Cultura Jurídica y Educación Proactiva

  • CULTURA JURIDICA

    El Derecho se transforma constántemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

  • EDUCACION PROACTIVA

    El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

  • RESPONSABILIDAD SOCIAL

    El Derecho es una profesión que, ejercida con vocación y responsabilidad, contribuye al desarollo y fortalecimiento de la sociedad.

18/11/2014

Jurisprudencia como Fuente de Derecho


Por Néstor Juan Saviñón Portorreal*

Cuando hablamos de jurisprudencia, el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española de la Lengua[1]  nos la define como: 1. Ciencia del derecho; 2 conjunto de sentencias de los tribunales,  y doctrina que contienen, y 3. Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes.

Desde tiempos de Celso y Ulpiano[2], la jurisprudencia, junto a la ley y la costumbre, es una fuente de derecho incontestable. El Pretor o juez en tiempos del Bajo Imperio Romano (S. II-IV D.C.), al dictar sentencias, establecía el derecho vivo, al interpretar y crear nuevas realidades surgidas de dichos fallos.

La jurisprudencia es esa solución severa, humana y jurídica que el juez le da a una causa que se le presenta. No puede negarse a resolver el caso[3] salvo aquellos casos taxativos que enumera la ley, ya que es pasible de ser perseguido por denegación de justicia, y que este magistrado debe ser el garante de los derechos de los ciudadanos ante las arbitrariedades e iniquidades del Poder, debiendo, por mandato constitucional tutelar judicialmente los reclamos de los ciudadanos[4], restableciendo los mismos en las condiciones más favorables a los demandantes, atendiendo su vulnerabilidad[5], sea por género, edad, discapacidad, nivel socioeducativo, nivel socioeconómico y cualquier otra causa que pueda evitar la igualdad procesal y real entre las partes.

Y esto se impone a todos los jueces, incluyendo a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, quienes fijan y unifican la jurisprudencia en las materias que se les presentan.
Dicha solución, que debe ser motivada[6], con el fin de respetar el derecho de defensa que asiste a las partes, es la interpretación jurídica ajustada a la realidad social y establece un precedente, es decir, marca una trayectoria, una pauta de cómo aplicar una máxima jurídica, y muchas veces la labor pretoriana se adelanta al legislador.

 En el caso dominicano, el amparo nace de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, años antes de que el legislador lo consagrase en una legislación especial.

 Por ende, el derecho es una ciencia que evoluciona a la par de su sociedad y cumple con los requerimientos de la misma por medio de los fallos de sus magistrados, quienes hacen que el derecho sea una ciencia “dúctil”, como señala Zagrebelsky, es decir, flexible y útil para responder estos requerimientos de esa imagen cambiante y compleja, multifacética, que denominamos sociedad.

(*) Abogado egresado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Especialista en Derecho Público por PUCMM-RSTA y Máster en Derecho concentración Derecho Administrativo por Universidad de Palermo (UP). Catedratico de la Universidad Naciona Pedro Henriquez Ureña (UNPHU). Actualmente labora en el Poder Judicial Dominicano. 

Notas:

[1] Tomo 6, p. 902, vigésimo segunda edición, año 2001
[2] Jurisconsultos romanos
[3] Código Civil Art. 4.- El juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia; 76-02 Art. 23.- Obligación de decidir. Los jueces no pueden abstenerse de fallar so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni demorar indebidamente una decisión.
[4] Constitución 2010. Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1)     El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2)El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3)               El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;  4)El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;5)Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;6)Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;7)Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;8)Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9)Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10)Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
[5] Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes:…4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.
[6] Código Procesal Penal Art. 24.- Motivación de las decisiones. Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

Forma de citación sugerida: SAVIÑON PORTORREAL, Néstor Juan. Jurisprudencia como Fuente de Derecho. 18 de noviembre de 2014. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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Encuentro Jurídico no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus colaboradores. Así mismo, se reserva el derecho de edición y publicación de los escritos recibidos. Queda prohibido reproducir total o parcialmente su contenido sin autorización previa, expresa y por escrito del Consejo Directivo o la persona de su Director. Derechos Reservados © 2014.

29/8/2014

Del Derecho litigioso al Derecho Preventivo


Por Aníbal Mauricio*

Tradicionalmente los conceptos de Derecho y de litigio van de la mano, de tal manera que en el ideario popular no se concibe el ejercicio de la abogacía sin acudir a los tribunales. De allí surge el concepto mismo de Derecho litigioso, definible como el derecho material que es objeto de disputa en un juicio; abarcando también el conjunto de normas sustantivas y procedimentales propias del litigio.

