordena la liquidación judicial implica de pleno derecho, a partir de su notificación, el desapoderamiento del deudor en cuanto a la administración y disposición de los bienes adquiridos a cualquier título y hasta que la liquidación judicial sea clausurada. El liquidador asume desde este momento todas las prerrogativas y facultades de administración. 

El liquidador debe presentar ante el tribunal un plan de liquidación para la realización de los bienes y derechos que integran la masa, para lo cual cuenta con un plazo de de quince (15) días hábiles contados a partir de la aprobación de la lista definitiva de acreencias. 

El Tribunal dará por clausurado el proceso de liquidación en caso de que: i) no exista más pasivo exigible o el Liquidador disponga de suficientes sumas para desinteresar a los Acreedores; y ii) en caso de imposibilidad de continuación debido a la insuficiencia del activo. 

El pago de las acreencias en la liquidación judicial debe realizarse de conformidad con las disposiciones legales vigentes respetando siempre el orden de prelación de los acreedores participantes.

Cabe mencionar que en el Capítulo V de la Ley quedan detalladamente definido los recursos por medio de los cuales pueden ser recurridas en apelación las decisiones de los tribunales de Jurisdicción de Liquidación y Reestructuración Judicial, así como aquellas decisiones o acciones que no son susceptibles de recurso. 

Cooperación con Tribunales y Representantes Extranjeros

La Ley No. 141-15 contempla en el Capítulo IV del Título IV disposiciones especiales relativas a los procesos judiciales o administrativos internacionales relativos a casos de reestructuración o liquidación. La norma contempla 4 supuestos bajo los cuales puede operar la cooperación internacional:

i) Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicita asistencia en la República Dominicana en relación con un procedimiento extranjero. 

ii) Se solicita asistencia en un Estado extranjero en relación con un procedimiento de reestructuración o liquidación judicial que se tramita con arreglo a esta ley. 

iii) Se están tramitando simultáneamente, y respecto de un mismo deudor, un procedimiento extranjero y un procedimiento en la República Dominicana con arreglo a esta ley.

iv) Los acreedores u otras personas interesadas, que están en un Estado extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento de reestructuración o liquidación judicial, o en participar en un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a esta ley.

Las disposiciones contempladas en el Capítulo IV entran en vigor cuando no se dispone de otro modo en los tratados internacionales de los que República Dominicana sea parte.

Infracciones, Sanciones y Delito de Bancarrota

No podemos finalizar este estudio general de la Ley 141-15 sin mencionar que la misma contempla en su Título V un compendio detallado de disposiciones penales por la comisión de infracciones y el delito de bancarrota. Las sanciones contempladas llegan hasta los 3 años de reclusión y multas de hasta 1,250 salarios mínimos. 

De su parte, la condena por delito de bancarrota contempla sanciones de hasta 3 años de reclusión y multas de hasta 3,500 salarios mínimos, además de que los individuos declarados culpables del delito de bancarrota podrán recibir las penas complementarias de interdicción para el ejercicio de las funciones que ocupaban o las actividades que realizaban. Las referidas disposiciones abarcan a todas las partes involucradas en los procesos contenidos en la Ley, deudores, acreedores, verificadores, conciliadores y liquidadores.

Este marco sancionador recibe todos nuestros elogios pues su carácter rígido constriñe a la necesaria transparencia que requiere tanto el proceso de reestructuración financiera como el de liquidación judicial.

Conclusión

Mediante la Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de la República Dominicana, el legislador ha creado un régimen legal que brinda ayuda tanto a las empresas y comerciantes personas físicas como a los acreedores, permitiendo en primer orden que las empresas y comerciantes personas físicas puedan normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante la reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos, quedando la liquidación judicial como una ultima y excepcional fase.

La ley considera la realidad del mundo globalizado al contemplar la cooperación internacional, la cual esta llamada a facilitar los procesos judiciales o administrativos internos con elementos extranjeros o viceversa. 

Muy importante ha sido el establecimiento de un régimen sancionador que promueve la transparencia en todos los actores involucrados en cada una de las fases dispuestas por la Ley. 