Hasta tiempos recientes, la práctica común había sido acudir al auxilio del profesional del Derecho o a la justicia jurisdiccional con posterioridad al surgimiento del conflicto. Pero hoy en día acudir a un proceso litigioso suele involucrar el agotamiento de considerables cantidades de tiempo y de dinero.

Así pues, la necesidad ha provocado el surgimiento de vías alternativas al litigio, tales como los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y el Derecho Preventivo.

Dentro de los MASC se encuentran la negociación, la conciliación, el arbitraje, entre otros. A pesar de las múltiples ventajas que tienen frente a la opción litigiosa, guardan en común con esta última el hecho de que se acude a ellos con posterioridad al surgimiento del conflicto y que implican la inversión de cuantiosos recursos económicos y de tiempo.

Aquí entra en escena el Derecho Preventivo, que puede definirse como el conjunto de actuaciones legales debidamente acompañadas de asesoría jurídica especializada, tendentes a prevenir situaciones de conflicto, de violación de normas y los procesos litigiosos.  El Derecho Preventivo es pues un concepto de construcción cotidiana y permanente aplicable a cualquier entorno de la vida social tanto en lo público como en lo privado.

Cabe mencionar que la debida orientación y consulta legal previa así como la adecuada instrumentación de los actos jurídicos previenen conflictos, preservan relaciones y evitan desgastes innecesarios de los escasos recursos de tiempo y de dinero.

Por las razones expuestas, consideramos que el Derecho Preventivo si bien no sustituirá al litigio o a los MASC, seguirá un desarrollo constante y exponencial hasta convertirse en una práctica habitual, la cual requerirá de abogados especializados en dicha área precautoria.

(*) Abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático de las escuelas de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo.

Forma de citación sugerida: MAURICIO, Aníbal. Del Derecho litigioso al Derecho Preventivo. 29 de agosto de 2014. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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31/7/2014

La discriminación laboral en República Dominicana


Por Juan Francisco Rosario Gratereaux* 


El derecho laboral es un conjunto de normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y empleados, así como las relaciones de ambos con el Estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, para la producción de bienes y servicios.


Es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen como finalidad la tutela de los trabajadores regulando las relaciones entre los sujetos de la relación laboral: trabajadores, empleadores, sindicatos y Estado.

En la República Dominicana la reglamentación del trabajo tiene su origen en diversas fuentes, tanto de carácter público, como son la ley, los tratados internacionales y la Jurisprudencia, como de carácter privado, como los usos y costumbres, los pactos colectivos y reglamento interior.

La Discriminación ocurre en todo tipo de contexto laboral. Son muchas las formas en que se manifiesta, y la misma entraña un trato desigual por diversas razones, como lo son por ejemplo, la raza, el color, el sexo, entre otras, lo cual genera un deterioro en la igualdad en las oportunidades de empleo y el trato que se le da a cada trabajador. Este fenómeno, coarta a las personas en su capacidad de desarrollarse y de escoger y realizar sus aspiraciones profesionales y personales, sin importar que tanto se destaquen en las mismas, provocando que las personas dejen de sentir gratificación por el trabajo y se genera un sentido de humillación frustración e impotencia.

La misma puede ocurrir desde la descripción de los requerimientos para determinado tipo de trabajo que aparecen en los avisos de empleo, en la selección, evaluación, contratación y despido del personal de una empresa, en los términos y condiciones de empleo, así como también en la remuneración, la participación en los beneficios, y en las decisiones sobre quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se brinda, en la elección de a quién se tiene en cuenta y selecciona para los promoción a mejores posiciones dentro del empleo, y quien se dejara cesante en los casos en que la empresa deba recurrir a una reducción de personal. Son muchas las formas en que puede manifestarse.

La Discriminación es una realidad en la que se vive a diario en nuestro país. Los trabajadores dominicanos son objeto, dentro de su vida cotidiana, a exclusión por razones como el nivel de sus estudios, su nivel social o posibilidades económicas, por razones de sexo, de edad, de raza, e incluso por la discapacidad que puedan presentar.