Esperamos que a la entrada en vigencia de la Ley en febrero de 2017 cuente con su respectivo reglamento de aplicación y la habilitación de los tribunales especializados. Igual de importante será la difusión de la norma entre los operadores y auxiliares de la justicia, la realización de eventos académicos, de debate y el acercamiento lato de los elementos esenciales al público en general.

No cabe duda de que seguiremos aprendiendo mucho más sobre la aplicación práctica de la Ley con su entrada en vigencia y las diversas disputas y sentencias que surjan en los tribunales. 

Descarga aquí la la Ley 141-15


*Aníbal Mauricio es abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).


Bibliografía:


-  LOPEZ LUBIAN, Francisco. Reestructuración financiera: Algunas lecciones prácticas. El País, 16 de noviembre de 2012 (Consultado el 28/07/2016). Disponible en: http://blogs.elpais.com/via-ie-business/2012/11/reestructuraci%C3%B3n-financiera-algunas-lecciones-pr%C3%A1cticas.html

- Enciclopedia Jurídica. Disponible en: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html

Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de la República Dominicana No. 141-15. G. O. No. 10809 del 12 de agosto de 2015.

- Código de Comercio de la República Dominicana. 


Forma de citación sugerida:

MAURICIO, Aníbal. LEY DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS COMERCIANTES DE LA REPUBLICA DOMINICANA (LEY No. 141-15). 28 de julio de 2016.
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25 may. 2016

REFLEXIONES: LA VICTORIA DEL PRM

Por Aníbal Mauricio(*)

El desempeño sobresaliente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las recientes elecciones es un hecho indiscutible avalado por las cifras y la gran cantidad de elegidos en los tres niveles electivos. No obstante, muchos han desapercibido otro actor victorioso de la contienda electoral, nos referimos al Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) surge en el año 2014 como consecuencia de la fragmentación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Si bien gran parte de su militancia es veterana de largas batallas políticas en las filas del PRD no menos cierto es que han brindado la oportunidad de participación a una nueva generación de jóvenes políticos y esa amalgama, junto a otros factores no menos relevantes, le permitió al partido calar en la preferencia y confianza de una buena parte del electorado. 

La obtención de poco mas del 35% del total de votos a nivel presidencial y varios escaños en los niveles congresuales y municipales ha legitimado el espacio del PRM como principal fuerza opositora y le ha otorgado un punto de partida preferencial para un siguiente certamen electoral. 

Dado el escenario político que envolvió las recientes elecciones era sencillamente utópico imaginar un mejor resultado para el PRM, por ello, una vez concluido el proceso, más allá de la necesaria denuncia e investigación de los acontecimientos irregulares que pudieron suscitarse, el PRM requiere asumir con responsabilidad y estrategia la posición de principal fuerza opositora. Esto involucra un trabajo permanente durante todo el periodo de tiempo hasta las siguientes elecciones que incluya: una oposición al gobierno, el fortalecimiento de sus bases y de la alta dirigencia y la captación de nuevos militantes. Seguir fortaleciendo el liderazgo interno y externo de Luis Abinader como potencial candidato en los siguientes comicios y hacer una excelente labor en los puestos obtenidos, en especial la alcaldía del Distrito Nacional.

Consideramos que siguiendo estas líneas de acción el PRM puede llegar ocupar el lugar del PRD y constituirse en una maquinaria política que equilibre la balanza política dominicana. Siempre he considerado que un sistema político democrático saludable requiere de un equilibrio de sus fuerzas.

(*) Abogado e internacionalista. Fundador y director de Encuentro Jurídico. Catedrático en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Forma de citación sugerida:

MAURICIO, Aníbal. REFLEXIONES: LA VICTORIA DEL PRM. 25 de mayo de 2016.
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7 mar. 2016

Alcances y limites del principio Prior In Tempore Potior In Iure


Por Rosmeri Roque*

Resumen:

El principio del derecho que se expresa en el adagio prior (in) tempore potior (in) iure ("es más fuerte el derecho anterior en el tiempo"), hace que, en caso de conflicto, el derecho más antiguo deba poder ejercerse aun en detrimento del más reciente. Mazeaud define este principio como la regla básica en los derechos reales de garantía.