Uno de los mecanismos que más han servido para la regularización y el combate contra el fenómeno de la Discriminación Laboral, ha sido la Jurisprudencia. Los casos que se han suscitado en nuestro país sobre problemas de discriminación hacia determinadas personas dentro de su ambiente de trabajo, los cuales han llegado hasta los Tribunales de la República, y han servido para sentar precedentes al respecto del tema de la discriminación, como por ejemplo la última sentencia de la tercera sala laboral de fecha 18 de Junio de 2014 bajo el número único 336-2013-00388, la cual recomendamos su lectura, en vista que marca un presente histórico para los trabajadores con VIH y sus derechos.

En el país se ha iniciado el reordenamiento de la política social del Estado, con lo cual se persigue una mayor focalización de poblaciones especialmente vulnerables y una eficientización del gasto social.

La solución, por tanto, de los problemas inherentes a la discapacidad o cualquier otro objeto discriminatorio, no es sólo individual y requiere también cambios en los entornos inmediatos (hogar, escuela, centros de trabajo, establecimientos comerciales, etc.), en las estructuras sociales formales e informales existentes en la comunidad (transporte, comunicaciones, seguridad social, políticas laborales, etc.), y también cambios en las normas, criterios y prácticas que rigen e influyen en el comportamiento y en la vida social de los individuos. El enfoque correcto, por tanto, supone actuar simultáneamente sobre las personas y sobre los entornos donde estas personas viven.

Un estado que no garantice los derechos de sus trabajadores no es un estado, para lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses.

Todo ser humano tiene acceso a la igualdad el cual es un derecho fundamental, intrínseco de todo individuo, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Tenemos derecho a tener igualdad en la protección, el tratamiento y las obligaciones ante el Estado, el país y la comunidad en la que vivimos.

Son muchos los factores que influyen en la Discriminación laboral, y que la propician, y diversas las formas en que se manifiesta dentro del ámbito laboral. Pero, sobre todo, en lo que podemos concluir es que la Discriminación Laboral, no es más que una flagrante violación al Principio de la Igualdad.

(*) Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social por la misma casa de estudios.

Forma de citación sugerida: ROSARIO GRATEREAUX, Juan Francisco. La discriminación laboral en República Dominicana. 31 de julio de 2014. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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7/7/2014

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR


Por Juan Francisco Rosario Gratereaux*


Cuando buscamos la denominación del derecho al consumidor encontramos que se da al conjunto de normas emanadas de los poderes públicos destinada a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones.

Las normas dirigidas a proteger a los consumidores tienen el extraño privilegio de ser la rama más antigua y, a la vez, más moderna de lo que hoy se conoce como el área de Derecho de la Competencia. Ciertamente, podemos rastrear el origen de algunas normas de protección al consumidor al antiguo Derecho Romano. Por ejemplo, en el Digesto de Justiniano se distingue entre el que a sabiendas, o con ignorancia, vendió ganado enfermo o un madero defectuoso. El primero, nos dice Ulpiano, el que “sabiéndolo se calló, y engañó al comprador, habrá de responderle de todos los perjuicios que el comprador hubiere experimentado por aquella compra”.

El 19 de septiembre del 2005, fue un paso de avance para el ordenamiento jurídico de nuestro país, en ese año salió una ley moderna pero sobre todo protectora de los consumidores la cual es conocida como la ley General de Protección de los Derechos del Consumidor 358-05, la misma crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR), quien es el encargado de velar por el respeto a los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Como toda ley tiene un objeto y esta es establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean derecho público o privado, nacional o extranjero. La misma trajo grandes trasformaciones, ya que les confiere una gran gama de derechos que sirven de protección al consumidor, esto podremos verlo específicamente en el artículo 33 de la ley.

La verdad es que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR) ha traído grandes avances uno de los más notables fueron aquellos que antes parecían “Utopías”, en las que nosotros los pequeños consumidores nos veíamos en un limbo jurídico, ante el abuso de las grandes empresas, todo esto cambio y podemos verlo ante los grandes avances que ha venido dando esa institución protectora, como son con las regulaciones de la publicidad engañosa, así como “los contratos de adhesión abusivos, la obligación de firmar contratos de servicios por determinado tiempo y otras irregularidades.

Sería absurdo no reconocer que la ley 358-05 sirve de garante y que la misma ha beneficiado a los consumidores, pero también han planteado nuevos retos para la sociedad en su conjunto. Hoy las decisiones se toman con menor tiempo, con cantidades importantes de información que deben ser procesadas y asimiladas con una dinámica que era inimaginable hace unas décadas, como sucede por ejemplo en los casos del comercio electrónico. Los consumidores se benefician de la leal y honesta competencia, pero también enfrentan nuevos riesgos y problemas que la sociedad civil tiene que resolver.