Antes de referirnos en concreto sobre el tema a tratar, es preciso definir este principio Prior In Tempore Potior In Iure: según la Enciclopedia Jurídica 2014, el principio del derecho que se expresa en el adagio prior (in) tempore potior (in) iure ("es más fuerte el derecho anterior en el tiempo"), hace que, en caso de conflicto, el derecho más antiguo deba poder ejercerse aun en detrimento del más reciente.

De la misma manera el primero en contener formalmente dicha expresión en un texto de Derecho, concretamente, de Derecho canónico, fue Bonifacio VIII, en su Liber Sextus Decretalium, donde expone 87 regulae iuris (reglas de derecho) o aforismos jurídicos, que actualmente se conocen de forma vulgar como "latinazgos".

También Mazeaud define este principio como la regla básica en los derechos reales de garantía, y particularmente en materia de hipotecas, expresiva de que el derecho de prenda o hipoteca constituido primeramente ha de ser preferido a los que se constituyen con posterioridad con lo que los créditos de los acreedores pignoraticios o hipotecarios posteriores están subordinados al del primeramente establecido. La prioridad venía determinada en el derecho romano a falta de un sistema de registro, por la fecha no del crédito garantizado sino del contrato constitutivo de la prenda o hipoteca. Por ejemplo una hipoteca a su favor, se entiende que tiene la preferencia en el derecho la parte que la haya inscrito primero en el Registro de la Propiedad. 

Ha de aclararse, sin embargo, con Scialoja, que esta regla, tomada en términos generales, es falsa, ya que, admite aplicación a determinados derechos pero no a otros. Así, ella es verdadera en caso de pluralidad de hipotecas sobre una misma cosa, en el cual el acreedor hipotecario de fecha posterior, siempre que éste no tenga, a su vez, un privilegio.

En este sentido cuanto se refiere a los derechos reales en general, en cuyo ámbito el de fecha anterior priva sobre el posteriormente constituido sobre la misma cosa. En cambio, resulta falsa si se la traslada al campo de las obligaciones, en el cual el acreedor que ha prestado dinero el año pasado no es potior iure frente al que lo ha prestado este año, de modo que en caso de insolvencia del deudor, ambos concurren en igualdad de condiciones -a prorrata- frente al patrimonio del deudor común.

Por otro lado Ángel Acevedo Penco 2013, indica que la colisión entre derechos de esta naturaleza, en los casos donde exista una jerarquía o subordinación, establecida en las diferentes normas jurídicas, se resolverá prevaleciendo el de rango superior sobre el de rango inferior. En cuanto a su naturaleza, los derechos de la personalidad prevalecen sobre los derechos patrimoniales; los derechos reales tienen preferencia sobre los derechos de crédito.

Otras veces la prioridad se otorga al derechos más antiguo en el tiempo aplicándose la máxima o principio prior tempore potior iure, asentada por el Tribunal Supremo desde muy antiguo, según el cual prevalece el derecho que se constituyó primero sobre el más moderno que queda relegado por aquel. En todos estos casos triunfa el derecho de más calidad sobre el inferior.

En ese mismo orden de ideas precisa Diez-Picazo 2004, que la necesidad de establecer límites a los derechos subjetivos ya que, por el contrario, seria justificada la absoluta arbitrariedad; entre los límites que enuncia se encuentran los llamados naturales, por el hecho que el derecho entre en colisión con otro derecho perteneciente a distinta persona lo que resuelve el legislador de manera distinta, conforme razones de política jurídica, tales como: prior tempore potior iure (mayor antigüedad en el derecho); circunstancias relacionadas con la causa o la naturaleza del derecho (clasificación de los créditos); par conditio creditorum (igualdad de condiciones de todos los derechos en colisión), limites genéricos aplicable a todos los derechos y que se fundamentan en la idea misma de lo que el derecho sea y de la finalidad para la cual es concedido o atribuido al particular, apoyados en estas bases: el ejercicio del derecho debe hacerse conforme a las convicciones éticas imperantes en la comunidad, es decir, el ejercicio del derecho subjetivo debe ajustarse a los dictados de la buena fe; y el ejercicio de un derecho debe ajustarse a la finalidad económica o social para la cual ha sido concedido o atribuido al titular, que impone la prohibición del abuso del derecho.