Es que no cabe la menor duda que los derechos de los consumidores se han convertido en un tema de gran actualidad. El desarrollo económico, la apertura de mercados, la globalización y la competencia han reforzado la posibilidad de que los consumidores puedan elegir y satisfacer sus necesidades. La tecnología trae mejores productos, la calidad se convierte en una consigna para toda empresa que se precie de ser competitiva, y la mayor competencia nos trae mejores precios y oportunidades.

La calidad no depende sólo de quien produce, depende tanto o más de quien compra. Si los consumidores desean productos de mayor calidad, pueden reflejar esta expectativa a través de sus decisiones de consumo. En otras palabras, en el proceso competitivo, los consumidores pueden “premiar” con sus preferencias a aquellas empresas que sepan satisfacer mejor sus necesidades, lo que a su vez conllevará a que los proveedores mejoren sus estándares y reduzcan sus precios. En ese contexto, el problema de los derechos de los consumidores es un tema que involucra el desarrollo económico de un país.

Soy de los que humildemente pienso y eso trato de extérnaselo a nuestros queridos lectores que el desarrollo de un país no depende sólo de la calidad de sus empresas, sino también de la calidad de sus consumidores. Consumidores exigentes generan empresas exigentes consigo mismas.

(*) Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social por la misma casa de estudios.

Forma de citación sugerida: ROSARIO GRATEREAUX, Juan Francisco. LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR07 de julio de 2014. Disponible en: www.encuentrojuridico.com 
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14/5/2014

Opinión del Director: Yeni Berenice Vs. Cristo Cristo y la fragilidad de la institucionalidad dominicana

www.elnacional.com.do

Por Aníbal Mauricio*

El conflicto entre la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso y la Jueza de la Instrucción, Margarita Cristo Cristo, con relación a una supuesta parcialidad al conocer la petición de nulidad de un proceso en contra de Víctor Díaz Rua, se ha convertido en noticia de portada de los principales medios de comunicación del país y comidilla entre los profesionales del Derecho y auxiliares de la justicia. 

Independientemente de los hechos y los argumentos jurídicos que sustentan la posición de cada una de las abogadas, la situación ha dejado entrever la penosa fragilidad de las instituciones públicas dominicanas. Y este hecho debería llevarnos a una profunda reflexión con miras a trabajar en ello. 

Recuerdo estar estudiando la licenciatura en Derecho un par de años después de la entrada en vigencia de la Ley 76-01 Código de Procedimiento Penal Dominicano (CPP) y la explosión de actividades académicas relativas a la formación en torno a las novedades que la misma conllevaba. Era reiterado el comentario de los más versados al afirmar que se trataba de una de las más avanzadas legislaciones en la materia en toda Latinoamérica pero que su éxito estaría supeditado a que existiesen las herramientas necesarias para hacer efectivo lo allí contemplado, entre estas, la colaboración interinstitucional de todos los actores involucrados. 

La colaboración o cooperación interinstitucional entre las instituciones del Estado constituye un principio inherente al establecimiento de un verdadero Estado democrático y de derecho, pero lamentablemente nuestra realidad administrativa ha propiciado conductas contrarias a este deber que han terminado por convertir dicho elemento esencial en un simple concepto teórico-idealista.

Dentro de los principios de la administración pública enunciados en el artículo 138 de la Constitución Dominicana de 2010 se encuentra la colaboración; de igual forma la Ley No. 242-12 Orgánica de Administración Publica, establece en su art. 12 num. 4, el principio de coordinación y colaboración, declarando que las actividades que desarrollen los entes y órganos de la Administración Pública deberán orientarse al logro de los fines y objetivos de la República, para lo cual coordinarán su actuación bajo el principio de la unidad de la Administración Pública. 

Así pues, en nuestra hermosa quisqueya podremos seguir propiciando innumerables modificaciones y reformas legales sin conseguir con ello sustanciales logros y avances pues de nada nos sirve una fruta que a la vista es hermosa pero por dentro está seca. 

Ojala que el choque entre las juristas sirva como fuente de reflexión en torno a este tema fundamental sobretodo en momentos en que precisamente se avista un periodo de agitada producción normativa por parte de nuestro Congreso.