*Rosmeri Roque. Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI). Pasante de investigación Jurídica de Encuentro Jurídico 2016.


Forma de citación sugerida:

ROQUE, Rosmeri. Alcances y limites del principio Prior In Tempore Potior In Iure, 07 de marzo de  2016.
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19 feb. 2016

Alcances y Limites de la clausula Rebus Sic Stantibus


Por Emely García*

Resumen:

La obligatoriedad de un contrato, la fuerza de ley de lo concertado entre los suscribientes –pacta sunt servanda-, implica seguridad jurídica para los mismos, ya que de antemano los intervinientes conocen y se compelen al contenido del acto jurídico que previa y voluntariamente pactaron. Sujetarse contractualmente, bajo el temor de que surjan condiciones no definidas inicialmente, y que sean impuestas por el ordenamiento, infunda incertidumbre, no obstante, a través de la cláusula rebus sinc stantibus, aquellas circunstancias imprevisibles que transformen radical y sustancialmente lo comprendido en el acuerdo, podría llevar a la modificación o cancelación del mismo.

El contrato es un acto jurídico en el que concurre un acuerdo de voluntades de dos o más personas, ya sea escrito o verbalmente, con la finalidad de crear o transmitir derechos y obligaciones entre las partes que se adhieren al mismo o en beneficio a terceros -bajo las condiciones establecidas legalmente-.

Siempre que se cumplan con los requerimientos exigidos por la legislación correspondiente para su conformación, y su contenido no contraríe el orden público, las personas son libres de entablar relaciones jurídicas conforme su voluntad y concertar sobre cualquier materia. Así los contratos concretados, los intervinientes se compelan a lo pactado, a todas las consecuencias que de ellos se pudieran derivar y a ejecutarlos bajo los términos previstos, tal como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1134 del Código Civil, a saber: las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho... Deben llevarse a ejecución de buena fe”.

Es el principio pacta sunt servanda, el que precisamente se refiere a la sujeción de lo convenido; este plantea la obligatoriedad y la fuerza de ley de los contratos, en razón de que lo pactado voluntariamente exige a las partes su cumplimiento de buena fe. El compromiso obligatorio entre los contrayentes, es la regla general, sin embargo, existe la posibilidad de replantear o anular los convenios a través de la cláusula rebus sic stantibus.

Rebus sic stantibus es una expresión latina que significa «mientras continúen así las cosas» o  «quedándose así las cosas»[1], emanada de la doctrina de los jurisconsultos romanos, y plasmada en el Digesto de la siguiente manera:contractus qui tractu successum habent, vel dependentiam de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur, rebus sic stantibus et aliquo novo non emergentibus; lo que se traduce como, la necesidad de que el contrato que desarrolla sus efectos a lo largo del tiempo y está expuesto al acaecimiento de hechos futuros, debe ser interpretado de modo que su contenido jurídico se adapte a la realidad de las cosas[2].

Al efecto, la cláusula permite la revisión de los contratos, cuando debido a la concurrencia de circunstancias nuevas que no existían al momento de la celebración del acto y que son imprevisibles, las responsabilidades económicas de alguna de las partes han devenido excesivamente gravosas durante la fase de la ejecución del contrato, rompiendo la consonancia del mismo o alterando las recíprocas prestaciones a que se obligaron las partes[3].

Esta tiene como fin lograr restaurar “el equilibrio originario entre las obligaciones acordadas, corregir las desviaciones derivadas de eventualidades no previstas y hacer viable el cumplimiento de los contratos”[4].

El ámbito de aplicación de esta cláusula se circunscribe a aquellos contratos que sean más susceptibles a los cambios en el tiempo, por ende, que sean contratos de tracto sucesivo (ejecución continua de lo convenido), sinalagmáticos (imposición de prestaciones bilaterales u obligaciones correlativas), y estar expuestos a un acontecimiento venidero inesperado.

Asimismo aquellos que experimenten las siguientes consecuencias: un cambio radical sobrevenido que sustituye sustancialmente la base fáctica del contrato, de tal manera que de haber conocido las partes las nuevas circunstancias emergidas, no habrían perfeccionado el vínculo contractual en los términos en los que efectivamente lo hicieron (alteración extraordinaria de los hechos); una transformación que acarree una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó, de modo que una de las partes sigue obligada a cumplir con sus obligaciones en los términos inicialmente previstos, la otra quede total o parcialmente liberada del cumplimiento de sus obligaciones, o bien ve cómo el valor de su prestación se reduce de un modo radical (desproporción exorbitante entre las prestaciones); que la causa emergente sea imprevisible, es decir,  que ninguna de las dos partes podía razonablemente tenerla en cuenta en el momento de realizar el contrato, así como también que la parte perjudicada no haya tenido control alguno de ella (superveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles); y aplicación en defecto de pacto expreso de las partes, de manera que cuando éstas, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, hayan determinado un medio específico para corregir las desigualdades sobrevenidas entre sus prestaciones, o hayan renunciado de modo expreso a este reequilibrio, no podrán someterse al mandato de esta cláusula (carencia de otro medio de reequilibrio)[5].

Las características de esta cláusula se han, mayormente, desarrollado doctrinal y jurisprudencialmente, e interpretándose restrictivamente, debido a que se suele plantear que el uso de esta disposición se contrapone al principio pacta sunt servanda. Sin embargo, también existen argumentos a su favor que concretamente aluden que -pacta sunt servanda siempre que rebus sic stantibus-, es decir, inmutabilidad de los contratos siempre que las cosas sigan siendo así, basándose en que es la regla de la buena fe que fundamenta su implementación.

En ese sentido, tenemos el caso de España, donde se ha ido flexibilizando y aplicando, jurisprudencialmente, esta cláusula a causa de la crisis económica y su consecuente recesión, ya que se está “adecuando fallos actuales a algunos de los primeros fallos del Tribunal Supremo adoptando esta doctrina”[6].

Al contrario, de cara al derecho internacional, en los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales 2010, se puede evidenciar que en el artículo 1.3 se contempla la obligatoriedad de los contratos, al mismo tiempo que plasma la excepción por la “excesiva onerosidad” (rebus sic stantibus o hardship) en los artículos 6.2.1 y siguientes: “artículo 6.2.2.-Definición de excesiva onerosidad: “hay excesiva onerosidad/hardship cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido”.

En el caso de la República Dominicana, el Código Civil no versa sobre esta cláusula; éste hace acopio al principio pacta sunt servanda como previamente habíamos mencionado, no obstante, la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en su artículo 32 primer inciso, establece con respecto a los contratistas, lo siguiente: “el derecho a los ajustes correspondientes de las condiciones contractuales, cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, con relación a las condiciones existentes a1 momento de la presentación de propuestas, que devuelvan el equilibrio económico del contrato”.

(*) Emely García. Licenciada en Derecho egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Pasante de investigación jurídica de Encuentro Jurídico.

Notas:



[1]Enciclopedia jurídica, Edicion 2014, consultado el 21 de enero de 2016, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/rebus-sic-stantibus/rebus-sic-stantibus.htm.
[2]Carmen Baón Romasanta, “La cláusula “rebus sic stantibus” y su aplicación en el panorama actual”, en Ramón & Carvajal abogados (página web), abril-junio 2012, consultado 25 de enero 2016, disponible en el siguiente enlace: http://www.ramonycajalabogados.com/wp-content/uploads/Newsletter_Procesal-junio2012.pdf.
[3]Alfer, “Teoría de los contratos”,  28 de mayo 2008, consultado 21 de enero de 2016, artículo disponible en el siguiente enlace:  http://www.alferabogados.com/web/index.php?name=News&file=article&sid=27.
[4]Fuente citada
[5]Fuente citada
[6]Fuente citada.

Forma de citación sugerida:

GARCIA, Emily. Alcances y Limites de la clausula Rebus Sic Stantibus, 19 de febrero de  2016.
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