(*) Abogado e internacionalista. Fundador y Director de Encuentro Jurídico. Catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

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7/5/2014

La interpretación errónea de la Suprema Corte de Justicia sobre la interposición del Recurso de Revisión por Causa de Fraude

Por Iván Kery*

El proceso madre que se conoce por ante la Jurisdicción Inmobiliaria, lo es el saneamiento, ya que mediante este proceso de orden público es que se registran por primera vez  las propiedades inmobiliarias, de ahí la importancia de conocer las vías recursivas que el legislador estableció en la ley 108-05, sobre registro inmobiliario, para poder impugnase.

Una de las vías recursivas exclusiva de la Jurisdicción Inmobiliaria, lo es el recurso de revisión por causa de fraude, el cual según el artículo 86 de la Ley 108-05, no es más que la acción mediante la cual se impugna una sentencia, que el interesado considera fue obtenida fraudulentamente durante el proceso de saneamiento, este recurso puede realizarse dentro del plazo de un año a partir de la emisión del certificado de título.

En este orden de ideas, nos sorprende bastante, como nuestro más alto tribunal la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de fecha 6 de julio del año 2011, estableció que el recurso de revisión por causa de fraude debe ser introducido conforme al procedimiento establecido para las litis sobre derechos registrados y seguir el trámite previsto en el artículo 30 de la ley 108-05, sobre registro inmobiliario.

Según nuestro más alto tribunal, el impúgnate debe depositar la instancia contentiva del recurso en la secretaria del tribunal y luego depositar en la misma secretaria la constancia de haber notificado dicho recurso dentro de la octava franca, todo esto según nuestro Tribunal Supremo, por lo establecido en el artículo 199 del reglamento de los tribunales de tierras.

Esta interpretación de la Suprema Corte de Justicia, es totalmente errada, ya que confunden la forma de apoderamiento de las litis sobre derechos registrados y el recurso de revisión por causa de fraude, el cual se hace de manera inversa y la ley prevé las formalidades propias del mismo.

En este sentido el artículo 88 de la Ley 108-05, obliga a la parte recurrente a notificar previamente la instancia contentiva del recurso y luego depositarla en la secretaria del Tribunal, veamos: “La instancia para conocer de este recurso debe ser notificada previamente, por acto instrumentado por un ministerial de la jurisdicción inmobiliaria, a las personas contra las cuales se dirija el mismo (…)”.

Como se observa, la legislación inmobiliaria es clara al establecer que primero se notifica el aludido recurso y luego como es lógico se deposita el acto de notificación y el recurso en la secretaria del tribunal, en consecuencia no es aplicable el plazo de la octava franca previsto en el artículo 30 de la ley 108-05, ya que cuando se deposita el recurso de revisión por causa de fraude en la secretaria del tribunal, es porque ya se ha notificado.   

Es preciso aclarar que las disposiciones contenidas en el artículo 88 de la ley 108-05, es una condición de inexorable acatamiento, máxime cuando las leyes de estirpe procesal como lo es la ley 108-05, son de orden público al igual que el proceso recursivo y en consecuencia de obligatorio cumplimiento.

Hacemos la aclaración de que nunca una disposición reglamentaria estará por encima de las disposiciones contenidas en la ley, como ha sucedido en el presente caso donde la Suprema Corte de Justicia colocó por encima del artículo 88 de la ley 108-05, las disposiciones contenidas en el artículo 199 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Consideramos importante la presente aclaración, ya que nuestro más alto Tribunal, puede crear confusión entre nuestros togados, a la hora de interponer este recurso, ya que han confundido el procedimiento con el proceso, el cual si es igual al de las litis sobre derechos registrados, con relación al conocimiento de las audiencias. 

Aquí la transcripción de las motivaciones dadas por la Suprema Corte de Justicia: “Considerando, que contrariamente a lo expuesto, la recurrente no cumplió con las formalidades establecidas por la ley para dar validez a su demanda en Revisión por Causa de Fraude, porque según consta en el fallo impugnado el tribunal revela, que al examinar la documentación del expediente, y la instrucción de este recurso, ha comprobado que de acuerdo al texto del artículo 199 del Reglamento de los Tribunales Inmobiliarios, el presente recurso debió ser introducido conforme al procedimiento establecido para las litis sobre Derechos Registrados y, sin embargo, la recurrente no dio cumplimiento, en el plazo legalmente establecido, al trámite previsto en el artículo 30 de la Ley núm. 108-05; que, tal y como lo ha invocado la parte recurrida, la recurrente debió depositar en la secretaría del tribunal, dentro de la octava franca, la constancia de haber notificado la instancia en su condición de parte recurrida y/o demandada; que en el expediente no figura documentación alguna que permita comprobar el cumplimiento de la citada formalidad procesal; Considerando, que en tales condiciones, el recurso de casación de que se trata debe ser rechazado;” (Sentencia de fecha 6 de Julio del año 2011. B.J. NO. 1208. JULIO 2011).

*Abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Magíster en Derecho Inmobiliario por la misma alta casa de estudios. 

Forma de citación sugerida: KERY, Iván. La interpretación errónea de la Suprema Corte de Justicia sobre la interposición del Recurso de Revisión por Causa de Fraude. 07 de mayo de 2014. Disponible en www.encuentrojuridico.com 
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10/4/2014

Opinión del Director: Los votos disidentes en los tribunales colegiados


Por Aníbal Mauricio*

Recientemente varios medios de comunicación y periodistas de nuestro país se han dado a la tarea de criticar el voto disidente emitido por las magistradas Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez en la controvertida sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano. Ante esto cabe preguntarse ¿es sancionable el voto disidente? ¿Es una figura que desnaturaliza el procedimiento y la homogeneidad de la decisión de los tribunales?

Empecemos por definir qué se entiende por voto disidente. El voto disidente es una situación de excepción que se presenta en algunos tribunales colegiados, "circunstancia que se presenta durante la deliberación, consistente en que uno o varios jueces en minoría no están de acuerdo con la resolución definitiva del caso"[1]. Al tratarse de una situación de excepción debe existir una norma especial que faculte a los jueces del tribunal colegiado de que se trate a ejercer este derecho bajo ciertas condiciones específicas.

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución nacional de 2010 y posteriormente del Tribunal Constitucional, tal como se explica en el Headrick de la ENJ (headrickenj.org) nuestra legislación sólo contemplaba el voto disidente en materia penal (Art. 333 del C.Pr.Pen.), en materia inmobiliaria (Art. 14 del Reg. Trib.Sup.T. y Jur.Orig. mod. por Res. No.1737-2007), en materia electoral (Art. 33 Ley Org. Trib.Sup.Electoral) y en los casos de recursos de inconstitucionalidad por iniciativa jurisprudencial.

La Constitución dominicana de 2010 introduce en su artículo 186 la facultad de que los jueces del Tribunal Constitucional emitan un voto disidente motivado dando a conocer su desacuerdo sobre la decisión adoptada por la mayoría. El texto indica que "(…) los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada". De su lado, el artículo 30 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece que "(…) los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido".

En respuesta a la primera interrogante podemos concluir en que los votos disidentes no son sancionables en virtud de que no existe disposición alguna que así lo contemple. Se trata pues de una facultad excepcional, expresa y voluntaria que debe acogerse en caso de que la norma que la faculta lo indique a los requisitos que ella exprese, tal como en el caso del Tribunal Constitucional dominicano donde la Ley No. 137-11 indica que deben ser motivados.

Queda pendiente la respuesta a la segunda interrogante. Consideramos que los votos disidentes no son una traba al procedimiento ni desnaturalizan el principio de unidad de criterios u homogeneidad de la sentencia, pues su aplicación existe en materias de alto interés público, nótese que actualmente en nuestro país aplica en materia penal, inmobiliaria y constitucional, no así por ejemplo en materia civil donde prima el interés privado.

Vale observar también que el voto disidente es una práctica común en los tribunales colegiados especializados de otros países a nivel mundial y de la mayoría sino de todos los tribunales internacionales. El uso de esta facultad resulta común en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, cuyas opiniones minoritarias por vía del voto disidente han sido tema de interesantes debates, fuente de doctrina e incluso han influenciado reformas en los sistemas jurídicos internos y las legislaciones internas.

Consideramos pues que el voto disidente y su motivación representan un factor importante en la transparencia a la hora de impartir justicia, influyen de manera positiva en la doctrina y en el debate jurídico y pueden significar un referente trascendental a la hora de variar criterios jurisprudenciales. Recordemos que el Derecho no es letra muerta sino reflejo de la vida misma que se transforma constantemente.


(*) Fundador y director de Encuentro Jurídico. Abogado e internacionalista. Catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).



[1] http://headrickenj.org/wiki/index.php?title=Voto_Disidente

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